La Audiencia de Murcia sitúa a un paso del banquillo a los dueños de la macrogranja que denunció 'Salvados'

El caso de la macrogranja de cerdos que denunció en 2018 el programa Salvados va camino de juicio después de que la Audiencia Provincial de Murcia haya estimado el recurso de Igualdad Animal contra el archivo que había decretado la jueza instructora. La asociación animalista solicitaba que se dictara auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para delitos castigados con menos de nueve años, por un delito de maltrato animal contra los propietarios, los cuidadores y la empresa que explota la granja.

En febrero de 2018, el programa de Jordi Évole en La Sexta ofreció un reportaje que incluía impactantes imágenes de las condiciones en las que eran criados cerdos en una macrogranja de la localidad murciana de Totana, que suministraba principalmente a la cárnica El Pozo, empresa que anunció entonces que dejaba de trabajar con la citada explotación. Igualdad Animal denunció los hechos y un juzgado de la localidad abrió una causa que se instruyó hasta el pasado 15 de noviembre, cuando la jueza María Soledad Ruzafa decretó su archivo al no detectar “maltrato animal, ni de manera activa, ni por omisión”.

La jueza Ruzafa alegó la declaración de la veterinaria encargada de la explotación en el sentido de que los responsables de la misma siempre cumplieron los protocolos establecidos y no pusieron objeción a los tratamientos que ella prescribía. También contó con la opinión del perito judicial, quien aseguró que de la observación de las imágenes no podía concluir que hubiera maltrato animal sino enfermedades de los cerdos y que además no podía ofrecer conclusiones cerradas por que todo lo que tenía para pronunciarse eran las imágenes del programa, sin haber visitado la explotación. 

Así las cosas, la jueza tuvo en consideración las opiniones del perito de la defensa, quien declaró que las imágenes con cerdos enfermos y con malformaciones se concentraban en un punto muy concreto de la explotación, que podría ser la enfermería o “lazareto”. Este veterinario, que declaraba de parte, añadió que las malformaciones por hernias son habituales en los cerdos, así como los casos de canibalismo por su condición de omnívoros. 

Igualdad Animal insistió ante la Audiencia Provincial que la situación de hacinamiento de los cerdos era evidente, que no podían moverse ni tumbarse y que las condiciones de higiene eran “lamentables”. El recurso remarcaba que las deformaciones por hernias de los cerdos evidenciaban enfermedades “irreversibles” que les producían “un sufrimiento innecesario y prolongado”, cuando deberían haber sido operados o sacrificados. La Fiscalía se sumó al recurso de la fundación. 

El artículo 337 del Código Penal castiga con penas de entre tres meses y un año al que “por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente [a un animal], causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual”. Tras el auto de la Audiencia Provincial, la jueza deberá dictar otro de pase a procedimiento abreviado, el último que las partes pueden recurrir antes de la apertura de juicio oral.

“Lo peor que he visto en mi vida”

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha estimado el recurso en un auto cuya ponente, Nieves Mihí, pone en valor el testimonio del cámara que grabó las imágenes de la granja ‘Hermanos Carrasco’, desmintiendo que éstas solo recogieran la enfermería y añadiendo que todos los animales, sanos y enfermos, estaban mezclados y que no había separación entre los cerdos. También describió contenedores con porcinos muertos cerca de las naves y llenos de gusanos. Javier Moreno, director de Igualdad Animal, reconoció haber participado en la grabación y declaró que era “lo peor que había visto” en su vida.

El perito judicial calificó al propietario de la granja Hermanos Carrascos como alguien “sin escrúpulos” y que la explotación debería ser cerrada por en encontrarse “en total estado de abandono”. Los animales que mostraban las imágenes, añadió, presentaban “lesiones compatibles con una situación de maltrato por omisión o negligente donde no se han tomado las medidas necesarias en el momento adecuado, encaminadas a evitar su sufrimiento continuado, siendo abandonados a su suerte hasta que muerend, siendo objeto de prácticas de canibalismo por parte de sus congéneres de corral”.

En el mismo sentido, la Audiencia Provincial destaca la declaración de la inspectora de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, realizada nueve meses después de la emisión del programa. La funcionaria denunció la sobreexplotación del recinto refiriendo el triple de muertes de las que deberían corresponder a la capacidad correcta. La inspectora confirmó a la jueza que no se pueden mezclar animales enfermos con otros sanos y que a los primeros es obligatorio proporcionarles tratamiento “preciso” y aislarlos “en alojamientos apropiados”.

El perito de Igualdad Animal sumó a todo ello la “mala praxis” detectada en la castración de los animales, describió hernias que arrastraban los cerdos por el suelo, muestras de canibalismo, presencia de animales muertos o moribundos entre los sanos. “Todo ello mantenido en el tiempo y con riesgo para la salud pública”, añade el auto.