El magnate que empezó de recogepelotas en las canchas de tenis de los niños bien de Palma y logró hacerse millonario con el monopolio de la noche de Mallorca lleva tres semanas en una celda de preso común.
Bartolomé Cursach, Tolo, como lo llaman en la isla sus socios y los enemigos a los que mantuvo atemorizados durante dos décadas, está acusado de 16 delitos, medio Código Penal: extorsión, cohecho, falsedad documental, uso de documentos falsos en un proceso, información privilegiada, amenazas, tráfico de influencias, coacciones, blanqueo, delito fiscal, contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores, asociación ilícita/pertenencia a organización criminal y corrupción de menores y homicidio.
Sí, homicidio, porque el empresario de los Ferrari y los Porsche que se lucró durante tres décadas con las copas de la jet set, el hombre que compró el Mallorca y pagó su último sueldo en un equipo de Primera a Luis Aragonés, aparece señalado en el sumario como la persona que dio la orden de acabar con la vida de uno de sus empleados, toxicómano, que enseñó donde no debía unas fotos del propio Cursach realizando tocamientos a menores de edad.
Lo contó un extrabajador del empresario solo después de que el juzgado le garantizase la condición de testigo protegido: “Que también sabe que un tal Álex que cuidaba la finca de Puntiró perteneciente a Cursach era toxicómano. Que cuando se enteraron de que había enseñado al declarante una fotografía de contenido erótico/pedófilo [sic] de Cursach con menores de edad, Cursach dio las instrucciones necesarias, como hacía habitualmente, para que al tal Álex le siguieran suministrando sustancias estupefacientes hasta que muriera. Que el declarante ha escuchado de manera personal y directa cómo Cursach ha dado instrucciones para suministrar la droga”. Según figura en el sumario, el testigo protegido escuchó decir a Cursach: “A aquel dale medicina” o “a este enfermo inféctalo”.
Álex, el empleado drogadicto, acabó muriendo de sobredosis, y ahora el juzgado que indaga sobre la mafia policial en la isla investiga si esas amenazas tuvieron algo que ver. Es el episodio más sórdido del auto de prisión, dictado por el juez Manuel Penalba el 3 de marzo, que escribe en 276 páginas un guión propio de David Simon.
Cocaína, prostitutas y policías corruptos
Palma de Mallorca, la glamurosa isla de lujo y yates donde veranea la familia real, dibujada como una Baltimore cualquiera, repleta de matones, drogas, palizas... Y unas autoridades dispuestas a mirar para otro lado esperando a que llegasen el sobre o los pagos en especie: en el sumario abundan los detalles sobre las fiestas con cocaína y prostitutas que el patrón de las discotecas de Mallorca organizaba para su red de policías corruptos.
Los investigadores sospechan que en su escalada hacia el cielo de los negocios, a Tolo Cursach, dueño de templos del ocio como Pachá o la discoteca BCM -con letras gigantes que reproducen las iniciales del patrón-, no solo lo ayudó la red de policías locales que tenía a sueldo y cuya complicidad exhibía para amedrentar a la competencia. Esa biblia de la corrupción mallorquina que es el escrito del juez también alude a sus contactos políticos: el primero de ellos, el expresidente del Govern Jaume Matas, se entrenaba en uno de sus gimnasios exclusivos. Y tras él, una larga lista de dirigentes del PP y de Unión Mallorquina, partidos que disfrutaban de barra libre para celebrar sus triunfos electorales en sus locales de copas.
En el Ayuntamiento de Palma, y en los municipios limítrofes de Calviá y Marratxí, también tenía mano, a juzgar por los detalles que airea la causa. Según han contado policías sobornados arrepentidos, empresarios de la competencia y antiguos colaboradores de Cursach, el método para hacerse con los pubs y discotecas fue sencillo: desde 1985 pagó a agentes de la Policía Local para que friesen a multas e inspecciones a cualquiera que osase montar un pub en su zona de influencia. Algunos de esos agentes acabaron como altos directivos de sus empresas. Otros simultanearon ambas tareas. E incluso llegaron a montar sus propios negocios, como se explica en otro sumario paralelo, el llamado caso Policías.
El juez calcula por ejemplo que en el municipio de Calviá –donde algunos agentes municipales hacían seguimientos a los empresarios de la competencia, realizaban inspecciones a sus vehículos o incluso los multaban por comer en restaurantes si llevaban encima propaganda de sus negocios por supuesta publicidad dinámica–, los locales del grupo Cursach recibieron un 800% menos de multas que los pubs y discotecas de otros dueños.
