Barcelona, 24 nov (EFE).- El Govern de la Generalitat, que pide a los centros educativos no aplicar la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obliga a impartir un 25 % de las asignaturas en lengua castellana, espera el apoyo del Gobierno central para no ejecutar la sentencia, mientras que el PP ha pedido aplicar el artículo 155 en el ámbito educativo.
El TS no ha admitido el recurso de casación que la Generalitat presentó contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba al Govern garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo en el 25 % de las materias, por lo que este fallo pasa a ser firme.
Según ha afirmado hoy el conseller de Educación, Josep González-Cambray, debe ser el Ministerio de Educación quien inste a la ejecución de la sentencia, algo que cree que no ocurrirá tras la conversación mantenida ayer con la ministra Pilar Alegría.
El conseller ha dicho que la ministra le habría trasladado que “desde el Ministerio emplazarán a que se cumpla la Lomloe”, en la que “se dice que en las comunidades con dos lenguas cooficiales se debe garantizar el aprendizaje de ambas al acabar la etapa obligatoria”, lo que ya “estamos haciendo en Cataluña”.
Pero el Gobierno ha aclarado que no tiene “la más mínima duda” de que las administraciones cumplen “siempre” las sentencias, han dicho a EFE fuentes del Ministerio de Educación.
El Ministerio no puede intervenir en este asunto, y la Alta Inspección educativa, dependiente del mismo, “no tiene capacidad de vigilancia sobre las comunidades autónomas, tal y como recoge una sentencia del Tribunal Constitucional”, han añadido las fuentes.
Desde Palma de Mallorca, el presidente catalán, Pere Aragonès, ha exigido al Gobierno central que defienda y proteja el catalán en Cataluña y ha aseverado: “El catalán en la escuela no se toca”.
Ha querido ser “clarísimo” en su defensa del modelo de inmersión lingüística en catalán, que “ayuda a la cohesión social del país y la igualdad de oportunidades”.
Mientras que Cataluña forme parte del Estado español, ha argumentado, la defensa del catalán en la escuela “también” es una responsabilidad del Ejecutivo español.
En paralelo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado que “corresponde al propio órgano sentenciador darle el impulso a la ejecución” y, por tanto, será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que en un plazo de dos meses pida al Govern que cumpla la sentencia y ahí se verá cuál es su respuesta.
Mientras, el conseller de Educación, Josep González-Cambray, ha enviado una carta a los directores de los 5.018 centros educativos catalanes en la que les anima a hacer caso omiso de la sentencia.
El conseller asegura en la misiva que la sentencia “es un grave ataque a los fundamentos del modelo de escuela catalana, realizado desde un tribunal alejado y desconocedor de la realidad, y les ha garantizado el ”amparo total“ de la Generalitat.
Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha instado al Gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución, solo para el ámbito educativo, si la Generalitat no cumple la sentencia.
En declaraciones durante la concentración convocada por policías y guardias civiles para protestar por la reforma de la llamada ley mordaza, Casado ha advertido al Ejecutivo y a Pedro Sánchez de que está “obligado a hacer cumplir las sentencias de los tribunales” y que, de no actuar, estaría “prevaricando”.
Por su parte, el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, no cree que dar una materia más en castellano ponga en “riesgo” el modelo de escuela catalana y el uso del catalán como lengua vehicular, algo que su partido defiende.
Desde la comunidad educativa en Cataluña, el rechazo a la sentencia ha sido unánime a la luz de reacciones como la de la plataforma Som Escola, que aglutina a unas 50 entidades del mundo educativo y que ha criticado la sentencia a la vez que ha anunciado movilizaciones para defender la lengua catalana en la escuela.
Por su parte, el sindicato de profesores USTEC-STEs que es el mayoritario en Cataluña, ha exigido a la Generalitat “máximo apoyo a los centros educativos y al profesorado para evitar que tengan que hacer cambios”.
Asimismo, CCOO ha lamentado la sentencia y la judicialización de la inmersión lingüística en Cataluña, mientras que UGT ha “afianzado una vez más su compromiso de lucha por la defensa del modelo de inmersión lingüística vigente y para pedir que se garantice su continuidad”.
Las entidades independentistas, ANC y Òmniun Cultural, han instado a desobedecer la sentencia, mientras que la presidenta de la asociación de maestros Rosa Sensat, Francina Martí, cree que la sentencia del TS “no tendrá recorrido”.
Por su parte, la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Cataluña se ha posicionado “a favor de la escuela catalana y en catalán”, ha instado a centros educativos y docentes a “seguir construyendo el modelo de escuela catalana” y ha pedido a la administración “garantizar y poner los medios para preservar el buen trabajo que se está realizando en todos los ámbitos educativos”.
En sentido opuesto, la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que ha tramitado las denuncias contra los modelos lingüísticos de varios colegios catalanes, ha afirmado que pedirá que se ejecute el fallo del Tribunal Supremo porque “no renunciaremos a nuestros derechos lingüísticos y toca cambiar el modelo educativo”.