La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una denuncia por delitos de sedición por los altercados en las concentraciones que se llevan produciendo en Barcelona y otras poblaciones a raíz del estallido de la operación contra cargos de la Generalitat responsables del 1-O. La denuncia señala a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a Omnium Cultural.
La denuncia hace un relato de los incidentes que se produjeron el pasado miércoles, y que comenzaron a las 11.00 horas en la Gran Vía de Barcelona, frente a la Consellería de Economía, donde la Guardia Civil había entrado para requisar documentación. Los allí concentrado cortaron la vía, señala el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, firmante de la denuncia.
“Individuos que no han podido ser identificados, aprovechando la situación, pues ya se encontraban unas 2.000 personas, pincharon las ruedas de diversos coches patrulla de la Guardia Civil ”, apunta el fiscal. En su denuncia, señala directamente a la ANC y asegura que sus voluntarios hicieron un cordón ante la puerta de la Conselleria de Economía, para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos.
El escrito se centra en los acontecimientos ocurridos en ese punto durante todo el día, y señala que “la planificación de estas actuaciones llegó al punto de contar con voluntarios que repartían bebidas y comida a los concentrados”. A las 20.20 horas, el líder de la ANC, Jordi Sánchez, se dirigió a los 40.000 concentrados para decirles “que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa”, apunta el fiscal.
Para sortear esa concentración, la letrada de la Administración de Justicia tuvo que salir “ya de madrugada a través de la azotea del edificio”, mientras en la puerta de la Conselleria el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, pedía que la movilización no se detuviera.
“Subido a un coche de la Guardia Civil con Jordi Sànchez llamaron a la 'movilización permanente' desde este jueves a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo”, añade el escrito. Mientras la comitiva judicial esperaba dentro de la Consellería, fuera “tres vehículos oficiales de la Guardia Civil fueron atacados por la muchedumbre, obligando a los agentes a refugiarse en el edificio de Hacienda”.
La Fiscalía menciona también los incidentes es Vía Laietana, en la sede de la Consellería los ataques a la sede del PSC, en la Conselleria de Exteriores, Governació y en la sede de la CUP, donde “se organizó una concentración para impedir por la fuerza la actuación de la Policía”.
Finalizado el relato, el fiscal señala que “la finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales”.
Hasta 15 años de cárcel
El Código Penal castiga en su artículo 544 con hasta 15 años de cárcel a quienes “se alcen pública y tumultuariamente” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”, o para “impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. La competencia para investigar estos hechos corresponde a la Audiencia Nacional, defiende el fiscal, que se acoge al Código Penal de 1973, vigente cuando se promulgó la Le Orgánica del Poder Judicial.
En este órgano existe un precedente reciente, del pasado mes de abril, cuando la Audiencia Nacional archivó una causa contra el concejal de la CUP en Vic (Barcelona) Joan Coma por un delito de incitación a la sedición. Se le investigó concretamente por llamar a la desobediencia durante un pleno de diciembre de 2015, en el que el consistorio mostró su apoyo a la proclamación del Parlamento catalán de inicio de la 'desconexión' de Cataluña con el resto de España.
Finalmente, el juez Central de Instrucción número 2 Ismael Moreno estimó que no se le podía atribuir sedición y decidió inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción de Vic (Barcelona) por posibles delitos de desobediencia y prevaricación.