Inspecciones previo aviso
En Palma capital, los mandos de la Policía Local llevan 30 años avisando al dueño del emporio nocturno de las inspecciones. Y las pocas veces que se sancionó a un local del Cursach, la multa acababa perdiéndose en el Ayuntamiento. A eso ayudaba, según los testimonios que obran en la causa, que parte de la plantilla de la Policía Municipal fuese contratada por lugartenientes del empresario para hacer de porteros en sus locales. Lo contaron los propios agentes en sede judicial.
Si a uno se le iba la mano con algún cliente extranjero, ahí estaba Cursach para ofrecer al agredido una semana a gastos pagados en uno de sus hoteles.
La trama de este caso lo tiene todo. Incluso un fiscal que sufrió el robo de una moto, sospechosos seguimientos y tuvo que pedir permiso para portar armas. Hay secundarios de lujo como Bartolomé -también apodado Tolo- Sbert, mano derecha de Cursach, quien según la investigación era el encargado de dejar recados a los otros empresarios que pretendían hacer negocio en la noche.
Como Cursach, Sbert también duerme en la cárcel. “Tolo Sbert personalmente daba órdenes a la policía diciendo dónde tenían que ir, era como una especie de sheriff y hacía lo que le daba la gana”, confesó un extrabajador del emporio Cursach“. Los mandos intermedios de la policía local de Palma recibían hasta seis llamadas diarias de Sbert pidiendo ”dar caña“.
El objetivo era amedrentar a todos y lograr que solo un grupo empresarial pudiera servir copas en la isla. Y para ello se utilizaban todo tipo de métodos. Uno de los hosteleros de Calviá que intentó instalarse en la Plaza Pitiusas sufrió cómo varios hombres de Cursach simularon obras en los locales que tenían en la zona y colocaron toneladas de escombro “con un olor nauseabundo” para espantar a la clientela. Cuando se quejó a Acotur, una patronal del sector turístico, su presidente, otro hombre de Cursach, le respondió: “Esto es Siria y va a haber tiros. Yo que tú, me iría”.
Los ingresos en B de Pachá
Otros ya habían tomado nota mucho antes. Los anteriores propietarios de Pachá, uno de los emblemas del consorcio Cursach, recibieron también la visita de un hombre de Tolo. Cansados de solicitar la licencia de actividad, que pidieron durante 14 años en el Ayuntamiento de Palma, acabaron vendiendo el local, ubicado en el Paseo Marítimo, por 100 millones de pesetas. Habían invertido en la macrodiscoteca 70 millones que habían conseguido amortizar en un año, según contaron al juez. El precio fue tan bajo porque el magnate de la noche le hizo ver que si seguían con el negocio, no tendrían futuro: Cursach amenazó con construir un bloque de pisos a su costado que les impediría explotar el local. Y de paso exhibió algunas de sus amistades en el consistorio.
Los dueños de la vieja Pachá acabaron claudicando. Uno de ellos tuvo premio: fue contratado a las órdenes de Cursach y pudo ver cómo en poco más de un mes y sin realizar ninguna obra Pachá contó con todas las licencias que a la antigua sociedad se le negaban.
Años después, y gracias a la mediación de un concejal amigo del Ayuntamiento de Palma, Álvaro Gijón, imputado por esta y otras causas y todavía diputado en el Parlamento de Baleares, Pachá logró que a sus puertas se colocasen paradas de autobuses para facilitar la llegada de excursiones organizadas.
Según escribe el juez Penalva, fue el subdirector general del grupo Cursach, José Manuel Barquero, “la mano ejecutora en los acuerdos políticos de los que emanó la grandeza del grupo empresarial”. Barquero, era entonces “íntimo amigo de Álvaro Gijón”. Hoy ya no está en el conglomerado de ocio. Su despido fue acompañado de una carta “bien remunerada” que exigía guardar silencio sobre todo lo que había visto dentro.
A juzgar por las cuentas que hacen sus exempleados, Pachá constituyó uno de los negocios más prósperos de Cursach. La discoteca de moda llegó a reunir a 100.000 clientes al mes pero no facturaba el dinero de la entrada ni la mitad de las consumiciones. Uno de los trabajadores que controló durante años la caja del local relató en el juzgado que los ingresos en B podían alcanzar los cuatro o cinco millones de euros mensuales.
Esa recaudación es historia. Las cerezas del logo desaparecieron del local después de que la empresa de franquicias rompiese tratos con Cursach hace un par de semanas cansada de ver su nombre en los telediarios.
Puede ser el principio del fin de la aventura de aquel niño recogepelotas. En Palma un juez ha ordenado por fin apagar la música y encender las luces. La fiesta de Cursach se ha interrumpido de momento. Quienes le conocen dudan de que acabe cantando en el juzgado, pese a la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él. De momento, se niega a declarar ante el juez y el fiscal. Su glamour se esfumó definitivamente el día que una patrulla de agentes lo subió esposado a uno de esos furgones policiales al margen del imperio Cursach. Sus colaboradores más cercanos aún guardan silencio.