El juez Diego de Egea, que investiga el conocido como caso Villarejo, ha decidido archivar la pieza que afecta al comisario Carlos Salamanca. El que fuera jefe de la Unidad Central de Fronteras fue detenido en la Operación Tándem, acusado de permitir la entrada en España de ciudadanos guineanos a cambio de comisiones.
Fue detenido el pasado 3 de noviembre y permaneció en prisión preventiva hasta que el juez decidió ponerlo en libertad a comienzos de marzo de este año, en contra del criterio de la Fiscalía. Según informan fuentes jurídicas, el magistrado ha decidido ahora decretar el sobreseimiento provisional la parte de la investigación que le afecta.
La Fiscalía, que le sitúa dentro de la organización criminal del comisario Villarejo, recurrirá la decisión a la Sala de lo Penal. Salamanca estaba acusado de los delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y delito contra los ciudadanos extranjeros. Fuentes de la acusación popular, que ejerce Podemos, adelantan que también recurrirán la decisión del juez De Egea.
Carlos Salamanca fue detenido en su despacho de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en el centro de Madrid, por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. El arresto se produjo el mismo día de la detención de José Manuel Villarejo. El arresto causó un gran revuelo en la Policía. En el momento de la detención, Salamanca era jefe de la Unidad Central de Fronteras.
La Fiscalía emitió un informe en el que relataba las actividades de Salamanca y de otro investigado entre los años 2012 y 2015, cuando supuestamente recibían dinero y regalos como relojes y coches de lujo a cambio de dejar que entraran ciudadanos de Guinea en España por el aeropuerto de Barajas. Salamanca era entonces el comisario jefe del aeropuerto.
La posterior regularización de su situación a través de las empresas de Villarejo. Según sostenía Anticorrupción, tanto Villarejo como Salamanca se valían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, “especialmente sensibles para la seguridad nacional”, para recibir “elevadas sumas de dinero y regalos suntuarios diversos”.
El juez, sin embargo, dice en su auto que “no existe un mínimo indicio revelador” contra Salamanca, su esposa y su hijo, también investigados. En la investigación, dice De Egea, no consta la identidad de ninguno de los ciudadanos extranjeros que pudieron haberse visto beneficiados por en las concesiones de visados, ni tampoco prueba documental sobre la expedición de esos visados en frontera sin el cumplimiento de los protocolos reglamentarios.
El juez no descarta que Salamanca recibiese “dádivas”, pero señala que no existen elementos suficientes como para considerar que lo fueran por su función policial o para que este comisario realizara un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo.
Tampoco hay pruebas, según el juez, de que “en atención a su puesto de trabajo, permitiría el circuito económico ilegal español de introducción en territorio nacional de fondos desconocidos de Guinea Ecuatorial, debido a que en ningún momento se ha identificado a persona extranjera que portara esos fondos dinerarios y que por el puesto fronterizo de responsabilidad del investigado Sr. Salamanca, los hiciera entrar en territorio nacional”.