La crisis abierta en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por una situación de interinidad que se remonta a 2018 amenaza con adquirir una dimensión todavía mayor si se cumple el órdago que lanzó este miércoles su presidente: o hay renovación o presentará su dimisión en las próximas “semanas”. “Si persiste [el bloqueo], habrá que tomar decisiones que ni queremos ni nos gustan”, dijo Carlos Lesmes en el acto solemne de Apertura del Año Judicial. Es el último episodio de un escenario de bloqueo propiciado por el Partido Popular, que se ha resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado. Con este ultimátum, Lesmes amaga con forzar desde dentro un proceso de renovación que está en vía muerta.
Los conservadores —durante tres años con Pablo Casado y estos últimos meses con Alberto Nuñez Feijóo— han desplegado una batería de justificaciones cambiantes y crecientes para no renovar el órgano de gobierno de los jueces, que hasta marzo de 2021 siguió haciendo nombramientos clave en la cúpula judicial con la mayoría que salió de las elecciones que ganó Mariano Rajoy hace más de una década. Este miércoles, el PP quiso dejar escrito que mantiene las condiciones que ya planteó el pasado junio para acceder a cumplir con la renovación del CGPJ, pese a que son planteamientos ajenos tanto a lo que marca la Constitución como a la actual Ley Orgánica del Poder Judicial.
Entre otras cuestiones, el PP supedita la renovación del CGPJ a modificar las normas de elección del fiscal general del Estado, de magistrados del Tribunal Supremo e incluso las de entrada a la carrera judicial, además de derivar al órgano de gobierno de los jueces la redacción del nuevo sistema de designación de sus vocales, dejando al margen el papel legislativo del Congreso y del Senado. Previamente había puesto otras condiciones para el acuerdo: que no estuviese en la negociación Unidas Podemos , que se tipificase de nuevo el delito de referéndum o que se reformase la euroorden, entre otras condiciones.
Esas excusas variables escondían en realidad la previsión de que un acuerdo con el PSOE podría perjudicar electoralmente a los conservadores frente a Vox en las distintas convocatorias electorales que se han ido sucediendo. La extrema derecha aguardaba el acuerdo para reprochar al PP un reparto de sillones con los socialistas. Sin embargo, la revelación de este verano de que Pablo Casado había llegado en secreto a un acuerdo con el Gobierno en el otoño de 2021 para renovar el CGPJ evidencia que la anterior dirección del PP había optado por cumplir al fin el mandato constitucional. La noticia perjudicó la imagen de un Feijóo que llegaba a líder de la oposición en busca de consenso: primero, al negar que Casado le hubiera informado del pacto con el Ejecutivo; y después, al negarse a acatarlo.
CGPJ y Constitucional, a la vez
No obstante, la amenaza de Lesmes ha servido al PP para apurar un poco más e intentar en el último momento no perder del todo el control tanto del CGPJ como del tribunal de garantías. Algo que Feijóo ya tenía asumido, pero que ahora intenta revertir. En un comunicado enviado a los medios el miércoles por la tarde, el PP planteó participar también en el nombramiento de los cuatro magistrados del tribunal de garantías pendientes desde antes del verano, pese a que la Constitución establece que este tercio corresponde al Gobierno y al propio CGPJ, que sigue sin ponerse de acuerdo para realizarlos.
Fuentes del Gobierno han confirmado a eldiario.es que no designarán a los dos representantes en el Constitucional que le corresponden mientras el Poder Judicial haga lo propio con los suyos. De momento, no hay acuerdo en el órgano de gobierno de los jueces, aunque en el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez confían en que el Poder Judicial acabará designando a sus dos representantes, para no extender la crisis al tribunal de garantías.
“El PP tiene la máxima disposición para sentarse con el Gobierno, abordar la reforma del Poder Judicial y, bajo unos requisitos mínimos de independencia, la renovación conjunta del Tribunal Constitucional y del CGPJ”, asegura el comunicado. Es decir, una negociación con el Gobierno de igual a igual que incluya no solo la renovación del CGPJ (que debe ser ratificada por una mayoría cualificada del Congreso y del Senado lo que, esta vez sí, obliga a tener en cuenta al principal partido de la oposición), sino también del Constitucional.
