No ha sentado bien en el equipo del comisario de Justicia, Didier Reynders, que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, dijera que en Bruselas hay “cero preocupación” por la situación del estado de derecho en España en relación a la ley de amnistía mientras el gobierno comunitario ha dejado claro que está analizando el texto y, sobre todo, que quiere esperar al fin de la tramitación para ver en qué acaba. “La Comisión Europea no ha dicho aún que la ley de amnistía no suscite ninguna preocupación”, ha respondido este viernes el portavoz de la Comisión Europea, Christian Wigand, preguntado en una rueda de prensa por las palabras de Bolaños.
El portavoz de la Comisión ha dicho que las reuniones de Bolaños con Reynders, y también con la vicepresidenta para Valores y Transparencia, Vera Jourova, fueron “constructivas”, pero ha recordado que “las discusiones y los intercambios con España continúan”. “En la reunión, el comisario informó, por supuesto, al ministro de que tenemos preguntas y de que queremos continuar la conversación con las autoridades españolas. Además, nuestro análisis continúa”, ha explicado Wigand.
En el Ministerio de Presidencia y Justicia justifican que Bolaños no dijo que hubiera “cero preocupación” por la amnistía sino sobre la situación del estado de derecho en relación a esa norma. “Sobre esta ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación, cero, ninguna”, fueron las palabras de Bolaños en una rueda de prensa tras las reuniones con los miembros del gobierno comunitario.
Reynders, que pertenece a la familia liberal, envió una carta al Gobierno en plenas negociaciones con Junts para pedir información sobre el “alcance” de la amnistía. Lo hizo antes incluso de que se presentara el texto. Una vez registrado en el Congreso, Bolaños se lo hizo llegar. Desde entonces, en la Comisión Europea han evitado hacer comentarios al respecto, aunque a priori el texto deja fuera aspectos que generaban inquietud, como el denominado lawfare. Entre las excepciones que recoge la ley para la aplicación de la amnistía, hace una mención expresa a “los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea”.
En la Comisión Europea quieren esperar, no obstante, a que finalice la tramitación parlamentaria. “Como guardiana de los tratados, nosotros tenemos que examinar la compatibilidad con el derecho comunitario (...). De manera independiente y objetiva la Comisión llevará a cabo este análisis, sobre este proyecto de ley pero también lo hará con respecto a las enmiendas que puedan surgir en la tramitación parlamentaria y todos los textos que se han llevado a cabo en el marco de la formación del Gobierno en España”, señaló Reynders. A eso se aferra la derecha española en la ofensiva que ha lanzado en Bruselas contra la ley.
Fuentes del Gobierno aseguran que en la tramitación de la norma no se incluirá nada que pueda vulnerar el estado de derecho. Respecto a las comisiones de investigación parlamentarias, que es donde se introduce el concepto de lawfare que genera suspicacias, Bolaños aseguró que no enmendarán la plana al sistema judicial.
“Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”, señala el documento rubricado por PSOE y Junts.
“Esas comisiones de investigación forman parte de un acuerdo de formaciones políticas y, como ha pasado tantas veces, van en paralelo a investigaciones judiciales. Ninguna comisión de investigación puede afectar a ningún procedimiento judicial. No hay ninguna comisión que pueda afectar al trabajo de los jueces”, respondió Bolaños a las preguntas de los periodistas en Bruselas. “El estado de derecho en España funciona”, remató.