La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía por delito de sedición por los hechos ocurridos en Barcelona durante los días 20 y 21. Tras la detenciones de altos cargos y durante los registros en sedes de la Generalitat, se produjeron concentraciones y manifestaciones “llevadas a cabo para impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes”, según apuntó en su escrito el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo.
La juez también ha acordado pedir a la Guardia Civil para que elabore un atestado sobre las actuaciones llevadas a cabo para impedir la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. En el auto, la jueza cree que los hechos descritos por el fiscal pueden encajar dentro del delito de sedición. En esa denuncia, el fiscal señalaba los líderes la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a Omnium Cultural.
Lamela recuerda que el bien jurídico que se protege es “el orden público entendido como la paz y tranquilidad en las manifestaciones externas de la convivencia ciudadana”, e igualmente protege el principio de autoridad entendido como el que la ciudadanía deposita en las instituciones para el ejercicio adecuado de las funciones que desempeña al servicio de una sociedad democrática y por tanto de la colectividad, una funciones que, añade Lamela, “quedarían en entredicho si fueran impedidas por la fuerza”.
Competencia de la Audiencia Nacional
Conforme al relato de hechos del fiscal, la finalidad última de las movilizaciones que expone en su denuncia era, según Lamela, “romper la organización del Estado”, por lo que atenta también contra la forma actual de Gobierno en España a qué se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula las competencias de la Audiencia Nacional.
La juez precisa que no todos los delitos de sedición con carácter general son competencia de la Audiencia Nacional sino que en este caso concreto, el delito de sedición puede atentar también contra la forma de Gobierno, al tratar de cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, lo que determina igualmente la competencia de la Audiencia.
En su denuncia, el fiscal se centró en los acontecimientos ocurridos en la sede de la Consellería de Economía, y señaló que “la planificación de estas actuaciones llegó al punto de contar con voluntarios que repartían bebidas y comida a los concentrados”. A las 20.20 horas, el líder de la ANC, Jordi Sánchez, se dirigió a los 40.000 concentrados para decirles “que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa”, apuntó el fiscal.
Para sortear esa concentración, la letrada de la Administración de Justicia tuvo que salir “ya de madrugada a través de la azotea del edificio”, mientras en la puerta de la Conselleria el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, pedía que la movilización no se detuviera.
Señaló también que “tres vehículos oficiales de la Guardia Civil fueron atacados por la muchedumbre, obligando a los agentes a refugiarse”.