Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha pasado al ataque contra el juez Juan Carlos Peinado. Su abogado ha presentado una querella contra el magistrado que investiga su actividad profesional, acusándole de dos delitos: prevaricación y revelación de secretos. Entiende que Peinado está desarrollando “una instrucción perversa y prospectiva, totalmente prohibida” contra ella, además de haber revelado datos clave de la causa mientras estaba bajo secreto de sumario.
La querella de Gómez ha sido presentada ante el Tribunal Superior de Madrid, el mismo órgano que ya tiene sobre la mesa la acción penal presentada por la Abogacía del Estado en nombre de Pedro Sánchez, también por un delito de prevaricación. En su caso, al entender que retorció la Ley de Enjuiciamiento Criminal para tomarle declaración como testigo de forma presencial en la Moncloa y no por escrito, como también permite la ley. Gómez también denuncia prevaricación en este hecho: “Ha tenido un impacto mediático y social importantísimo, siendo el objetivo claro de dicho despliegue el erosionar o deteriorar la figura del Presidente del Gobierno”.
La querella de Gómez acusa a Peinado de poner en marcha una “causa general” contra ella, de forma “inusual, errática y prospectiva” para investigar “toda la vida” de la empresaria. El juez, dice la defensa de la esposa del presidente del Gobierno, ha dictado resoluciones “manifiestamente injustas, injustificadas y sin amparo legal”. No saben, añade, si para “buscar un impacto político y social” o por un “desmedido afán de protagonismo mediático” del juez.
La querella, de más de medio centenar de páginas, acusa a Peinado de hacer una aplicación “incomprensible” de las normas, tomando decisiones contradictorias y cortando el paso a los recursos, que se tramitan una vez la diligencia cuestionada ya se ha llevado a cabo, poniendo encima de la mesa casos como el del juez Elpidio Silva, condenado e inhabilitado por encarcelar ilegalmente al banquero Miguel Blesa.
Desde los primeros autos y providencias del caso, la querella apunta a la falta de argumentos del juez para impulsar una causa que consideran prospectiva y general. Desde el secreto total inicial de las actuaciones mientras se daba traslado de algunas cosas a Vox y otras acusaciones populares, algo que ya fue criticado por la Audiencia Provincial de Madrid, hasta la incorporación de escritos y acusaciones a la causa de forma irregular.
Este trato de favor a Manos Limpias, HazteOir y otras acusaciones populares se suma, según la defensa de Gómez, a otra alegación que llevan semanas plasmando en sus recursos: que la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno “va mutando de modo no argumentado ni razonado” actuando “de un modo inquisitivo” que no permite la legislación española. Cita como ejemplo cuando el juez comunicó que la investigación se extendía a cualquier hecho presente en las actuaciones referido a los últimos seis años, desde que Sánchez es presidente.
También se queja de que en su primera declaración el juez intentó que compareciera como investigada sin darle traslado de las acusaciones de HazteOir en las que basa sus diligencias: “La falta de traslado de actuaciones llevadas a cabo por el querellado es una constante en todo el procedimiento”, denuncia la querella. También pone el foco en “decisiones judiciales estrambóticas, y que podrían ser calificadas de ocurrencias”, como por ejemplo cuando pidió un informe sobre las visitas de la Fiscalía al juzgado o cuando llamó a declarar al jefe de seguridad de la Moncloa.
La querella dedica varios párrafos a la primera citación del empresario Juan Carlos Barrabés, momento en que el juez advirtió a Begoña Gómez de que podría ser detenida si no comparecía personalmente al ser prueba preconstituida. “La noticia se convirtió en que nuestra representada podía ser detenida, por lo que, el daño, a pesar de que ello era incierto absolutamente, ya estaba producido”.
La querella pide que Juan Carlos Peinado declare como investigado pero también diversas diligencias sobre cómo se gestionó la causa mientras estaba bajo secreto de sumario, entre otras pruebas.
Revelación de secretos de la causa
La primera parte de la querella presentada por Antonio Camacho en nombre de Gómez también denuncia que, desde el principio, una parte importante de la información del caso ha sido hecha pública estando las diligencias bajo secreto de sumario desde el mismo momento de su incoación. Denuncia que el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid hizo públicos algunos detalles del caso y que, incluso, el abogado Aitor Guisasola, personado como acusación popular, publicó algunos documentos judiciales en la red social X.
Esa revelación de datos, explica la querella, “ha perjudicado gravemente a los derechos de nuestra representada” y en concreto el de defensa. Mientras las partes hacían públicos detalles de la causa, Gómez “desconocía todos los extremos de la investigación” y era sometida a una “pena de banquillo”.
La querella de Gómez se suma a la que presentó hace unos días la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una querella que acusa también de prevaricación al juez Peinado pero en ese caso por la citación como testigo de su marido: afirma el escrito que el juez instructor optó por forzar la declaración presencial de Sánchez en la Moncloa cuando la ley permite que altos cargos como el presidente del Gobierno comparezcan por escrito.
Por último, la querella denuncia que su primera citación judicial llegó a pocos días de las elecciones europeas. “Irrumpió en campaña electoral, como recogieron los medios de comunicación. Pudiera parecer casualidad, una más, pero analizando todos los elementos en conjunto de las decisiones judiciales, cuesta creer que así fuera únicamente”, denuncia Begoña Gómez.