El Gobierno colombiano firmó este miércoles un crédito con el Banco Mundial (BM) por 100 millones de dólares para hacer una actualización catastral de al menos 360.000 predios y la titulación de 65.000 propiedades en todo el país, informaron fuentes oficiales.
El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que el empréstito otorgado por BM permitirá “pasar del 5,6 % del área con información catastral actualizada, al 60 % en 2022 y al 100 por ciento en 2025”.
“Brindará información confiable para mejorar ordenamiento territorial y crear políticas públicas más efectivas”, añadió el mandatario.
La actualización del catastro de Colombia fue uno de los temas del acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC, ahora convertida en partido político, que considera que la falta de acceso a la tierra fue uno de los orígenes del conflicto armado interno.
El director del estatal Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo, afirmó que el Catastro Multipropósito servirá para actualizar “los primeros cinco millones de hectáreas en el país, permitiendo, aproximadamente, la información multipropósito, en materia catastral, de 360.000 predios”.
Adicionalmente, permitirá hacer 65.000 titulaciones en el país, con un enfoque diferencial y étnico, que representarán 26.000 títulos que serán otorgados a mujeres rurales en el país.
El funcionario detalló que de los 150 millones de dólares del empréstito para la actualización catastral, 100 millones se formalizaron con la firma del contrato con el Banco Mundial este miércoles y los restantes 50 millones serán con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se confirmarán en agosto próximo.
Oviedo añadió que la operación permitirá el fortalecimiento de las empresas que ejecutarán la actualización del catastro como lo son el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Superintendencia de Notariado y Registro y la Agencia Nacional de Tierras.
Detalló que la actualización del catastro hará énfasis en los municipios que no tienen Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que no cuentan con cartografía y tienen altos índices de informalidad.
También buscará impactar a municipios que tengan problemas de violencia y en otros que tengan poca capacidad fiscal.
Por su parte, la directora del IGAC, Evamaría Uribe, dijo que “vamos a descentralizar el catastro de manera inmediata a más de 150 municipios, que creemos están en plena capacidad para colaborar con el Gobierno”.
Enfatizó que “un catastro actualizado es el principio de solucionar los problemas y los conflictos de tierra en este país”.
“Empezamos por donde era y el compromiso del IGAC es avanzar con la regulación y apoyando a los municipios para que se empoderen en la actualización”, agregó Uribe.
El subdirector de Planeación Nacional, Rafael Puyana, comentó que “los municipios mantienen su autonomía fiscal y lo que hace el catastro es entregar la foto en temas que van mucho más allá y los distintos usos para la planificación agropecuaria, ambiental, minera. Ese tipo de información es vital”.
Igualmente, anotó que las experiencias mundiales han demostrado que cuando se hicieron actualizaciones de catastro se evidenció que “vieron aumentados sus ingresos en un 25 ó 30 %, sin que haya necesidad de subir tasas”.
A su turno, el viceministro de Desarrollo Rural, Javier Pérez, destacó que la política de catastro es la “que más recoge los ejes del Gobierno”.
“Legalidad implica que los campesinos tengan sus títulos, y un campesino con título es un campesino que no cultiva coca, no deforesta y, por ende, está inmerso en la legalidad”, dijo el funcionario.