El asalto antidemocrático de la derecha para mantener el control de la Justicia ha cruzado en estos días un nuevo rubicón. Es una situación del todo intolerable, en la que unos jueces están actuando como si fueran espadones del siglo XIX: saltándose la ley, en contra de los principios más básicos del Estado de derecho, de la soberanía popular y de la Constitución. El fin justifica los medios, deben pensar en el PP, y todo vale para frenar al “gobierno socialcomunista” de coalición. Después de cuatro años incumpliendo la Constitución para controlar el Poder Judicial, el PP azuza ahora una nueva rebelión. Es el colmo: jueces y magistrados despreciando el mandato de la ley para mangonear la Justicia a su favor.
La última batalla de los okupas del Poder Judicial tiene que ver con el Tribunal Constitucional (TC). Que es el órgano que la derecha, a toda costa, quiere controlar. Es un tribunal importantísimo porque es el máximo intérprete de la Constitución. Y, entre otras funciones, es quien resuelve los recursos de inconstitucionalidad que presentan los partidos. El TC puede anular una ley, por mucho que la haya aprobado el Parlamento por mayoría absoluta. La reforma laboral, o la ley del aborto, o el ingreso mínimo vital, o la ley de eutanasia… están pendientes de sentencias de este tribunal donde el PP se quiere atrincherar.
Prácticamente toda la legislatura, todas las leyes importantes, penden de un hilo: del resultado de esta última guerra de ‘lawfare’ que ha declarado la derecha no contra el Gobierno: contra la misma democracia. Es una historia densa y tan compleja de explicar como importante para el futuro del país.
El pacto roto por el PP
Algunos datos básicos para entender lo que viene después. El Tribunal Constitucional lo forman doce magistrados, que tienen un mandato de nueve años. Se renueva por tercios, cada tres años: cuatro puestos cada vez. Un tercio lo nombra el Congreso, por mayoría de tres quintos. Otro tercio, el Senado. Y el último tercio se divide por la mitad: dos magistrados los nombra el Gobierno. Los otros dos, el Consejo General del Poder Judicial.
En noviembre del año pasado, tal vez se acordarán, el Gobierno pactó con la oposición renovar al fin –con dos años de retraso– los cuatro puestos que le tocaba elegir al Congreso para el Tribunal Constitucional. Fue el mismo acuerdo por el que también se renovaron otros órganos constitucionales con el mandato caducado: el defensor del pueblo y el Tribunal de Cuentas.
Para ese tercio del Constitucional, los partidos pactaron el nombramiento de dos magistrados progresistas y otros dos conservadores. Fue aquel acuerdo (que algunos diputados votaron “con pinzas en la nariz”) por el que la derecha coló en este importantísimo tribunal a alguien tan inapropiado como Enrique Arnaldo, un jurista que se libró de una investigación penal porque los hechos habían prescrito y cuyos principales méritos son la lealtad más absoluta al Partido Popular y haber participado en todos los pasos más polémicos de la carrera académica del entonces presidente del partido, Pablo Casado.
Hoy conocemos que PP y PSOE, en noviembre, pactaron en secreto algo más: que la derecha, unos meses más tarde, no pondría trabas a la renovación del siguiente tercio del Tribunal Constitucional, el de los dos magistrados nombrados por el Gobierno y los dos que pone el Poder Judicial. Tragarse el sapo de Enrique Arnaldo tenía como compensación que, en pocos meses, el Constitucional se renovaría del todo y el bloque progresista conseguiría la mayoría en ese tribunal –como consecuencia del resultado de las últimas elecciones generales, que ganó la izquierda–.
El acuerdo no fue un simple apretón de manos. Se firmó por escrito. Y ambos partidos pactaron presentar más adelante una pequeña reforma de la ley que permitiera al CGPJ –que está en funciones, y no puede nombrar otras plazas hasta que se renueve– elegir a los dos magistrados que decide en el Constitucional.
