El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado hoy por unanimidad la Ley de gratuidad de los libros de texto, que garantiza el establecimiento de un sistema voluntario de préstamo a partir del curso 2018-19.
La norma fue propuesta por Ciudadanos y ha sido completada con las enmiendas de los demás grupos parlamentarios, aprobadas durante su tramitación en la comisión de Educación y Deporte del Parlamento regional.
Con esta medida, Ciudadanos calcula un ahorro de entre 250 y 300 euros al año por cada alumno de Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica, con una inversión en el primer curso de en torno a 40 o 50 millones de euros que iría descendiendo en los años sucesivos.
El modelo se desarrollará mediante la creación de un banco de libros en “todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos”.
Según el articulado definitivo de la norma, los alumnos beneficiarios, a excepción de los “matriculados en primero y segundo de Primaria” o “escolarizados en centros públicos de educación especial”, tendrán que aportar los libros de texto utilizados durante el curso previo a la implantación del sistema para acceder al mismo.
La Comunidad financiará la adquisición de los materiales necesarios para poner en marcha la iniciativa “una vez descontados los ya aportados por los alumnos”.
La adhesión al sistema de préstamos será voluntaria y deberá solicitarse por los padres o representantes legales de los escolares.
Cada centro escolar podrá elegir los materiales a utilizar, tanto impresos como digitales, que no podrán ser sustituidos “durante un mínimo de cuatro cursos escolares, salvo en situaciones excepcionales”.
La propiedad de los libros corresponderá a la Administración educativa, que los cederá a los colegios e institutos para que puedan prestarlos a los alumnos.
Los estudiantes que pierdan o deterioren el material prestado de manera negligente estarán obligados a su reposición, aunque ello no conllevará la “pérdida definitiva del derecho a la gratuidad”.
En cada centro habrá una comisión dedicada a gestionar el banco de libros, mientras que en la Consejería de Educación se constituirá otra comisión “para el seguimiento y evaluación del sistema”.
La diputada de C's María Teresa de la Iglesia ha calificado de “histórica” una ley que responde a una “necesidad” de la “sociedad civil”, destinada “a todos los niveles de renta” y que es “esquemática” y “sencilla”, dejando al Gobierno regional “la capacidad de desarrollarla”.
La parlamentaria Beatriz Galiana (Podemos) ha apuntado que, pese al voto favorable de su grupo, habrá que ver “en qué queda” el proyecto, que deja un “papelón” en manos de Ciudadanos cara a los próximos presupuestos regionales.
Juan José Moreno (PSOE-M) ha defendido las enmiendas aportadas por su grupo para que la norma incluya “libros digitales” y mejorar las “consecuencias” del deterioro no doloso de los materiales, aunque se ha mostrado escéptico porque “no sabemos lo que cuesta poner en marcha la ley”.
Por último, el 'popular' Bartolomé González ha lamentado que no se hayan aceptado las petición del PP de realizar una “implantación progresiva” que comenzara por las familias con una renta inferior a la media.
Durante el curso 2017-18 se adoptarán “todas las medidas normativas, organizativas o de cualquier otra índole” necesarias para que el sistema sea operativo a partir del siguiente año lectivo.