El bloqueo de los conservadores lleva al Poder Judicial a una situación límite

La crisis institucional abierta en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por una situación de interinidad que se remonta a hace casi cuatro años sigue recrudeciéndose. A la amenaza de inminente dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, se sumó este miércoles la implosión de las negociaciones sobre la principal tarea que tiene ahora entre manos el órgano de gobierno de los jueces: la renovación del Tribunal Constitucional. 

Tras tres semanas sin apenas avances y con el plazo legal del 13 de septiembre ampliamente rebasado, la negociación entre el sector conservador y el progresista acabó por saltar por los aires. El bloque progresista movió ficha al dar por zanjadas las conversaciones y anunciar que explorará “otras vías alternativas” para hacer los nombramientos del tribunal de garantías tras constatar la falta de “perspectivas de acuerdo” con los ocho vocales del ala conservadora artífices del bloqueo, que han utilizado diferentes subterfugios para dilatar estas designaciones. 

Pero las cuentas no son fáciles. Los nombramientos del Constitucional deben conciliar el respaldo de al menos 12 de los 19 miembros actuales del pleno del CGPJ. Necesitan, por tanto, del concurso de vocales de ambos sectores del órgano, formado ahora por 10 conservadores, ocho progresistas y el presidente Lesmes. De la decena de conservadores hay ocho constituidos en una especie de minoría de bloqueo. Cualquier vía “alternativa” de acuerdo requiere romper ese bloque y atraer a alguno de sus vocales. Fuentes del órgano afirman que Lesmes lleva días haciendo gestiones en ese sentido, aunque sigue sin haber nada cerrado. 

El movimiento del bloque progresista llegó después de que la tercera reunión entre ambos grupos acabara sin avances. Una cita en la que los vocales elegidos a propuesta del PP volvieron a poner de excusa la ausencia de candidatos afines: afirmaron que la “intensa búsqueda” de perfiles para optar al tribunal de garantías había resultado “infructuosa” hasta el momento. En las últimas semanas la minoría progresista ha intentado desarmar ese argumento de la ausencia de candidatos poniendo encima de la mesa el nombre de hasta nueve magistrados que han trasladado su deseo de optar al Constitucional. Aunque todavía no han desvelado el magistrado finalmente elegido sí han manifestado al otro grupo que están “en condiciones” de determinar cuál es el nombre.

Detrás de la estrategia de bloqueo a la renovación del Constitucional están ocho vocales que forman parte del núcleo duro del sector conservador y que parecen dispuestos a evitar que la derecha pierda ya su mayoría en un tribunal tan relevante como el Constitucional. Es el órgano encargado de interpretar la norma fundamental del Estado y que tendrá que pronunciarse sobre asuntos tan sensibles como el aborto, la eutanasia o la reforma que impide que el CGPJ nombre a jueces con el mandato caducado, como estaba ocurriendo hasta marzo de 2021.

Miembros de ese grupo de ocho vocales críticos insisten en que siguen “cohesionados” y no creen que pueda haber fugas de manera inminente. No obstante, afirman que hay vocales que son más proclives a un acuerdo próximo que otros y que todo puede depender de los nombres que se pongan encima de la mesa. “Aquí el escenario cambia cada 10 minutos”, dice un vocal. Este mismo consejero asegura que en conversaciones informales mantenidas en los últimos días miembros del otro bloque les habían trasladado su disposición a alargar la negociación al menos una semana más. 

Fuentes de este grupo reconocen que el movimiento del sector progresista, del que afirman haberse enterado por la prensa, les pilló con el pie cambiado. Su intención era aplazar por enésima vez la designación de magistrados del Constitucional ignorando la ley y poner ahora el foco en el “mecanismo” de sucesión de Lesmes, por si consuma su amenaza y dimite. Durante los últimos días, miembros de este sector habían deslizado en privado que la prioridad para ellos no es el relevo en el Constitucional, sino abordar quién dirigirá el órgano si dimite su presidente para forzar la renovación del tribunal de garantías. Una mayoría de los vocales conservadores no está de acuerdo con el informe del gabinete técnico que establece que su sustituto al frente del CGPJ y del Tribunal Supremo debería ser Francisco Marín, el presidente de Sala más antiguo del Alto Tribunal. 

En el sector progresista sostienen que la búsqueda de “vías alternativas” para la renovación del Constitucional era la única salida ante la sucesión de “excusas dilatorias” del sector conservador. “Han seguido una estrategia de bloqueo respecto a la renovación del Constitucional que reproduce la que sigue Génova en la relación a la renovación del CGPJ”, dice un miembro de este grupo. Otras fuentes creen que la situación es similar a la que tuvo lugar a principios de septiembre, cuando Lesmes trató de convencer a parte del sector conservador de la necesidad de hacer estos nombramientos. Entonces no lo logró. “A lo mejor entonces no estaba maduro, pero está claro que esta es la última posibilidad que tenemos para evitar que el Tribunal Constitucional también se colapse”, dice otro vocal. 

Dimisión de Lesmes

La situación del órgano de gobierno de los jueces es ya complicada, pero la crisis puede alcanzar una dimensión todavía mayor si Lesmes cumple la amenaza que lanzó hace un mes: o hay renovación o presentará su renuncia. Este viernes, tras reunirse con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, Lemes reiteró que su intención es abandonar de manera inminente si los partidos siguen sin “visibilizar” un compromiso de renovación del órgano, que camina hacia los cuatro años con el mandato caducado.

El escenario de bloqueo viene propiciado por el Partido Popular, que se ha resistido durante todo este tiempo, primero con Casado y desde hace casi medio año con Feijóo, a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado. Con este ultimátum, Lesmes amaga con forzar desde dentro un proceso de renovación que está en vía muerta.

En el último pleno Lesmes trasladó a algunos vocales que no estaría en el cargo más allá de esta semana porque el pasado 7 de septiembre, en el acto solemne de Apertura del Año Judicial, dijo que dimitiría en “semanas, no meses” si persistía el bloqueo a la renovación del CGPJ. Y esas “semanas” se cumplen este próximo viernes. No obstante, su voluntad ha sido siempre dejar encarrilados los nombramientos del Constitucional antes de renunciar. Y algunas fuentes consideran que puede aguantar en el cargo si ve alguna posibilidad de acuerdo sobre estas designaciones. En su comunicado de este miércoles, los vocales progresistas afirmaron que tratarían de lograr un acuerdo “a lo largo de hoy, mañana y pasado”. Es decir, esta misma semana. 

No obstante, a última hora de este miércoles no había ningún pleno convocado por lo que sigue siendo una incógnita cuándo se podrá sustituir a los cuatro jueces del Constitucional que tienen el mandato caducado desde el 12 de junio y cuyo relevo corresponde hacer al Poder Judicial (dos) y al Gobierno (otros dos). El Ejecutivo ha renunciado a nombrar a los suyos hasta que no lo haga el órgano de gobierno de los jueces. Así que la principal consecuencia de este bloqueo es que el Constitucional sigue en funciones con su actual correlación de fuerzas: seis magistrados conservadores (eran siete hasta que uno de ellos renunció por enfermedad en julio) y cinco progresistas.

La renovación es determinante porque el sector conservador perdería la mayoría, pues tres de los cuatro nuevos magistrados le corresponderían al ala progresista: los dos nombrados por el Ejecutivo, que serán de ese perfil ideológico, y otro del Poder Judicial. Desde que existe la democracia el acuerdo es que el CGPJ nombra para el Constitucional a un magistrado progresista y otro conservador.