Qué sorpresa: el mismo PP que incumple la Constitución tampoco cumplió con este acuerdo que hace diez meses firmó. ¿La excusa? Que era cosa de Pablo Casado, no de Alberto Núñez Feijóo.
El 11 de julio, el PP anunció al Gobierno que rompía el acuerdo. La persona que mandó el recado desde Génova fue Esteban González Pons. La conversación se cerró con una frase para enmarcar.
–¿De verdad vais a romper el acuerdo? Lo pactamos con el PP, no con Teo [García Egea]– argumentaron desde el Gobierno
–Esto es política– contestó González Pons.
El tercio que toca renovar cambiará la mayoría en el Constitucional
La “política” que preocupa al PP se resume rápido. Si se renuevan los órganos constitucionales en la Justicia –el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional– la derecha dejará de mandar allí. Porque estas instituciones emanan de la soberanía popular y el PP ha perdido las dos últimas elecciones generales.
Desde el mes de junio, como ordena la Constitución, toca nombrar al tercio del TC que nos ocupa hoy. Son cuatro puestos: los dos magistrados del Gobierno y los otros dos del Poder Judicial, que es donde el PP está poniendo ahora todas las trabas posibles para bloquear la renovación de este tercio, también los dos que debe elegir el Gobierno.
Desde que existe la democracia, el acuerdo siempre ha sido igual. El CGPJ nombra para el Constitucional a dos magistrados: uno progresista y otro conservador. Siempre. Quien suele cambiar las mayorías en el TC suelen ser los dos que nombra en este tercio –cada nueve años– el Gobierno que esté en La Moncloa en cada ocasión.
En 2013, con Rajoy de presidente, el Constitucional dejó de tener una mayoría progresista para cambiar a otra conservadora. Era lo que tocaba: el PP había ganado las elecciones y la Justicia emana de esa soberanía popular. Con esa renovación, hace nueve años, entraron tres magistrados conservadores y solo uno progresista.
Pero el Parlamento ha cambiado y el presidente del Gobierno también. Y lo que resulta pacífico cuando manda la derecha ahora se presenta como un “asalto del Gobierno al Constitucional”, como dice el PP. Lo que ahora toca es que entren tres magistrados progresistas –dos del Gobierno, uno del CGPJ– frente a solo uno conservador. Y que cuando esto ocurra, el Tribunal Constitucional dejará de tener una mayoría conservadora para contar con otra progresista.
Eso es lo que el PP, a toda costa, quiere evitar. Por esta razón los vocales del Poder Judicial que el PP controla están haciendo todo lo posible para que el Constitucional no se pueda renovar. Igual que hace el PP con el bloqueo del CGPJ: alargar la situación indefinidamente, a ver si hay suerte y Feijóo gana las siguientes elecciones. ‘Okupar’ –esto sí es ser antisistema– el Poder Judicial.
Si el CGPJ no nombra a los dos suyos, es dudoso que el Gobierno pueda nombrar a los otros dos. Van en el mismo tercio, van en ‘pack’, y lo lógico sería que se renueven a la vez. Suele ser lo habitual.
No hay nada en la ley que impida al Gobierno nombrar a los dos suyos sin esperar a que el CGPJ decida los otros dos; ha pasado incluso en alguna ocasión. Pero hay otro obstáculo, una norma no escrita del derecho español: siempre que una ley es dudosa o interpretable, la derecha tiene la razón. Porque son los juzgados donde la derecha manda quienes suelen tener la última palabra sobre la ley.
El actual Tribunal Constitucional –en el que la derecha mantiene aún la mayoría, por el mandato caducado de cuatro magistrados–, ya ha avisado al Gobierno de que, si solo nombran los dos suyos, no les dará entrada hasta que lleguen los otros dos del Poder Judicial. Así que el nudo es claro: mientras una parte del CGPJ siga en rebeldía y no nombre los dos magistrados que le tocan, el Gobierno tampoco puede nombrar. Y así el PP sigue mandando en el TC, con magistrados fuera de su mandato legal.
