Ayuntamientos obligados a controlar el ocio nocturno o las reuniones familiares: “Nuestro trabajo se ha multiplicado y no tenemos un euro extra”

De desalojar fiestas ilegales o reuniones en las que hay más personas de las permitidas a disolver botellones o controlar que las mesas de una terraza están lo debidamente separadas. Pero también advertir a quienes fuman sin mantener una distancia de dos metros, sancionar por no llevar la mascarilla en la vía pública e incluso controlar que los pacientes que tienen que estar en cuarentena no se la salten. La COVID-19 ha aumentado las obligaciones de los ayuntamientos, cuyas policías locales son las encargadas de hacer cumplir las medidas contra la pandemia que decretan los gobiernos autonómicos. 

Los entes locales son las instituciones más cercanas a los ciudadanos y por eso su labor es esencial para difundir las restricciones relacionadas con el virus, velar por su cumplimiento y prevenir situaciones de riesgo. Es lo que les toca por reparto de competencias. Pero esta situación está saturando sus servicios, reconocen varios alcaldes a elDiario.es. Han tenido que poner a los agentes a hacer horas extra, con el consiguiente impacto en las finanzas municipales; y muchos se han visto obligados a pedir ayuda a voluntarios e incluso a solicitar la colaboración de otros cuerpos como la Guardia Civil, especialmente en los pueblos. 

“Los ayuntamientos hemos sido los grandes olvidados de esta crisis”, se queja Jorge Azcón (PP), alcalde de Zaragoza, una de las ciudades en las que más rápido se multiplicó la transmisión del virus tras el fin del estado de alarma y en la que están en vigor desde finales de julio medidas como el cierre obligatorio de bares y terrazas a medianoche, la prohibición del botellón o la limitación de las reuniones a diez personas, entre otras.

Además de dar cauce a estas restricciones, la policía municipal también colabora junto al Gobierno de Aragón en un dispositivo para controlar que las personas con PCR positiva están cumpliendo la cuarentena en sus domicilios. Las policías locales de otras ciudades como Madrid, Valencia o Marbella también participan en el seguimiento de las personas que tienen que estar aisladas tras haberse infectado por el virus. 

¿Cómo se llega a todo? “Una parte muy importante es a costa de no hacer otras cosas”, reconoce Azcón, que asegura que la recaudación por multas de circulación y aparcamiento se ha reducido de manera muy notable. “Nos dedicamos a regular el tráfico, pero las sanciones que se ponen han caído sustancialmente, lo que unido a otras cuestiones como la caída de la facturación en el transporte público tiene un impacto económico brutal en las arcas municipales”. “Pero es que el control de las medidas es solo una parte. Tenemos que desinfectar las calles, multiplicar las ayudas sociales y los cheques de alimentación… y todo eso sin haber recibido ni un euro extra”, se queja Azcón. 

En localidades como Arteixo (A Coruña), donde este fin de semana entraron en vigor nuevas restricciones como el cierre del interior de los bares, que solo pueden servir en terrazas o la limitación a cinco de las personas no convivientes que pueden reunirse, su alcalde, Carlos Calvelo (PP), asegura que se han “duplicado los esfuerzos” con el pago de horas extra los policías locales. “El concello de Arteixo tiene 94 kilómetros cuadrados en 139 núcleos de población. Es más complicado de controlar”, asegura. 

El alcalde afirma que han tenido “refuerzos” de la Guardia Civil, de la policía autonómica y de funcionarios de la Consellería de Sanidade e insiste también en la “responsabilidad individual” para hacer frente a la pandemia. “No podemos poner un policía en cada local”, señala. El pasado viernes, en una entrevista en Radio Coruña, Calvelo se quejó de que no tenía medios para hacer cumplir las restricciones, especialmente por las noches y criticó que la Xunta no ofreciera a los concellos ayuda económica y material. 

Un 40% más de intervenciones

En la localidad alicantina de Jávea, los datos muestran de forma muy clara cómo se ha multiplicado el trabajo de la policía local: sus intervenciones se han incrementado en un 40% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta un total de 5.356 en lo que llevamos de año. Su alcalde, José Chulvi (PSOE), reconoce que el Ayuntamiento ha tenido que hacer modificaciones de crédito para poder pagar las horas extra de los agentes. En los últimos días se han incorporado ocho policías a una plantilla de alrededor de sesenta que el regidor reconoce que sigue siendo “muy corta”. 

