El debate sobre el supuesto fraude de la pareja de Ayuso está zanjado desde mucho antes de que el caso saltase a los periódicos. El 2 de febrero fue el propio Alberto González Amador el que confesó por escrito su evasión de impuestos a la Fiscalía: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. En un correo electrónico el comisionista, que había amasado dos millones de euros como intermediario en la venta de mascarillas y guantes durante los meses más letales de la pandemia, asumió que había defraudado al fisco y se mostraba dispuesto a pactar una condena antes de que el informe de la Agencia Tributaria llegase al juzgado vía denuncia de la Fiscalía.
La presidenta de la Comunidad de Madrid que había respondido a las primeras publicaciones de elDiario.es exculpando a su pareja y denunciando una supuesta confabulación de “todos los poderes del Estado” contra ella permanece muda desde el miércoles. No es habitual en una política con esa hiperactividad. Esa mañana tras la celebración de un Consejo de Gobierno en Leganés había dicho que todo es mentira tras cargar contra Pedro Sánchez, la Fiscalía, Hacienda y los medios de comunicación no afines. Durante la rueda de prensa en la que aceptó tres turnos de pregunta sobre el escándalo de su pareja llegó a decir que era Hacienda quien debía 600.000 euros a Alberto González Amador.
Ya por la noche su archiconocido jefe de gabinete y estratega, Miguel Ángel Rodríguez, hizo un movimiento fatal. Tras varios días despachando a los periodistas con el argumento de que nada de lo publicado afectaba a la Comunidad de Madrid y después de amenazar e insultar por escrito a elDiario.es, Miguel Ángel Rodríguez filtró un correo electrónico a El Mundo e hizo ver al periódico que tenía en sus manos la pista definitiva sobre la confabulación de “los poderes del Estado” contra Ayuso que había desvelado la presidenta.
El Mundo presentó en su portada digital y en la de papel el último email de una conversación entre el abogado del comisionista y el fiscal del caso como si fuera el primero de la serie. El periódico, como luego harían otros medios que también recibieron el mensaje de Rodríguez esa misma noche, dio a entender que la oferta para que Alberto González Amador se declarase culpable había partido del fiscal que lo investigaba. Los whatsApps de Rodríguez apuntaban algo más: que pese a la voluntad del fiscal del caso por llegar a un acuerdo, fueron sus superiores en la Fiscalía quienes habían frustrado ese acuerdo. “Órdenes de arriba”, escribió Miguel Ángel Rodríguez a algunas redacciones que consideraba afines: “todo sucio”.
Nada de eso era cierto. La maniobra de MAR motivó una respuesta poco habitual en el ministerio público. A todos los medios que llamaron para preguntar si esas informaciones eran ciertas, tal como hicieron elDiario.es y otras redacciones que desconfiaron de la mercancía que estaba vendiendo el asesor de Ayuso, el Ministerio Público envió una nota de prensa con la cronología de las comunicaciones entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal que acabó presentando denuncia contra él. Mientras El Mundo y buena parte de los periódicos que hicieron caso a los mensajes de Rodríguez publicaron que la oferta del fiscal de pactar una conformidad se había producido en cuanto elDiario.es desveló su fraude, el mismo 12 de marzo, la nota de la Fiscalía desvelaba que fue mes y medio antes cuando Alberto González Amador se dirigió al fiscal y confesó los delitos para buscar un acuerdo que le evitase el juicio.
La Cadena Ser publicó el mismo jueves de madrugada el contenido del correo, definitivo para la campaña que trataban de poner en marcha Ayuso, Rodríguez y algunos medios afines. No habían transcurrido 24 horas desde que la presidenta había denunciado la confabulación de “todos los poderes del Estado” contra su pareja, y veía la luz un correo de esta confesando dos delitos fiscales en los ejercicios 2020 y 2021. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, reconocía a través de sus abogados el comisionista.
“Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Albert (sic) González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal”, sostiene el abogado de la pareja de Ayuso, que manifiesta su voluntad de “proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora” a la Agencia Tributaria“.
Todo el relato de Isabel Díaz Ayuso y de su jefe de gabinete se desplomó el mismo jueves. Las preguntas que elDiario.es ha trasladado a su equipo desde el principio de semana, cuando supo de la trama de facturas falsas, siguen vigentes sin que nadie en Presidencia de la Comunidad de Madrid las conteste.
¿Conocía Isabel Díaz Ayuso el fraude a Hacienda que la Agencia Tributaria atribuye a su pareja?
¿Tuvo alguna información de su participación en la presentación de facturas falsas para rebajar artificialmente los beneficios económicos de sus sociedades?
¿Puede garantizar Isabel Díaz Ayuso que la casa en la que se reside no se compró con el dinero de un fraude fiscal?
¿Es cierto que además de la vivienda de lujo que figura a nombre de González Amador en una de las zonas más prohibitivas de la capital, la pareja disfruta también del ático registrado a nombre de una sociedad de su abogado?
En su última comparecencia pública, Ayuso aseguró que su pareja es inocente y víctima de una operación de Estado que habría comandado el Gobierno de Sánchez y su prensa amiga.
El informe de Hacienda que ha motivado la denuncia de la Fiscalía en el juzgado es más sencillo: González Amador defraudó 350.951 euros con una trama de facturas falsas para no pagar impuestos por el pelotazo de dos millones que dio como intermediario de la venta de 42 millones de euros en dos pedidos de mascarillas y guantes que vendió una empresa catalana a una de Pontevedra.
La investigación de la Agencia Tributaria ha encontrado facturas falsas por 1,7 millones que la pareja de Ayuso no supo justificar. Por eso confesó, por eso trató de evitar el juicio cuando supo que el expediente se había cerrado con la imputación de tres delitos contra la Agencia Tributaria.
La presidenta de Madrid guarda silencio desde que se hizo pública la confesión de la pareja. Mientras, los medios que asumieron la tesis de Miguel Ángel Rodríguez de que hubo una maniobra de la Fiscalía para que la pareja de Ayuso no pudiese llegar a un acuerdo y declararse culpable, intentan montar un caso contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
Le acusan de dar la orden de publicar comunicaciones entre un fiscal y una defensa. Al mismo tiempo obvian en las informaciones que fue Miguel Ángel Rodríguez el primero que difundió uno de esos mensajes -es de suponer que con el permiso del comisionista y pareja de Ayuso- pero sobre todo que la nota de prensa de la Fiscalía sirvió para desmentir las acusaciones falsas que esos mismos medios y Miguel Ángel Rodríguez habían lanzado contra el ministerio público.
Entidades abiertamente enfrentadas al fiscal general como la Asociación de Fiscales y la APIF han reclamado su cese y a las críticas se ha sumado el Colegio de Abogados de Madrid, un ente muy cercano a Ayuso que acaba de fichar como secretario general al exjefe de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.
Al fondo de todo ese ruido, el jaque mate que preparaba MAR contra ese “caso turbio de todos los poderes del Estado” que denunció Ayuso el miércoles acabó volviéndose contra él, pero sobre todo contra su jefa, la presidenta de Madrid. Desde ese miércoles Isabel Díaz Ayuso no ha vuelto a decir palabra sobre el caso. Y en los últimos tres días tampoco ha tenido agenda pública.
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