La conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) eleva su enfrentamiento con el fiscal general del Estado. En esta ocasión, a raíz de la negativa de Álvaro García Ortiz a que el Consejo Fiscal realice el informe sobre la ley de amnistía que le reclama el Senado con el argumento de que carece de competencias para hacerlo. Ante esta decisión del fiscal general, la reacción de los seis vocales que tiene esta asociación en el máximo órgano asesor del fiscal general ha sido difundir un borrador de informe crítico con esa norma. El texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, dice que la ley es inconstitucional porque “supone la quiebra del principio de separación de poderes”.
La difusión de este borrador se produce después de que García Ortiz rechazara por segunda vez realizar el dictamen sobre la norma de olvido penal del procés que le había reclamado la Cámara Alta, donde el Partido Popular tiene mayoría. Su argumento es que el Consejo Fiscal —a quien corresponde aprobar informes sobre textos legislativos— carece de competencias para hacerlo en este caso.
Su criterio es que el Estatuto de la Fiscalía prevé la intervención de ese órgano para informar proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público. Pero, sin embargo, no tiene amparo legal para hacerlo en el caso de proposiciones de ley que emanan de los grupos parlamentarios, que es la vía utilizada para tramitar la amnistía, y que se encuentran en tramitación, como es el caso.
Los vocales de la AF, sin embargo, defienden que este argumento “no resulta comprensible” dada la “trascendencia” que esta ley puede tener para la carrera fiscal. Y han decidido por iniciativa propia elaborar un borrador crítico con la norma pactada por el Gobierno y los partidos independentistas. El texto fue remitido este lunes al resto de miembros del Consejo Fiscal. No obstante, las fuentes consultadas afirman que no tiene ningún efecto práctico y recuerdan que estos vocales no tienen la capacidad de imponer que el documento sea analizado por este órgano, pues el orden del día lo fija el fiscal general del Estado.
La difusión de este borrador es el último episodio de un enfrentamiento con el fiscal general que los miembros de la AF llevan meses alimentando. Entre otras cuestiones, han criticado su actitud ante el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts, que menciona el ‘lawfare’ o persecución judicial a dirigentes independentistas, y las críticas a los fiscales que ejercieron la acusación en el juicio del procés.
La realidad es que el Consejo Fiscal, con el voto de García Ortiz, amparó por unanimidad a estos fiscales y que el fiscal general firmó una declaración institucional en defensa de los miembros de la carrera. No obstante, rechazó pronunciarse sobre la amnistía y las críticas a jueces por parte de políticos de Junts porque, a su juicio, supondría “interferir” en el Poder Legislativo.
La AF es la misma asociación que en abril del año pasado invitó a una cena-coloquio en un hotel de Madrid a Núñez Feijóo, una cita que no estaba agendada entre sus actividades. Según desveló El País, fiscales con puestos de nivel en el Supremo como Antonio Narváez o Consuelo Madrigal aprovecharon ese encuentro para expresar su cercanía ideológica con el líder del PP y criticar al Gobierno por la “falta de democracia en los procedimientos legislativos” o por sus alianzas “con los filoetarras de Bildu”.
La cita soliviantó al Ejecutivo, que calificó de “gravísimo” un encuentro en el que algunos fiscales hicieron comentarios que chocan con el Código Ético de la carrera fiscal, que recuerda que los miembros del Ministerio Público “deben abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad”.
En los últimos años, la AF ha aumentado su dominio en el Consejo Fiscal. Sus nueve cargos electos son los que resultan más votados por todos los miembros de la carrera en unas elecciones abiertas. Tras los últimos comicios, resultaron elegidos seis vocales de esta asociación, dos de la Unión Progresista de Fiscales y uno de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.