Saltarse la ley
Después de que el PP rompiera el acuerdo para renovar el Constitucional, en julio, el Gobierno decidió presentar igualmente ante el Parlamento ese mismo cambio de la ley que habían pactado con la derecha por escrito: la pequeña reforma que permite al CGPJ en funciones nombrar a los dos magistrados que le tocan en el Constitucional. El Congreso la aprobó el 14 de julio, con una amplísima mayoría, a pesar de la oposición del PP.
En el colmo del cinismo, el PP acusó al Gobierno de querer “controlar a los jueces” con la “la ley Bildu 2”, por estar apoyada –entre muchos otros– por los diputados de ese partido. Lo que no contaron es que era exactamente la misma reforma legal que el PP había firmado unos meses antes.
Después de la hipocresía llegaron las mentiras: Alberto Núñez Feijóo dando a entender que no conocía ese acuerdo cuando era plenamente consciente de él, ya que fue uno de los temas que comentó con Pedro Sánchez en su primer encuentro en La Moncloa como líder de la oposición. O ver a la portavoz Cuca Gamarra –que ya formaba parte de la anterior dirección del PP– criticando el mismo acuerdo que ella también había pactado. “Esto es política”, que diría González Pons.
El Parlamento, en esa pequeña reforma, también introdujo un punto más; un plazo concreto. El Consejo General del Poder Judicial tenía que nombrar a los dos suyos antes del 13 de septiembre. Es decir, como máximo tres meses más tarde de que se cumpla el plazo que marca la Constitución.
Ese plazo, esa ley, es la que una buena parte de los jueces y juristas que el PP nombró en el Consejo General del Poder Judicial ya han dejado claro que no van a cumplir.
Lesmes pierde el apoyo del PP
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está en funciones. Desde hace ya casi cuatro años. Normalmente son 21 personas: 20 vocales más el presidente. Aunque hace unos meses se jubiló uno de ellos y su plaza no ha sido repuesta. Otra vocal se murió. Quedan 19 hoy. Es un órgano que nombra el Parlamento, por mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado. Una parte son “juristas de reconocido prestigio” y la otra la forman jueces que primero eligen las asociaciones judiciales y entre los que después decide el Parlamento.
El actual CGPJ se nombró en 2013, durante la mayoría absoluta de Rajoy. Por eso la derecha tiene en él un absoluto control: doce conservadores frente a siete progresistas. Por eso no lo quiere renovar. Ha habido ya tres acuerdos con el Gobierno para su renovación que, en el último momento, el PP decidió romper.
Pero en los últimos meses, tras el enorme deterioro que se ha producido en la Justicia por el incumplimiento del PP, el bloque conservador se ha roto. Y su presidente, Carlos Lesmes, se ha quedado en minoría. Ya no manda sobre los suyos.
Lesmes no es precisamente un izquierdista peligroso. Llegó a la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo –ambos cargos van unidos– porque así lo decidió el PP. Antes había sido alto cargo en el Gobierno de José María Aznar. Como expliqué en este detallado artículo, lleva cuatro décadas de carrera, y dos tercios de todo este tiempo lo ha ejercido en puestos a los que ha llegado con el apoyo del PP.
Pero incluso a alguien tan cercano al PP como Carlos Lesmes le ha dado un tardío ataque de dignidad. También ha empezado a amenazar con dimitir, algo que debería haber hecho años atrás. Eso ha provocado que cayera en desgracia en la derecha y que se haya convertido en el blanco de los ataques de los periódicos conservadores, una campaña que azuza el propio PP.
¿El pecado de Lesmes? Que incluso a alguien tan de derechas como él le parece un exceso incumplir la ley porque lo pida el PP.