“El verano siempre es un momento complicado porque nuestra población se multiplica por cuatro. Y este año lo ha sido más. La Generalitat Valenciana nos ha ayudado con personal que controla el aforo en las playas, pero hemos tenido que contratar a una empresa para vigilar los accesos. También hemos tenido que invertir en acondicionar los colegios a la nueva realidad de la COVID-19 y hemos ampliado el contrato de limpieza de estos centros”, afirma. Chulvi considera que la flexibilización de la regla de gasto que permitió a los ayuntamientos invertir hasta 300 millones de euros de su superávit en cuestiones relacionadas con la COVID-19 fue un “balón de oxígeno”, pero reclama que los ayuntamientos tengan “más capacidad de decisión” sobre sus finanzas. 

Uno de los frentes que tiene abierto el Gobierno es precisamente el decreto sobre cómo los ayuntamientos ahorradores pueden gastar el superávit que tienen en los bancos y que asciende a cerca de 14.000 millones de euros. El conflicto entre el Ejecutivo y los alcaldes sigue empantanado a la espera de una fórmula que les permita hacer uso de esos remanentes casi un mes después de que Pedro Sánchez y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, rubricaran un acuerdo que solo contaba con los votos favorables de los alcaldes socialistas y la abstención del representante de Unidas Podemos en la FEMP rompiendo el tradicional consenso que imperaba en este organismo. Solo el PSOE —y con algunos alcaldes muy enfadados en sus filas— respalda el decreto.

La gestión de las medidas anti-COVID-19 no solo ha tensionado a los ayuntamientos de grandes urbes o municipios medianos. La semana pasada la presidenta de Baleares, Francina Armengol, se reunió con los alcaldes de los municipios pequeños de Mallorca, que le transmitieron su preocupación por tener que vigilar el cumplimiento de las nuevas medidas decretadas por el Govern —reducción de los aforos de bares y restaurantes al 50%, limitación de reuniones a diez personas, cierre de prostíbulos…— precisamente por la falta de recursos de Policía Local en muchas de esas localidades. 

Uno de los regidores que estuvo en esa reunión es Nadal Torres, alcalde de Valldemossa, un pueblo de apenas 2.000 habitantes situado en plena sierra de Tramontana que ve incrementar su población los meses de buen tiempo. “Hacemos todo lo posible, pero el trabajo del Ayuntamiento se ha multiplicado. No podemos controlar que toda la gente que viene a ver la puesta de sol guarda las distancias o que se cumplen los aforos de los locales de restauración. Tenemos ocho policías locales en plantilla, de los que tres están de baja”, dice Torres, que agradece la “labor impagable” del cuerpo de Protección Civil y de los voluntarios. “La gente del pueblo saca los tractores y nos ayuda a desinfectar las calles y a lo que haga falta”, asegura. 

“Estamos desbordados”

Los profesionales son los que sufren de manera directa esa mayor carga de trabajo que ha traído la COVID-19. “Estamos desbordados”, asegura José Francisco Horcajo, policía municipal en el distrito de Carabanchel (Madrid), precisamente una de las zonas del sur de la capital con más incidencia del virus. “No damos abasto. Si en una noche antes tenías 20 o 25 comunicaciones ahora son 40 o 50. La emisora hace la selección y al final se dejan cosas sin hacer porque no llegamos”, asegura. 

Entre las tareas más habituales está el control de aglomeraciones, especialmente de grupos de jóvenes que se reúnen sin mascarillas, pero también de aforos en el interior de locales de hostelería y en terrazas. “En ocasiones son los propios vecinos los que nos avisan”, dice Horcajo. Desde este lunes, los 3.000 parques y jardines que hay en Madrid cierran entre las 22.00 y las 06.00 horas con el fin de evitar “concentraciones en las que se producen contagios”, informó la semana pasada el Ayuntamiento de Madrid. 

“Mucha gente lo hace bien y cumple las normas, pero siempre hay excepciones”, dice José Ángel Moreno, agente en Valencia y responsable de Policía Local de UGT en la Comunitat Valenciana. Moreno también reconoce una mayor carga de trabajo, que vincula con el control de las medidas anti-COVID-19, que se han incrementado precisamente en los meses de verano, cuando las plantillas están más ajustadas por las vacaciones. “En Valencia se ha reforzado especialmente las zona de la playas y el centro de la ciudad durante los fines de semana para evitar fiestas ilegales”, señala. A su juicio, la nueva “prueba de fuego” será la apertura de los colegios, donde los agentes también intentarán evitar que se produzcan aglomeraciones en las entradas y salidas de los menores.