El Congreso tumba una iniciativa conjunta de ERC, BNG y Amaiur sobre el derecho de autodeterminación
El pleno del Congreso rechazó este martes la proposición no de ley presentada conjuntamente por ERC, Amaiur y BNG en la que los tres partidos del Grupo Mixto reclaman el derecho de autodeterminación de Cataluña, Euskadi y Galicia y la convocatoria de un referéndum para su proclamación como Estados independientes. El debate puso en evidencia las fricciones políticas que hay entre ERC y CiU, cuyo portavoz, Jordi Jané, acusó a los republicanos de “tacticismo partidario” por traer al Congreso “unilateralmente” una propuesta sobre el derecho a decidir cuando el Parlamento catalán ha impulsado una iniciativa para la celebración de una consulta similar, pero dentro “del marco legal”, que ha sido “acordada y pactada” por una amplia mayoría de la Cámara autonómica.
La proposición no de ley contó con el rechazo frontal del PSOE, PP y UPyD y también, aunque por razones diferentes, de la Izquierda Plural, cuyo portavoz, Joan Coscubiela, diputado de Iniciativa per Cataluña, dejó claro que aunque su partido está a favor del derecho a decidir porque es parte de la libertad de cualquier pueblo, discrepaban con el fondo de la proposición “porque no ayuda a buscar consensos, al contrario, los dificulta”. “Para acordar estos procesos no caben unilateralismos”, dijo Coscubiela.
Los nacionalistas catalanes se abstuvieron. El portavoz de CiU, Jordi Jané, se mostró irritado con los dirigentes de ERC por traer hasta el Congreso una iniciativa que, según recordó, ha sido debatida y aprobada por el Parlamento catalán “que ya tiene su hoja de ruta” y que, además, contó con el apoyo allí de los republicanos. Jané también recordó que su partido ha dejado claro su deseo de no buscar confrontaciones con el Estado central por lo que se están buscando “las condiciones legales para poder ejercer el derecho a decidir” y “la convocatoria de una consulta acordada y pactada dentro del marco legal”.
En su propuesta, ERC, BNG y Amaiur, entre otras cosas, instan al Gobierno a que respete la convocatoria de un referéndum para decidir si los ciudadanos quieren la independencia si así lo deciden los Parlamento autonómicos o bien si lo pide un 20% del censo electoral de las últimas elecciones municipales.
Si la participación en dicha consulta superara el 50% de ese censo y una mayoría votase a favor, los Gobiernos autonómicos proclamarían la independencia de su nación. De lo contrario, continuarían formando parte de España, pero con los derechos y deberes que decidiesen.
Durante el debate, el portavoz de ERC, Alfred Bosch , sacó a relucir a Sánchez Camacho y su propuesta, que ha sorprendido en el propio PP, sobre financiación para Cataluña para poner en entredicho el talante dialogante del Gobierno de Rajoy. “Su especialidad no es el dialogo, no lo hacen ni con Sánchez Camacho que es su líder en Cataluña. Son ustedes el partido del veto y de la prohibición ”, dijo Bosch, que recordó que esta es la decimocuarta vez que traen una iniciativa similar al Congreso y todas han sido rechazadas. Bosch terminó su discurso preguntándo en catalán: “¿es tan difícil de entender que queremos votar, coño?”.
La diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, durante su intervención para defender la proposición no de ley, acusó al Gobierno de Mariano Rajoy su afán “recentralizador” del Estado y de imponer el “café para todos” pese a que Galicia, Euskadi y Cataluña son comunidades diferenciadas en matera competencial.
También Mikel Errekondo en nombre de Amaiur exigió al “Estado español” que respete “simple y llanamente” el deseo de Euskadi a decidir si quiere independizarse como ha ocurrido en Québec o en Escocia. “La sociedad ya ha empezado a recorrer ese camino y no les quepa ninguna duda que así será”, sentenció.
Emilio Olabarria, en nombre del PNV, anunció que su partido solo iba a apoyar parte de la proposición, pero pidió al representante de Amaiur que “no nos de lecciones de nada”, recordando que el PNV tiene una larga historia en defensa de la autodeteminación de Euskadi.
Los portavoces del PP y PSOE coincidieron en rechazaron de plano la proposición porque no entra en el encaje constitucional, mientras Carlos Martinez Gorriarán, de UPD, aseguraba que su redacción está basada en “falacias”, “mentiras” y “falsedades de tipo jurídico”.