El Gobierno, por su parte, denunció que el PP “se envuelve de nuevo en excusas para no cumplir con el mandato constitucional de renovar el CGPJ en tiempo y forma” por añadir “un pretexto más a sus maniobras dilatorias” frenando dicha renovación. “Otra vez queda constatado que, ante la Constitución sólo hay dos actitudes, cumplirla en todos sus puntos, como defiende el Gobierno, o interpretarla a conveniencia y obstruir su cumplimiento, como insiste en hacer el PP”, explicaron fuentes del Ejecutivo. “El Gobierno siempre ha tenido y sigue teniendo la disponibilidad de renovar el CGPJ bajo la ley actual y bajo el mandato constitucional. Se puede hacer hoy mismo”, zanjaron las fuentes de Moncloa, informa Iñigo Aduriz.
El bloqueo del CGPJ también copó parte del segundo cara a cara entre Sánchez y Feijóo que tuvo lugar este martes en el Senado. “En 45 años de democracia, el PSOE no ha incumplido nunca sus obligaciones constitucionales de renovar las instituciones constitucionales”, recordó el jefe del Ejecutivo, instando así al líder de la oposición a desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Situación “límite” del Supremo
El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con diez vocales elegidos a propuesta del PP, seis del PSOE, una de IU y otro del PNV. Al frente está Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar. Su composición de mayoría conservadora —elegida cuando Rajoy gobernaba con mayoría absoluta— nada tiene que ver con la realidad parlamentaria dibujada ahora por las urnas. De hecho, se han celebrado cuatro elecciones generales desde que se eligió. En el último año ha perdido a dos de sus miembros, Rafael Fernández Valverde, que se ha jubilado; y Victoria Cinto, que falleció el pasado junio. Ninguno de los dos ha podido ser sustituido como consecuencia de la parálisis institucional a la que aboca el bloqueo a la renovación del CGPJ y la reforma que le impide hacer nombramientos con el mandato vencido.
En palabras de Lesmes la situación ya es “límite” en el Supremo, donde hay 14 vacantes sin cubrir de una planta de 79 magistrados. Hasta la aprobación de esa norma, el CGPJ había realizado 74 designaciones en los principales tribunales, 21 de ellos en el Supremo, donde se mantienen hasta la jubilación. El también presidente del Alto Tribunal dio como alternativa a la renovación la restitución de la competencia para hacer esos nombramientos que le fue retirada hace año y medio. Esa norma, promovida por PSOE y Unidas Podemos y que contó con un amplio respaldo parlamentario, ha provocado el mayor “estropicio” de la cúpula judicial en toda la democracia, según Lesmes.
Lesmes ha lanzado este órdago cuando vive sus horas más bajas al frente del órgano de gobierno de los jueces. El inicio del curso judicial ha sido complicado para él, que no ha logrado convencer a los vocales del sector conservador para realizar en plazo —antes del 13 de septiembre— los nombramientos del Tribunal Constitucional que corresponde hacer al CGPJ. Ocho de los diez vocales del ala conservadora pactaron boicotear por el momento estas designaciones y se mostraron abiertos a explorar acuerdos sólo si antes se fijan las “reglas del juego” y se respetan los “tiempos de decisión” del CGPJ. Este movimiento evidencia, en cualquier caso, que Lesmes ha perdido el “control” sobre el sector que lo aupó a la presidencia hace nueve años.
Además, ha tenido que hacer frente en los últimos días a informaciones periodísticas que apuntan que detrás de su voluntad de que el CGPJ cumpla la ley y nombre a estos magistrados esté su interés de ser aupado al Constitucional, un extremo que ha negado tajantemente. Tras haberlo sugerido en su discurso la posibilidad de dimitir, Lesmes aclaró en conversación con los periodistas que su idea es dejar culminadas o, al menos encarriladas, las negociaciones para la renovación del Tribunal Constitucional y, después, marcharse si se mantiene el bloqueo. Su renuncia dejaría descabezada la tercera institución del Estado y, posiblemente, arrastraría a otros vocales, lo que comprometería todavía más un órgano que ya tiene vedada su función esencial de hacer designaciones en los principales tribunales.