La escaramuza contra el nuevo fiscal
La rebeldía contra Lesmes en el sector conservador del CGPJ lleva larvándose mucho tiempo. Pero se vio a las claras en la votación del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El papel del CGPJ en este nombramiento está bastante tasado. Al fiscal general del Estado lo nombra el rey a propuesta del Gobierno, “oído el Consejo General del Poder Judicial”. Al consejo le corresponde solo evaluar si se cumplen con los requisitos legales: ser un jurista de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
En el caso de Álvaro Ortiz su carrera ya suma casi 25 años de profesión. Es fiscal de Sala –uno de los puestos altos del escalafón– y ha sido antes fiscal jefe de la Secretaría Técnica; en la práctica era el número dos de la Fiscalía.
A diferencia de su predecesora, Dolores Delgado, a García Ortiz no le podían afear que venía del Gobierno para votar en contra. Les dio igual. Siete vocales conservadores –a los que Lesmes, que votó a favor, ya no controla– rechazaron el nombramiento. ¿Su argumento? Que era alguien inadecuado para el puesto porque hace unos años había participado junto a catedráticos y otros técnicos en un debate organizado por la Fundación Ideas, vinculada al PSOE, donde habló de incendios forestales –en aquel momento era su especialidad, como fiscal delegado de Medio Ambiente de Galicia–. Un evento al que fue invitado en su condición de expresidente de la Unión Progresista de Fiscales, una de las asociaciones de su profesión.
Dato importante: estos mismos vocales a los que les parece intolerable que el nuevo fiscal general del Estado participara en una ocasión en un debate organizado por una fundación vinculada al PSOE no pusieron pega alguna a los nombramientos de José Manuel Maza y de Julián Sánchez Melgar, dos de los fiscales generales nombrados por Rajoy, que habían participado en numerosos cursos de la FAES, la fundación del PP. Unos cursos que suelen ser remunerados.
Otro dato importante. Estos mismos vocales tampoco pusieron pega alguna para nombrar al frente del CGPJ a Carlos Lesmes: ex director general de Justicia del Gobierno de Aznar. Y también habitual de los cursos de FAES.
Porque escuchar al PP hablar de “puertas giratorias” en la Justicia –que es la enésima excusa que ponen ahora– es de una hipocresía difícil de superar.
Los siete vocales que votaron en contra del nombramiento de Álvaro Ortiz son prácticamente los mismos que ahora se han negado a pactar los nombramientos que el CGPJ tiene que hacer en el Tribunal Constitucional. Este es el nuevo mapa de situación.
El bloque conservador, los vocales nombrados por el PP, está roto en dos.
Del lado de Lesmes están Vicente Guilarte y Wenceslao Olea. Y poco más. En la anterior batalla, la de la votación del fiscal general del Estado, Lesmes también contaba con Juan Martínez Moya. Pero en la última semana, Moya se ha movido hacia el otro sector.
Quien ahora lidera a la mayoría de los vocales conservadores es José María Macías. Durante años fue la mano derecha de Lesmes, su principal aliado en la Comisión Permanente. Hoy es su mayor opositor.
El nuevo hombre fuerte de la derecha en el CGPJ
A medida que Lesmes fue perdiendo la confianza de la dirección del PP –primero de Casado y luego de Feijóo–, Macías la fue ganando. Hoy se ha convertido en el hombre fuerte de la derecha en el CGPJ. Distintas fuentes, del consejo y del Gobierno, aseguran que es él quien mantiene la interlocución de estos vocales con la dirección del partido y transmite las instrucciones a los demás –algo que él niega–. También es quien sale en los medios a defender la posición. No descarten su nombre como futuro ministro de Justicia si Feijóo llega a gobernar.
‘Mario’ Macías –como le llaman sus amigos– tiene fuertes convicciones militares y es reservista voluntario de las Fuerzas Armadas. Es juez en excedencia y ahora socio del bufete Cuatrecasas. Llegó al consejo gracias a la Asociación Profesional de la Magistratura –APM, la asociación conservadora– a la que primero perteneció como juez y a la que más tarde ha representado como abogado.
