Siete ayuntamientos reclaman 2.000 millones de euros más para el Plan Nacional de Vivienda

Los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Cádiz, Santiago de Compostela, A Coruña, Valencia y Zaragoza han reclamado hoy que se dote al Plan Nacional de Vivienda de 2.000 millones de euros más para 2018 y que, así, se equipare la inversión con el resto de países europeos.

Los concejales responsables de Vivienda de estos ayuntamientos, denominados del cambio, se han reunido hoy con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, para exigir una mayor inversión en el Plan Nacional de Vivienda y denunciar los recortes en este ámbito que, según ellos, harán que en 5 años las políticas públicas de vivienda desaparezcan.

En declaraciones a los medios en el Ministerio de Fomento, en Madrid, Gómez-Pomar ha subrayado el “alto contenido social” que tiene el Plan de Vivienda y el “dilatado” proceso para recoger sugerencias y propuestas que se ha hecho desde diciembre de 2016.

Sobre la demanda de 2.000 millones de euros de los ayuntamientos para este plan, Gómez-Pomar ha explicado que todavía no hay una cifra cerrada y que habrá que esperar al Presupuesto General del Estado de 2018 para tenerla.

En este sentido, ha recordado que las competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas y que el Estado se limita a apoyarlas a través del Plan de Vivienda.

Sin embargo, la concejal de esta rama del Ayuntamiento de Valencia, María Oliver, ha señalado que considerar la vivienda como “un mercado y no como un derecho constitucional”, como lo hace el Plan Nacional de Vivienda, según ella, es un “error de fondo”.

Los consistorios también han pedido al Ejecutivo que el gasto en vivienda se sitúe en el 1,5 por ciento del PIB en un plazo de 10 años, lo que permitiría, a su juicio, que España se equiparase al resto de Europa.

A este respecto, han reprochado al Gobierno el escaso parque público de alquiler y que España sólo tenga el 2,5 por ciento de vivienda de asequible, mientras que en Austria o Reino Unido se sitúa en el 24 por ciento y el 17 por ciento, respectivamente.

También han propuesto a Gómez-Pomar cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para alargar la duración mínima de los contratos de 3 a 5 años y que, así, se evite el aumento indiscriminado de los precios.

Sobre este asunto, el secretario de Estado de Infraestructuras ha opinado que el plazo mínimo obligatorio de arrendamiento ha funcionado de manera “correcta” desde que se fijó en 3 años y que “nada impide que quien quiera arrendar una vivienda celebre un contrato a 5, 10, 15 o 20 años”.

Ha afirmado que la reforma de la Ley de Arrendamientos ha permitido que éstos aumentaran “desde algo menos del 20 por ciento de 2011 a mas de un 22 por ciento de la fecha actual” y, frente a las demandas de los consistorios para reformar la normativa hipotecaria, ha señalado la “importante” caída en el numero de desahucios.

Una postura que no ha compartido el concejal responsable de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, que ha reivindicado una reducción de los precios del alquiler para garantizar el derecho a la vivienda a las familias que la necesitan.

“La rehabilitación de las viviendas es una de las vacunas a esta burbuja del alquiler y hay que entrar a regular alquileres para evitar que esta subida de precios masiva impida el derecho a la vivienda”, ha criticado.

Así, el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Josep María Montaner, ha interpretado tras la reunión que el Ministerio no ha aceptado “grandes cambios”, pero que se iban a estudiar las propuestas aportadas por los consistorios.