Las asociaciones de jueces no se ponen de acuerdo sobre cómo hay que elegir a los vocales del Poder Judicial

Cambiar el sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sean elegidos directamente por los jueces. Es la condición que pone el Partido Popular para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que camina hacia los cuatro años con el mandato caducado. “Estamos dispuestos a cumplir las dos cosas (...). Renovar inmediatamente y reformar el modelo”, insistió el pasado jueves el vicesecretario de Política Institucional del PP, Esteban González Pons.

Los conservadores exigen un cambio legal que no promovieron durante sus dos mayorías absolutas y que también divide a las asociaciones judiciales. Las tres conservadoras defienden la elección corporativa —aunque con matices entre ellas— y sólo la progresista apoya el actual modelo. La visita a España del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, puso de nuevo el foco sobre este recurrente debate. Reynders insistió en que el sistema actual debe modificarse para “cumplir con la norma europea” y que los miembros judiciales sean directamente “elegidos por sus pares”. Es decir, por los 5.300 jueces que hay en activo. 

La ley actual establece que las Cortes Generales son las encargadas de designar, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a los veinte vocales del CGPJ. Cada una de las Cámaras –el Congreso y el Senado– elige a diez vocales: cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial. 

En el caso de estos últimos, son escogidos de una lista cerrada determinada por los propios jueces. Para entrar en esa lista es necesario tener el aval de 25 jueces o de una asociación judicial. Cada juez puede respaldar a 12 compañeros y cada asociación puede avalar también a 12. Este modelo es el que defiende el Gobierno al entender que “garantiza que los poderes del Estado emanen de la ciudadanía” al tiempo que respeta la participación de los jueces, que colaboran en la preselección. 

Las asociaciones de la derecha judicial rechazan este sistema por lo que consideran “sospechas de politización”, aunque tampoco se ponen de acuerdo en el modelo. La mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (1.331 asociados) propugna un modelo de “elección directa, mediante listas abiertas, con circunscripción nacional y sin restricciones de ningún tipo”, explica su presidenta, la jueza María Jesús del Barco. 

Esta organización defiende para la elección de los vocales judiciales el CGPJ un formato similar al de la Comisión de Ética Judicial. Se trata de un organismo independiente del CGPJ que está compuesto por un académico y seis miembros de la Carrera Judicial. Estos últimos son elegidos directamente por los jueces a través de un sistema de circunscripción única y mayoritario puro en el que cada juez puede votar a tantos candidatos como puestos deben cubrirse. Con este modelo, en las últimas elecciones, los miembros y exintegrantes de las asociaciones conservadoras coparon los principales puestos y se laminó la presencia de afiliados a asociaciones progresistas. 

Este sistema no convence a las otras dos asociaciones de la derecha, a las que se atribuye una tendencia más moderada: Francisco de Vitoria (837 asociados) y Foro Judicial Independiente (338 asociados). Ambas organizaciones presentaron el pasado verano una propuesta de reforma que promueve la “elección directa” de los vocales de procedencia judicial pero a través de un sistema que busca permitir que las minorías de la carrera también tengan representación en aras de la “pluralidad”. 

Así, proponen que cada elector pueda votar a un máximo de seis candidatos y que el voto sea “cualificado”. Es decir, que se asignen más puntos al primer votado que al segundo y así sucesivamente. Con su sistema podrían presentar candidaturas todas las asociaciones y también agrupaciones de electores y jueces a título individual que logren los avales fijados. Aunque no detallan el número de avales sí afirman que debe ser “un número que no impida la presentación de quienes aspiran a ser elegidos vocales”. Además, en cada candidatura completa debería presentarse, como mínimo, un magistrado del Supremo, un magistrado y un juez.

El juez Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Francisco de Vitoria, afirma que los estándares europeos aconsejan que los vocales jueces sean elegidos por sus pares, pero “siguiendo métodos que garanticen la representación más amplia del Poder Judicial en todos los niveles”. A su juicio, el modelo que propone la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) “no haría más que sustituir un mecanismo de injerencia por otro”, pues “lo único que garantizaría es que la lista mayoritaria o, a lo sumo, los dos mayoritarios consiguieran representación”. 

