La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular contra el archivo de la causa de Francisco Javier Monzón, expresidente de Indra, que decretó el instructor de Púnica, Manuel García-Castellón, con el argumento de que su cargo no implica que tuviera que conocer la financiación irregular del PP de Madrid en la que presuntamente participó la teconológica.
“Tras varios años de investigación nadie ha señalado ni ha aportado dato alguno relativo a que el señor Monzón de Cáceres tuviera conocimiento de la actividad delictiva objeto de investigación y ello pese a tener funciones ejecutivas”, resuelven tres magistrados de la Sección Cuarta, que rechazan todos los argumentos de Anticorrupción y de Adade, que ejerce la acusación popular, se había adherido al recurso de la Fiscalía y había presentado uno propio.
De este modo, los tres magistrados de la Sala, conservadores, se alinean con el instructor del caso, frente a la queja de Anticorrupción de que el archivo de la causa contra el actual presidente no ejecutivo de Prisa y Openbank (filial del Banco Santander) es prematura porque todavía quedan testigos por interrogar y la instrucción sigue abierta.
Vigilar lo que ocurría en Indra, dicen los jueces, es “obligación genérica, por imperativo legal (del presidente), pero ello no quiere decir que haya una atribución directa y objetiva de responsabilidad respecto de aquél que la ostenta, sino que, sobre esa premisa, debe investigarse si el responsable último de la entidad tuvo conocimiento de ella y tomó las medidas legales para que fueran investigadas”.
Los magistrados han estudiado los estatutos de Indra y han determinado que “no incumbe al presidente de la entidad sino al consejo de administración” velar por el correcto funcionamiento de la entidad y la actuación de sus empleados. Las fiscales del caso piensan, por contra, que “no se infiere ni de los estatutos ni de la forma en que la percibían sus altos directivos” que Monzón no tuviera esas atribuciones.
Los jueces insisten: “No es dable en derecho penal atribuir una presunta actividad penal por el simple hecho de ostentar la representación de un organismo o una entidad, sin examinar antes si hay datos de su concreta participación y de la existencia de culpabilidad derivada de un incumplimiento de la falta de adopción de unas medidas que traten de paliar ese riesgo”.
Una cuestión que, por contra, evitan estudiar Teresa Palacios, Carmen-Paloma González y Francisco Javier Martel son los argumentos para considerar prematuro el archivo porque, dicen, para eso está el juez instructor que es quien dirige los tiempos de la causa, pese a ellos ser la instancia a la que se recurren las decisiones de García-Castellón.
Una de las ramas del caso Púnica indaga sobre si Indra se convirtió durante los años de la Púnica en la Comunidad de Madrid en una herramienta para hacer llegar dinero de los gobiernos regionales de Esperanza Aguirre e Ignacio González a la financiación irregular del PP madrileño. En contraprestación, la tecnológica se vería “favorecida especialmente” en las adjudicaciones de la empresa pública ICM, que aglutinaba los servicios de informática de la administración y regional y llegó a manejar presupuestos anuales de 155 millones de euros. Monzón dirigió Indra entre entre 1992 y 2015.
Las fiscales defienden que la documentación que obra en la causa, las comunicaciones intervenidas e incluso el “reconocimiento de los hechos” por parte de alguno de los investigados y por parte de la propia Indra ha permitido conocer que dirigentes del PP han utilizado a la tecnológica como un “instrumento” de desvío de fondos públicos a través de ICM. No ven “verosímil” que estas supuestas actuaciones se llevaran a cabo sin el “respaldo, conocimiento y apoyo” del presidente de la entidad. Especialmente, en el contexto de una “relación de negocio” en la Indra facturaba a ICM unos veinte millones de euros al año.
En su escrito, las fiscales recuerdan que la investigación ha revelado indicios de que, bajo la presidencia de Monzón, Indra giró facturas a empresas que eran prestadoras de servicio del PP regional e incluso a sus propios dirigentes. Y que la tecnológica, siempre según las tesis de la Fiscalía, asumiría el pago de esta facturas “en correspondencia a la importancia y al gran número de contratos que acordaba con la Comunidad de Madrid por cuantías millonarias”.
El pasado octubre, en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional, Monzón se desvinculó de las supuestas facturas giradas por la tecnológica a empresas vinculadas a la trama y también negó la existencia de pagos en efectivo en la compañía. Remarcó, en este sentido, que las transacciones se realizaban habitualmente a través de transferencias bancarias.