La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) considera de “una extrema gravedad” las directrices que se dieron sobre las asociaciones de militares durante la última reunión de altos mandos de las Fuerzas Terrestres, y pide a la Fiscalía que actúe contra quien está vulnerando su derecho constitucional al asociacionismo.
En un comunicado, AUME se hace eco de la información publicada por eldiario.es sobre la reunión de altos mandos del pasado mes de octubre. En ella, el teniente general Juan Gómez de Salazar, jefe de las Fuerzas Terrestres, equiparó a las asociaciones militares con el riesgo de la infiltración del yihadismo, y ordenó que no debía haber representantes de estas organizaciones en las unidades militares.
AUME cree que esas manifestaciones son especialmente graves porque “se trata de poner en cuarentena el uso efectivo de un derecho fundamental amparado por la propia Constitución”. Recuerdan que este derecho está también amparado por la leyes que regulan las Fuerzas Armadas.
“Lejos de buscarse la protección de un derecho fundamental y sentar las bases para su desarrollo en libertad y protección del mismo, se puede estar vulnerando un derecho, por lo que entendemos que la Fiscalía debiera estar tomando cartas en el asunto”, continúa el comunicado.
Además de la posible actuación de la Fiscalía, AUME asegura que está estudiando emprender acciones legales tras conocer el contenido de la reunión de altos mandos. La asociación, mayoritaria en las Fuerzas Armadas, entiende que debe defender con “las herramientas” del Estado de derecho “su derecho constitucional al asociacionismo y al uso efectivo de este”.
Podemos dice que es “una actitud impresentable”
Desde Podemos, Julio Rodríguez, que ocupó el cargo de JEMAD al que aspira Gómez de Salazar, cree que su manifestaciones son “son intolerables e insultantes para los profesionales que en el libre ejercicio de sus derechos han decidido pertenecer a estas asociaciones”.
“A las dificultades que las asociaciones encuentran en las unidades para el desempeño de la labor establecida en la legislación vigente, se une esta ”estrategia del miedo“”, lamenta Rodríguez.
Para el exJEMAD se trata de “una actuación impresentable, ilegal e inapropiada”, que merece una respuesta del Ministerio de Defensa que vaya más allá de que se trata de una reunión de carácter interno. “Es una actitud impresentable, ilegal e inapropiada de un alto cargo y que debe ser denunciada y reprobada”, concluye Rodríguez.