La Fiscalía Anticorrupción ha decidido archivar de plano la denuncia que el PP de Madrid presentó contra una empresa ligada a la familia del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por cobrar ayudas públicas de manera supuestamente irregular. Los investigadores descartan cualquier tipo de ilegalidad en la concesión de estas ayudas a la empresa Playbol, ligada a los padres de Sánchez, y acusan con dureza al PP de Madrid de buscar una “investigación prospectiva de corte inquisitivo” con sus peticiones.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció una batería de denuncias en Anticorrupción después de que este mismo organismo abriese una investigación sobre las ventas de mascarillas por las que su hermano cobró comisiones y que han sido recientemente archivadas. Una de estas denuncias tenía que ver con la concesión de ayudas públicas a Industrias Plásticas Playbol, empresa a la que Playbol había vendido su maquinaria en 2018 aunque manteniendo la propiedad de las naves industriales.
La Fiscalía Anticorrupción no detecta ningún tipo de irregularidad ni en esa operación ni tampoco en las ayudas públicas y créditos concedidos a la empresa. Las acusaciones de la denuncia que firmó el diputado Alfonso Serrano, dice Anticorrupción, está “huérfana de una mínima base indiciaria”. Eso prohíbe, dice la Fiscalía, poner en marcha más diligencias o presentar una denuncia porque eso llevaría al “terreno vedado de las investigaciones prospectivas de corte inquisitivo”.
También explica que la denuncia no aporta ninguna prueba sobre la supuesta participación del Presidente del Gobierno en un inexistente trato de favor. “Nada aporta acerca de la intervención que pudiera haber tenido el Presidente del Gobierno”, dice el escrito de Fiscalía. Ni sobre el Presidente ni tampoco sobre otros miembros del ejecutivo.
El vicepresidente del Ejecutivo madrileño, Enrique Ossorio, ha expresado este miércoles su “total respeto a las decisiones judiciales”. El también consejero de Educación de Ayuso ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que si el grupo parlamentario popular consideró oportuno que se investigara ese contrato, así como el resto que están pendientes de resolverse, fue porque previamente la izquierda había instado a la Fiscalía a investigar los de la Comunidad de Madrid y no porque tuvieran indicios para ello.
“Nosotros éramos conscientes de que habíamos cumplido estrictamente la ley y nos encontramos que los grupos parlamentarios de la izquierda instan a la Fiscalía a investigar esos contratos, sabiendo nosotros que era escrupuloso lo que se había hecho. Por tanto, si nuestros contratos son investigados por la Fiscalía, contratos que ha hecho la administración del Estado, que nosotros ahí sí que no sabemos cómo los habrán hecho, y yo no pondría la mano en el fuego, pues si los nuestros que lo habíamos desarrollado con la máxima pulcritud, la Intervención, la Cámara de Cuentas, son investigados, pues que sean investigados todos”, ha justificado tras este primer revés.
Varios contratos denunciados
La Fiscalía todavía tiene pendiente pronunciarse sobre otras denuncias presentadas también por el PP contra otros contratos y ayudas públicas a empresas supuestamente relacionadas con miembros del Gobierno. Las diligencias abiertas afectaban a otros seis contratos de seis empresas que, según el PP, fueron favorecidas por el ejecutivo por sus conexiones con algunos de sus miembros: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, FCS Select Products, Member of the Tribe, Weihai Textile Group import & export co, Hyperin grupo empresarial y Páginas Amarillas Soluciones Digitales, ahora Beedigital.
En algunos casos, según la denuncia del PP basada en informaciones periodísticas, había empresas relacionadas con el exministro José Luis Ábalos, con el exministro Salvador Illa y con la ministra Nadia Calviño, entre otros. Está por ver qué decisión toma Anticorrupción en torno a estos otros contratos que también denunció el partido de Isabel Díaz Ayuso para contarrestar la ofensiva legal sobre el contrato por el que su hermano Tomás cobró comisiones al vender material sanitario a la Comunidad de Madrid, igualmente archivado.
En este caso, la denuncia anunciada por Isabel Díaz Ayuso y presentada sobre el papel por Alfonso Serrano cuestionaba las 15 ayudas económicas que, según afirmaba, había recibido la empresa Industrias Plásticas Playbol. Tres de ellas proceden de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) por valor de 300.000 euros y el resto del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un millón de euros.
Después de pedir documentación a estos organismos y a la Intervención General del Estado (IGAE), la Fiscalía concluye que la empresa cumplía con los requisitos necesarios para pedir y recibir estas ayudas públicas y estos avales. El papel del ICO, explica por ejemplo el escrito de Anticorrupción, se produce con posterioridad a la concesión de ayudas y “al margen del ámbito político al que el denunciante pretende llevar estas operaciones”. El ICO, añade, no ha detectado ninguna anomalía o irregularidad desde esta concesión.