La Audiencia Nacional ha dictado prisión sin fianza para un empresario español acusado de traficar con los conocidos como 'diamantes de sangre', con los que se financió la guerra civil de Sierra Leona. El juez, a petición de la acusación particular y con la opinión contraria de la Fiscalía, ha adoptado la decisión contra Manuel Terrén por el alto riesgo de fuga después de encontrar pruebas de que entre 1997 y 2002 este empresario “se lucró con la venta de diamantes” que le entregaban miembros del bando rebelde, piedras preciosas extraídas en las minas de Kono por esclavos.
La guerra civil de Sierra Leona arrancó al comienzo de la década de los noventa y a lo largo de más de una década las masacres del Frente Revolucionario Unido (FRU) dejaron decenas de miles de muertos además de dos millones y medio de desplazados. El grupo golpista financió buena parte de su guerra civil con la extracción de diamantes de las minas del país usando obra de mano esclava extraída de entre los civiles que secuestraban.
En 2021, una víctima de la guerra representada por los abogados Hernán Garcés y Juan Garcés, apoyados por la ONG Civitas Maxima, acudió a la Audiencia Nacional en Madrid apuntando a un empresario español que, según su versión, se habría lucrado de esta venta y tráfico de las piedras preciosas conocidas como “diamantes de sangre” por su papel en el conflicto bélico: Manuel Terrén.
Según la querella, el empresario compró a través de Orfund Group los diamantes del FRU para después usar una “fachada empresarial” en Liberia y poder venderlos en Amberes. Así conseguía sortear el principal obstáculo para la venta de los diamantes: el embargo y las restricciones de la ONU para evitar que la venta de diamantes financiara el baño de sangre de Sierra Leona.
La Policía detuvo a Terrén el pasado martes en la localidad malagueña de Coín y fue puesto a disposición del juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, quien decretó prisión provisional este viernes, según han informado fuentes jurídicas a elDiario.es. Terrén se encontraba en España pero, explica el magistrado, su “domicilio real” está en Brasil y una posible marcha a ese país complicaría el caso, no solo por la fuga sino por “las complejidades del procedimiento de extradición”.
Investigado por crimen de guerra
La querella atribuye al empresario delitos de lesa humanidad, en el marco del conflicto armado y organización criminal. El magistrado, en su resolución, duda de la lesa humanidad pero entiende que el tráfico de diamantes en plena guerra civil de Sierra Leona encaja, entre otros, en un crimen de guerra. La Fiscalía se había opuesto a su ingreso en prisión.
El juez, tras más de un año de investigación, explica que hay pruebas que permiten sospechar que Terrén “se lucró con la venta de diamantes que le eran entregados por miembros del FRU”. Diamantes de las minas de Kono “donde eran extraídos por trabajadores, forzados a trabajar en las minas por el FRU en régimen de esclavitud”.
Los diamantes de Sierra Leona eran vendidos en Europa por “otros colaboradores” del empresario, “haciéndolos pasar por diamantes extraídos de una mina sita en Liberia” de la que dos sociedades de Terrén llamadas Bluestone y Diandorra, según el juez, tenían los derechos de explotación. Así la facción golpista “conseguía burlar el embargo impuesto por las Naciones Unidas”. El empresario, siempre según el juez, “era plenamente consciente de la situación de quienes trabajaban en las minas y de las medidas impuestas por la ONU ante las evidencias de crímenes contra la humanidad que estaban siendo cometidos por el FRU”.
La querella fue presentada en nombre de una víctima del conflicto que, según el documento, “fue obligado a trabajar día y noche junto con otros 300 civiles, en condiciones inhumanas de vida, en las minas de Tombodu bajo control del FRU y así extraer los diamantes que luego serían introducidos en el mercado internacional”. Los diamantes que, según sospecha ahora el juez, este empresario español ayudó a comercializar.
Terrén, según el auto del juez, intervino como “cooperador necesario”. Mantener a miles de civiles como esclavos en las minas de Kono “solo tenía sentido” si él y otros empresarios compraban diamantes a cambio de armas para el FRU. Cooperador necesario de los secuestros pero “también de los crímenes de guerra” y el suministro de armas.
Entre otras pruebas, el juez destaca la comparecencia de testigos, algunos de ellos protegidos, dejando clara “la participación al máximo nivel” del empresario español.
En una nota difundida este sábado, la Policía explica que los agentes de la Comisaría General de Información han registrado una vasta finca de Málaga, residencia de verano del detendo. En ella se han incautado de documentación y dispositivos electrónicos que están siendo ahora analizados. El Ministerio del Interior celebra la colaboración que ha prestado en todo momento la policía brasileña.