Las organizaciones de víctimas del robo de bebés en España y varios colectivos de afectados por las adopciones irregulares, agrupados en la Coordinadora X-24, reclaman en sus misivas el “cumplimiento efectivo e inmediato” de la legislación y de las órdenes dictadas por jueces y magistrados, según han informado en un comunicado.
El vicepresidente de la Federación X-24, el abogado Enrique Vila, recuerda al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio María Rouco Varela, y a otras autoridades que las personas adoptadas “tienen derecho a conocer sus orígenes de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución y el 180 del Código Civil”.
EJERCICIO DE “HUMANIDAD Y CARIDAD”
“Desde hace años cientos de personas adoptadas han reclamado sin éxito a diferentes instituciones de la Iglesia los documentos que les pueden conducir a sus familias biológicas”, señala Vila, que asegura que “parte de sus responsables se niegan aún hoy en día a facilitar el cumplimiento de la Ley, y ni tan siquiera con órdenes judiciales entregan los datos de las mujeres que dieron a luz en sus instituciones”.
Para la Coordinadora, uno de los ejemplos más recientes se refiere a la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia. “Pese a que el pasado 16 de octubre un auto judicial obliga a sus responsables a entregar los datos de las madres biológicas de 21 personas, a fecha de hoy no se ha dado cumplimiento a la resolución judicial”, denuncia.
Vila, que también remitió la carta al Arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, recuerda que no se trata solo de cumplir las leyes y las órdenes judiciales, sino que “es un ejercicio de humanidad y caridad en los que ustedes deberían dar ejemplo, permitiendo que madres e hijos se reencuentren para agradecerse mutuamente la vida y el amor que naturalmente se profesan”.