Ignacio González decidió, repartió y se quedó con la mayor parte de la mordida por comprar una empresa brasileña en 2013 por un valor muy superior al real. Así se desprende del testimonio de uno de los implicados, un directivo de la filial del Canal en Colombia, Diego García Arias, que ha confesado al juez Manuel García Castellón el reparto del botín: 1,8 millones de euros para él, el doble de lo que recibirían cada uno de sus cuatro compinches. En total, 5,4 millones de euros por haber gastado 21 millones de dinero público de la empresa de aguas madrileña en una sociedad brasileña que apenas costaba cinco.
Fue a principios de este mes de noviembre cuando una comisión judicial encabezada por el magistrado Manuel García Castellón viajó a Colombia para escuchar a García Arias. En una sala de la cárcel de La Picota, donde se encuentra recluido el arrepentido, los investigadores españoles escucharon un relato prolijo. El ‘hombre de los maletines’ de Inassa quería salir de la cárcel. Además de hablar se comprometía a devolver los 900.000 euros que le tocaron en el reparto del pelotazo, han informado a eldiario.es fuentes del caso.
Los otros beneficiarios habrían sido, siempre según su relato, el expresidente de Inassa y mano derecha de González, Edmundo Rodríguez; el íntimo del expresidente madrileño y delegado del Gobierno en Ceuta en tiempos de Anzar, Luis Vicente Moro; y el que fuera gerente general de la sociedad Triple A colombiana (participada al 67,9% por el Canal) Ramón Navarro Pereira. Todos ellos están investigados en la operación por el saqueo del Canal de Isabel II en tiempos del Gobierno autonómico del Partido Popular.
Durante el viaje a Colombia del juez García Castellón, el fiscal Carlos Yáñez y los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se recabó documentación que viaja en valija diplomática a Madrid con el fin de que se incorpore al sumario de la Operación Lezo. El objetivo principal de los investigadores ahora es recuperar ese dinero, desviado a través de empresas tapadera y cuentas en paraísos fiscales.
A pesar de que los fondos no han sido aún bloqueados, el juez García Castellón ha impuesto con posterioridad a la confesión fianzas a Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino, rebajando así la medida cautelar de prisión provisional en la que se mantenían desde el pasado abril.
En el auto en el que acuerda la fianza para González, de 400.000 euros a propuesta de Anticorrupción, el magistrado afirma: “Ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva en cuanto al posible manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá”.
El auto del juez ofrece más pistas sobre el estado de la investigación. Habla, por ejemplo, de una “estructura societaria creada por la organización indiciariamente oculta en terceros países, como Suiza, Luxemburgo, Liechestein o Reino Unido”, donde se ubica, “el dinero desviado”. Y añade que el “reparto de papeles” entre los investigados “facilita el retorno del capital oculto bajo la instrumentalización de préstamos, inversiones societarias, fondos de inversión o ampliaciones de capital en negocios con apariencia legal”.
Para esta vía de investigación resultó clave un viaje anterior de la comisión judicial a Colombia. En un apartamento de Rodríguez Sobrino se encontraron 262.000 euros en metálico y algo menos aparante, pero clave para los investigadores, documentación sobre transferencias que apunta a Suiza como destino de los fondos del pelotazo a través del empresario Sevastiao Cristovam.
El pasado mes de julio, Rodríguez Sobrino confesó al juez que guarda una cifra en Suiza similar a la que se refiere Diego García Arias y cuya procedencia es el pelotazo de Brasil. Según Rodríguez Sobrino, sus destinatarios eran él e Ignacio González. El expresidente de Inassa se habría comprometido a reintegrar el dinero y añadió que el expresidente de la Comunidad nunca llegó a recibir su parte. La defensa de González niega su implicación en esta trama.
Confesión en ‘La Picota’
La confesión en el penal colombiano de García Arias alcanzó tintes melodramáticos, según las fuentes consultas. El empresario adelantó a los miembros de la comisión judicial que les relataría cómo y cuándo comenzó a ser un corrupto. De González, García Arias aseguró que le había oído su preocupación por acumular dinero y sociedades antes de su jubilación.
Diego García Arias había pasado de viajar en coches de lujo blindados y escoltas al penal de La Picota en agosto pasado. Hasta ese momento había intentado seguir con su vida con normalidad, incluso acudiendo regularmente a su puesto de trabajo.
El 24 de agosto intentó volar a México tomando un avión en el aeropuerto de El Dorado de Bogotá. Sin embargo, al intentar embarcar saltó un código rojo de Interpol fruto de la reclamación de las autoridades españolas. Era el golpe definitivo al conocido como ‘hombre de los maletines’ para los investigadores, ducho en la práctica del soborno a las autoridades locales, según sospechan.
Documentación incorporada a la causa en la Audiencia Nacional apunta a que el pelotazo de Brasil se gestó cinco años antes de producirse. “Estamos estudiando la utilización de una sociedad uruguaya para operar en Brasil”, escribe Rodríguez Sobrino en un correo electrónico de agosto de 2008. Para la compra de la sociedad brasileña, el abogado Ignacio Mestre creó una sociedad uruguaya, a la que se dio apariencia de empresa que se ocupaba del negocio del agua.
Con esta operativa, Ignacio González y sus colaboradores reproducían un ‘modus operandi’ inaugurado por la Comunidad de Madrid en 2001, cuando Alberto Ruiz Gallardón era su presidente. En aquel año, el Gobierno del Partido Popular decidió ampliar la actividad del Canal de Isabel II a Latinoamérica y por ese sumidero fue desapareciendo el dinero público. La colombiana Inassa fue adquirida sin marco legal para ello y a través de un paraíso fiscal. La compra de esa sociedad está siendo investigada en la Operación Lezo. Una diligencia de investigación dictada por el juez Eloy Velasco evitó en noviembre pasado que los hechos por los que se investiga a Gallardón y otros miembros de su equipo quedarán prescritos.