La Audiencia Nacional determinó hace unos días que fuese Pablo Ruz, y no Javier Gómez Bermúdez, quien se quedase con la investigación de los papeles de Luis Bárcenas. La decisión la tomó la sección tercera con dos votos a favor de Ruz y un voto para Gómez Bermúdez. La medida ha levantado polémica dentro de la propia Audiencia porque en el camino se ha incumplido uno de los reglamentos más básicos de cualquier tribunal: las normas de reparto, que determinan quién debe decidir cada recurso o cada sumario. Estas normas de reparto son la clave para determinar qué sección era la adecuada para dirimir el conflicto entre ambos jueces.
La orden que llevó esta importante decisión a manos de la sección tercera la firmó el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska. Sin embargo, según sus propios argumentos y las normas de reparto de la Sala de lo Penal, no era la sección tercera quien tenía que haber dirimido entre Ruz y Gómez Bermúdez. La decisión debía haberla tomado la sección primera, teóricamente más favorable a Gómez Bermúdez.
Cómo funcionan las normas de reparto
El sistema de reparto que decide qué juez o qué sección se ocupará de cada caso se basa en un número del 1 al 9. Es complejo de entender, pero bastante simple en el fondo. Está diseñado, precisamente, para evitar la arbitrariedad en los procesos judiciales y que no haya manos invisibles que manipulen el tribunal que decida la suerte de un sumario.
Cada denuncia o querella que llega a los juzgados recibe un número de registro general. El último dígito de ese número es la clave: con él se reparte después la carga de trabajo entre los distintos jueces.
Cada sala tiene unas tablas de reparto, en función de ese último digito. Con ellas se determina qué sección juzgará cada caso y también quién decidirá si hay recursos, apelaciones o –como con los papeles de Bárcenas– cuestiones sobre qué juez es el competente. Las tablas son sagradas no solo porque sirven para repartir el trabajo, también porque evitan cualquier tipo de maniobra para dirigir un caso hacia unos jueces u otros.
Éste es el cuadro resumen con las normas de reparto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Cada sección está compuesta por entre tres y cinco magistrados.
Para el caso Bárcenas, afectan dos de estas tablas. La tercera, acerca de los “recursos de apelación de resoluciones de los Juzgados Centrales de Instrucción”, es la que decide qué sección debe pronunciarse respecto a cualquier recurso que presente la acusación o los procesados. Y también es relevante la primera tabla, acerca de los “Sumarios, procedimientos abreviados...”: es la que determina qué tribunal juzgará el caso una vez sea enjuiciado. Ambas son importantes porque, si una sección decide sobre la competencia de un juez, podría quedar contaminada su imparcialidad para después juzgar el caso o para responder a cualquier recurso.
El número de registro de la causa sobre los papeles de Bárcenas que instruye Pablo Ruz termina en 2, por lo que la sección que debía decidir sobre los recursos de apelación es la sección cuarta (según la tercera tabla). Si el caso llega a ser enjuiciado, el juicio le corresponderá a la sección segunda (según la primera tabla).
En cuanto al caso que llevaba Gómez Bermúdez, su número de registro termina en 7. Para decidir los recursos, el reparto le habría correspondido a la sección segunda. Y si hubiera continuado la instrucción, el juicio se habría celebrado en la sección tercera.
En resumen: la decisión sobre qué juez era el competente corresponde a la sección primera porque todas las demás podrían quedar contaminadas. Si Gómez Bermúdez hubiese llevado el caso, el juicio se habría visto en la sección tercera y los recursos en la sección segunda. Con Ruz, el juicio se tendrá que celebrar en la sección segunda y los recursos en la cuarta. Solo hay cuatro secciones, así que la única que quedaba libre en la Sala de lo Penal era, por tanto, la sección primera.
Inexplicablemente, el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, utilizó este mismo razonamiento para decidir qué sección debía decidir entre los dos jueces, pero llegó a conclusiones muy distintas. Aunque considera que hay que evitar “cualquier contaminación procesal que pueda afectar a la imparcialidad objetiva” del tribunal, su enumeración de las secciones afectadas no coincide con el de las normas de reparto. ¿La razón? Que Grande-Marlaska utilizó otra cifra en sus tablas: el número de procedimiento, en vez del número de registro general, como mandan las normas de reparto.
Según Grande Marlaska, las secciones que podrían quedar contaminadas eran la primera (juicio) y la segunda (recursos) con Gómez Bermúdez, y la segunda (juicio) y la cuarta (recursos) en el caso de Pablo Ruz. Su conclusión es que tiene que ser la tercera. Basta con repasar las normas de reparto para darse cuenta de que estas secciones no cuadran en ningún caso, sean cuales sean los números que se elijan. No hay dos dígitos que permita estas combinaciones. Es imposible.
Fuentes jurídicas consideran gravísimo este error de Grande-Marlaska, que abre la puerta a que las partes personadas en el caso –especialmente Izquierda Unida– puedan pedir la nulidad de esta decisión, lo que supondría que Gómez Bermúdez recuperase el caso Bárcenas hasta que la sección primera determine cuál de los dos jueces es finalmente quien debe investigar.
Durante la vista en la sección tercera, el pasado miércoles, los abogados de Izquierda Unida plantearon al presidente de esta sección, Alfonso Guevara, sus dudas sobre si se había cumplido correctamente con el sistema de reparto. Guevara lo denegó sin más. El comentario que más tarde añadió ante esa petición, según fuentes cercanas, fue taxativo: “Que acudan entonces al tribunal de derechos humanos”.
Este sorprendente incumplimiento de las normas de reparto es la enésima irregularidad en uno de los casos más politizados que se recuerdan, y donde las injerencias están siendo constantes. La propia apertura del caso por parte de Pablo Ruz fue anómala: por dos veces, tanto Ruz como la Fiscalía –que depende del Gobierno– aseguraron en sendos escritos que los papeles de Bárcenas no tenían conexión alguna con el caso Gürtel. Solo cuando Izquierda Unida presentó su querella, Ruz y la Fiscalía rectificaron su posición inicial y reclamaron la competencia. Fue el 1 de marzo: apenas unas horas después de que Gómez Bermúdez recibiese por sorteo esta querella de IU y abriese diligencias previas.
Tanto el fiscal general del Estado –Eduardo Torres Dulce, nombrado por el Gobierno– como el propio portavoz del PP en el Congreso –Alfonso Alonso– respaldaron en sendas declaraciones públicas que fuese Ruz, y no Gómez Bermúdez, quien llevase el caso Bárcenas. Gómez Bermúdez es considerado por el PP como un juez independiente y por lo tanto incómodo, a pesar de que perteneció a la Asociación Profesional de la Magistratura, de orientación conservadora.
En el PP, tal y como publicó eldiario.es, preocupaba que Gómez Bermúdez ordenase la entrada en prisión de Luis Bárcenas, una posibilidad que podía haber provocado una respuesta del extesorero, que aún mantiene en su poder documentos comprometedores para sus compañeros de partido.
El jueves 21 de marzo por la mañana, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llamó por teléfono al Consejo General del Poder Judicial interesándose por este caso. Pocas horas después, en otra decisión inédita, la sección segunda de la Audiencia Nacional, con el apoyo de la Fiscalía, bloqueó el interrogatorio que Gómez Bermúdez tenía previsto con Luis Bárcenas. Esa decisión ha provocado una querella por prevaricación contra los jueces que la tomaron.