Esta Semana Santa, hay polémica de banderas. Mientras unos piden explicaciones por ondear a media asta la bandera por motivos religiosos, otros exigen que se retiren las banderas republicanas de al menos 32 municipios españoles, que las sacaron para conmemorar el 86º aniversario de la II República.
Hasta 19 localidades han colgado la bandera republicana en las fachadas de los consistorios. El portavoz de Independientes por Paiporta (Valencia) y numerosas delegaciones del Partido Popular han reaccionado llamando a la guardia civil e incluso a la policía nacional, argumentando que la exhibición de estas banderas vulnera la normativa vigente.
Efectivamente, el artículo 3.2 de la Ley 39/1981 establece: “La bandera de España será la única que ondee y se exhiba en las sedes de los órganos constitucionales del Estado y en la de los órganos centrales de la Administración del Estado”.
Lo que no contempla la legislación actual son las plazas, glorietas y otros espacios públicos. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz ha ordenado al ayuntamiento la retirada de la enseña tricolor de la Plaza de la Constitución. Ya el año pasado, en el contexto de esta misma conmemoración, la bandera izada en la fachada del consistorio gaditano provocó una reacción similar.
En la localidad leonesa de Ciñera, la junta vecinal instalaba ayer la bandera republicana en la entrada del pueblo para ver como la guardia civil la retiraba casi inmediatamente después. El ayuntamiento madrileño de Pinto, que ha izado la bandera morada el 8 de marzo y promete izar la del Orgullo Gay o el Día Contra el Cáncer de Mama cuando corresponda, ha izado la tricolor en una rotonda, provocando la ira del Partido Popular.
Otros ayuntamientos se han curado en salud ideando alternativas a la bandera. Lugo, por ejemplo, ha proyectado los colores de la bandera republicana sobre la muralla romana. El gobierno de Zaragoza ha levantado una pancarta en el balcón principal que dictaba 'Verdad, Justicia y Reparación. Sin Justicia no hay memoria' en recuerdo del incumplimiento de la totalidad de la Ley de Memoria Histórica.
En el caso de Pamplona, la Mesa y la Junta del Parlamento de Navarra habían decidido en un pleno que mostrarían la tricolor en la fachada de la cámara foral. Pero no pudieron llevarlo adelante porque el Tribunal Superior de Justicia de Navarra resolvió en contra del acuerdo por no tratarse de una enseña constitucional.
Por su parte, la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana envió una carta el lunes 10 de abril a todos los municipios valencianos para avisar de que, en caso de colocar la bandera tricolor, se tramitaría un contencioso judicial por su ilegalidad. El delegado del gobierno, Juan Carlos Moragues, se basa en la sentencia de 2015 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que establece: “no cabe alterar los símbolos externos y representativos de cada institución deliberadamente evocadora de otro régimen político”.