El juzgado de Gandesa ha decretado el sobreseimiento provisional del caso de la fuga de partículas radiactivas que tuvo lugar en la central nuclear de Ascó en noviembre del año 2007 y que no fue comunicada hasta abril de 2008, informan fuentes judiciales.
El juez argumenta en un auto emitido el 21 de octubre pasado que no ha quedado suficientemente probado que la fuga radiactiva haya tenido efectos sobre la salud, la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente.
Durante los hechos, que tuvieron lugar el 26 de noviembre de 2007, se liberaron un millar de partículas radiactivas cuando finalizaba el proceso de recarga de la unidad 1 de la nuclear de Ascó.
Además, un operario derramó agua contaminada con las partículas cerca de una reja de aspiración del circuito de ventilación, que se acabó expulsando por las chimeneas hasta el exterior.
La Asociación Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV), propietaria de la central, no informó de los hechos al Consejo de Seguridad Nuclear hasta abril de 2008.
El incidente, calificado inicialmente de nivel 1 en la escala INES, fue elevado a nivel 2 por CSN por el “inadecuado control del material radiactivo y por proporcionar información incompleta y deficiente al organismo regulador”.
La interposición de una querella por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona supuso la apertura del caso, que llevó, en la fase de diligencias previas, a la imputación del que fue director de la central nuclear, Rafael Gasca; del exjefe de vigilancia radiológica, Francisco González; y del jefe de Explotación, Jordi Sabartés, así como de dos inspectores residentes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Manuel Oliva y Antonio García.
Se les atribuían presuntos delitos de ecológicos, contra la seguridad colectiva, la seguridad de los trabajadores y falsedad documental.
Diversas organizaciones ecologistas, entre las que se encuentran Greenpeace y Ecologistas en Acción, han presentado recurso contra el archivo porque las pruebas de radiación efectuadas sobre 2.300 personas que pasaron por la central tras el incidente -ninguna de ellas dio positivo- se hicieron meses después, cuando los efectos de una posible radiación ya habrían disminuido considerablemente.
Solicitan, además, que organismos y agencias internacionales especializadas hagan una valoración sobre los riesgos reales que supuso la fuga.