La plana mayor del Partido Popular evitará el ‘paseíllo’ a las puertas de la Audiencia Nacional en sus declaraciones como testigos en el juicio de la caja B. El tribunal que juzga desde el pasado 8 de marzo la utilización que la formación conservadora hizo del dinero de esa contabilidad paralela ha aceptado este miércoles la petición de declarar por videoconferencia formulada por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la que fuera secretaria general del PP y ministra de Defensa María Dolores de Cospedal. Este martes, los jueces ya habían dado el visto bueno a la comparecencia telemática de José María Aznar. Este último y Rajoy están citados el 24 de marzo y Cospedal un día antes.
No serán los únicos exdirigentes del PP que declararán a través de una pantalla. El tribunal también ha aceptado que declaren por videoconferencia los exministros José María Michavila (24 de marzo) y Federico Trillo (25 de marzo), así como el senador Pío García Escudero y el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo, ambos citados el 23 de marzo. De esta misma forma compareció el pasado lunes el ex secretario general del PP Ángel Acebes.
En sendas providencias, los jueces explican que han aceptado sus solicitudes al amparo de la ley que aprobada el pasado 18 de septiembre para evitar los contagios por COVID-19 en la Administración de Justicia y que establece que “hasta el 20 de junio de 2021, inclusive, constituido el juzgado o tribunal en su sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello”.
La acusación popular que ejerce Observatori Desc va a recurrir la decisión del tribunal de que los dirigentes del PP puedan declarar por videoconferencia, han explicado fuentes de la misma. Otras acusaciones populares entienden que la decisión será difícil de revertir al no haberse opuesto en un principio a que cualquiera de las declaraciones durante el juicio se hiciera por ese sistema.
En la declaración de Ángel Acebes, el abogado de la acusación popular de ADADE Mariano Benítez de Lugo manifestó su queja al tribunal cuando el testigo aludió a una declaración que se había producido en la vista antes que la suya. El letrado recordó la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impone al compareciente no conocer las declaraciones previas. Acebes alegó que él se había conectado por videoconferencia a la hora que indicaba el requerimiento judicial, las 10:00, y que no era responsabilidad suya que la declaración hubiera comenzado tres horas después. El presidente del tribunal no dio más trascendencia a los hechos y recordó que las sesiones se transmiten por Internet y que cualquiera puede acceder a la misma.