Fernández Vaquero sostiene que, a pesar de las listas abiertas, la pauta de voto que suele primar es la de la pertenencia a una asociación. “¿Cuántos compañeros pueden conocer a un juez de base para votar por él?”, dice este magistrado. Según su criterio, la consecuencia del sistema “sin restricciones de ningún tipo” que defiende la APM sería que “más de la mitad de los jueces se sentirán excluidos del CGPJ como ocurre ahora”. 

Sobre esta cuestión se pronunció el pasado viernes el presidente del CGPJ en funciones, Carlos Lesmes. Tras reunirse con Reynders, el también presidente del Supremo se mostró partidario de abrir “un procedimiento de reflexión y de reforma sobre el sistema de elección de los vocales” aunque alertó del riesgo de que, con ese hipotético nuevo modelo, “se trasladen ideológicamente bloques a través de las asociaciones judiciales”. “Entonces realmente no estaríamos arreglando nada”, aseveró. 

“Añadir factores correctores a lo que han elegido los electores no es una democracia plena. Queremos que salgan los más votados”, dice la jueza Del Barco. “Lesmes nunca ha tenido cariño por las asociaciones y el movimiento asociativo. Su opinión es la misma que la de [Alberto] Ruiz Gallardón, que hizo la peor reforma desde 1985. Con el modelo actual de los 25 avales te puede llamar cualquier político para que te presentes ya sabemos para qué”, añade la presidenta de la conservadora APM. 

La única asociación judicial que defiende el método actual es la progresista y minoritaria Jueces y Juezas para la Democracia (436 asociados). Este colectivo considera que la judicatura ya “participa activamente” en el sistema de elección. “Debe existir una relación entre el Poder Judicial y la soberanía popular, es la ciudadanía la que otorga al Poder Judicial su razón de ser”, afirma Edmundo Rodríguez, portavoz de esta organización. 

De elección corporativa a parlamentaria

Desde la entrada en vigor de la Constitución en 1978, los ocho vocales juristas han sido siempre designados por las Cortes. Sí ha cambiado la elección de los 12 vocales jueces. En 1980 fueron elegidos directamente por los jueces y magistrados. La APM era en ese momento la única constituida en el ámbito judicial y se hizo con los 12 puestos, aunque incluyó en su lista algún nombre progresista como el del juez del Tribunal Supremo Adolfo Carretero. También formó parte de ese CGPJ el progresista Perfecto Andrés Ibáñez. 

La elección parlamentaria de parte de los vocales del CGPJ se instauró en 1985, cuando el PSOE de Felipe González gobernaba con mayoría absoluta. En esa decisión pesó la composición conservadora de la carrera judicial y la voluntad de los socialistas de que la mayoría parlamentaria tuviera cierto reflejo en la estructura judicial. Alianza Popular —germen del actual PP— llevó la norma al Constitucional. El tribunal de garantías la avaló, aunque advirtió del riesgo de politización partidista. “Se corre el riesgo de frustrar la finalidad de la norma constitucional si las Cámaras (...) olvidan el objetivo perseguido y (...) atienden sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos”, señaló el Constitucional.

La actual fórmula mixta de elección de los vocales judiciales está vigente desde 2001, en virtud de un pacto suscrito entre el PP, que gobernaba entonces con mayoría absoluta, y el PSOE. El PP, que ahora defiende la elección directa por parte de los jueces, llevó a su programa electoral de 2011 la promesa de cambiar el modelo y que los jueces fueran elegidos directamente por los jueces. A pesar de gobernar con mayoría absoluta, esa propuesta quedó en un cajón. En 2018, el PSOE y sus socios tumbaron iniciativas del PP y Ciudadanos para cambiar el sistema parlamentario y conceder esa competencia directamente a los jueces a través de sus asociaciones.