La Comisión Europea afirma que “existen estándares europeos para las reformas judiciales importantes, de calado”, lo que requiere “consultar previamente a los partes implicadas”. Así lo han señalado fuentes comunitarias a elDiario.es, apenas 12 horas después de que el Tribunal Constitucional prohibiera la tramitación de la reforma con la que PSOE y Unidas Podemos pretendían renovar el propio tribunal de garantías.
El Ejecutivo comunitario recuerda que, en el pasado, ha criticado reformas exprés de calado en otros países –como Rumanía o Polonia– y ha insistido en que considera oportuno, para abordar reformas de calado, un diálogo previo con el CGPJ, asociaciones de fiscales, de jueces, o incluso la Comisión de Venecia.
La posición expresada este martes por las fuentes comunitarias también se asimilan a las declaraciones que se hicieron cuando PSOE y UP buscaron desbloquear la renovación del CGPJ, que lleva cuatro años congelada por parte del PP, con una reforma legal que redujera las mayorías necesarias para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
La Comisión Europea entiende que es el Constitucional el órgano competente para “dirimir cualquier duda o queja al respecto”. Así, se considera que el fallo del TC tiene que ver sobre el procedimiento y no sobre el fondo de la reforma.
“Lo que puedo decir sobre los últimos acontecimientos”, ha dicho el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, “es que seguimos muy de cerca la situación en España, que estamos al tanto de la decisión del Tribunal Constitucional español”.
El portavoz ha añadido: “No solemos comentar las sentencias de los tribunales constitucionales. Por supuesto, esperamos que todas las autoridades y actores nacionales actúen siempre de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos a nivel nacional”. En este sentido, fuentes de la Comisión han reconocido que tanto el Gobierno como las Cortes han mostrado su disposición a cumplir con el fallo del Constitucional.
“En cuanto al proyecto de ley, no comentaremos en este proceso mientras sea un borrador”, ha proseguido Wigand: “Sin embargo, continuaremos pendientes de estas reformas, en particular en el contexto del informe sobre el estado de derecho”.
Bloqueo judicial
El portavoz comunitario también ha aludido a su “posición firme y clara” con respecto a la “urgencia” en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, algo que se traslada en el mandado caducado no ya de vocales del CGPJ, sino de jueces del TC que votaron el fallo del lunes por la noche.
En este sentid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este martes a mover ficha para impedir que organismos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el tribunal de garantías sigan bloqueados, aunque no adelanta cuáles son sus planes. “Conforme a la ley y la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y el Constitucional”, ha expresado el presidente del Gobierno en una declaración institucional sin preguntas en el Palacio de la Moncloa este martes.
“En el día de ayer el Tribunal Constitucional acordó, por una diferencia mínima, una decisión sin precedentes en 44 años. Lo que hizo fue paralizar la acción de las Cortes Generales, que además afecta a la renovación del Tribunal Constitucional conforme a lo que establece la Carta Magna”, ha comenzado el presidente en su breve intervención en la que ha calificado la situación, entre otras cosas, como un “choque institucional grave”. Sánchez ha enfatizado la necesidad de respetar la “voluntad popular” expresada en las urnas en 2019.
Al igual que habían hecho el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y los presidentes del Congreso y el Senado, Meritxell Batet y Ander Gil, Sánchez ha asegurado que acatan el fallo del Constitucional, pese a no compartirlo. Por el momento, la Cámara Alta ha proseguido la tramitación de la reforma exprés del Código Penal en lo referente a la malversación y la sedición para que se apruebe el jueves y ha paralizado la parte que afectaba a la renovación del tribunal de garantías.