Macías le ha robado el poder a Lesmes entre los vocales conservadores con relativa facilidad. No solo por su capacidad personal de liderazgo, que la tiene. También porque la influencia del PP entre todos ellos se basa en otra cosa, distinta a que fuera este partido quien les nombró. Eso es casi lo de menos, aunque ya imaginarán que el PP siempre se preocupa de nombrar a gente que le vaya a ser leal; en esto la derecha rara vez suele fallar. La clave es otra: todos los vocales saben que, en el futuro, volverán a depender del PP para prosperar.
El verdadero poder del PP sobre todos estos vocales está en los futuros nombramientos. En qué será de ellos cuando dejen el CGPJ. Todos saben cómo funciona esa rueda de favores porque han sido engranajes en ella. Todos tienen una aspiración. La derecha siempre recompensa a los jueces leales, con ascensos que decide el CGPJ. Si te portas bien, llegarás al Supremo, o al Constitucional, o a presidente de un TSJ. Hoy por ti, mañana por mí. Pero si les traicionas, el PP no olvidará.
Esto explica que haya en el Poder Judicial un grupo de jueces que han decidido saltarse la ley y el plazo que les ordenó el Parlamento.
Este martes y 13, este grupo de vocales incumplirá una ley aprobada por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y seguirá bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional para que la derecha siga mandando allí. Es esta la principal razón de su rebelión.
En realidad el bloqueo fue su ‘plan B’. Tenían otro anterior. Según aseguran fuentes del CGPJ, primero intentaron convencer a algunos de los vocales del bloque progresista para lograr un “2 a 0”: nombrar a dos jueces conservadores para el TC. Algo que no ha pasado nunca en toda la historia de los nombramientos del consejo al Tribunal Constitucional.
No les salió, pero no descarten que lo vuelvan a intentar. Y hay quien teme que la siguiente jugarreta pase por proponer a Pablo Lucas para el Constitucional. Es el juez del Supremo que supervisa al CNI. Y también es hermano de Enrique Lucas, el vocal del CGPJ que nombró el PNV. Si proponen a Pablo Lucas en las ternas, Enrique Lucas se tendría que salir de la reunión, lo que dejaría con un voto menos al sector progresista y daría a los rebeldes más opciones para imponer a dos jueces conservadores para el Constitucional.
Los nombres de estos jueces y juristas en rebeldía, al servicio del interés del PP, son los siguientes: José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart, Ángeles Carmona, Juan Martínez Moya y José María Macías. Los perfiles biográficos de todos ellos están detallados en este artículo anterior.
Entre ellos no todos lo ven igual. Una parte, la mayoría, quiere mantener el bloqueo todo el tiempo que haga falta. Hasta que pasen las elecciones, si es necesario. Pero también hay unos pocos que creen que, en unas semanas, tendrán que nombrar. Y bastan 12 votos para poder realizar nombramientos, por lo que el sector de los rebeldes perderá su pulso si uno de ellos decide cumplir la ley y aprobar esos nombramientos, aunque sea fuera de plazo.
¿El argumento de los vocales rebeldes para incumplir la ley? Lo resume el propio Macías, en una entrevista que concedió este sábado en La Razón: que el poder legislativo ha aprobado unas leyes “cada una peor que la anterior”.
En un país democrático, las leyes las hace el Parlamento. Y los jueces las cumplen, por mucho que les parezcan mal.
En un país con un respeto por las instituciones algo mayor, los partidos cumplen la Constitución. Y respetan la soberanía popular no solo cuando ganan las elecciones, también cuando las pierden.
Y en un país con una Justicia algo más imparcial, ningún juez podría saltarse la ley impunemente y jactarse de ello en la prensa sin afrontar consecuencias. Algo que en esta ocasión no pasará. Porque cualquier denuncia contra ellos acabaría en el Tribunal Supremo, que es el juzgado donde el PP lleva años trabajando cada nombramiento para garantizarse mayorías conservadoras; para “controlarlo desde detrás”, como decía obscenamente Cosidó.
Son los dueños del campo, del árbitro y del balón.
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