España se enfrenta a una sanción de la Unión Europea por la gestión de los contratos del privatizado Hospital de Burgos. La Comisión Europea ha abierto un “procedimiento de infracción” por las modificaciones que la Junta de Castilla y León aprobó respecto al contrato inicial de las obras. El centro pertenece a una empresa privada que se encargó de la edificación y que tiene la adjudicación de todos los servicios no asistenciales. Frente a los 242 millones de euros presupuestados inicialmente, el centro lleva ya gastados más del doble.
Bruselas sospecha que el Gobierno regional infringió la normativa al aprobar modificaciones del contrato inicial para ampliar los presupuestos por la edificación y el equipamiento del centro, que tiene todos sus servicios no asistenciales en manos de un conglomerado empresarial en el que participa un fondo de capital riesgo del Banco Santander, OHL y una sociedad de Miguel Méndez Pozo, el empresario condenado por corrupción en los 90 que está detrás de un buen número de proyectos urbanísticos en Burgos, como el bulevar de Gamonal o la plaza de toros.
La Comisión Europea da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para que transmitan sus “observaciones formales”, según figura en una comunicación a la que ha tenido acceso eldiario.es. Bruselas ha iniciado este proceso sancionador a partir de una denuncia de un particular presentada en agosto de 2013.
Este organismo pidió por escrito a las autoridades españolas “clarificaciones” sobre los contratos del Nuevo Hospital de Burgos en febrero de este año y, en una reunión mantenida en Madrid apenas un mes y medio más tarde, abordaron el sobrecoste del centro. La Comisión Europea admitió hace poco más de un mes que había recibido “información incompleta” por parte del Estado español.
“Irregularidades” en manos de la Fiscalía
El centro, que costará en 30 años más de 2.000 millones de euros a los burgaleses, es objeto de varias investigaciones por las posibles “irregularidades contables y administrativas en el proceso de adjudicación, contratación y gestión del hospital”. Además del procedimiento abierto abierto en Bruselas, la Fiscalía tiene en sus manos la documentación que le ha transmitido el Tribunal de Cuentas tras una denuncia del PSOE.
Los socialistas pusieron en conocimiento del órgano fiscalizador el sobrecoste de 286 millones de euros del hospital para que analizara el proceso de ampliaciones presupuestarias concedidas al conglomerado empresarial que se hizo con la adjudicación. El secretario general del PSOE, Luis Tudanca, denunció en su momento que la Junta de Castilla y León dio un “trato de favor” a esas sociedades.
Una empresa pública de la Junta –Sociedad Patrimonial de Castilla y León SA– solicitó al Banco Europeo de Inversión un crédito de 128 millones que la propia Junta avaló. Desde esa sociedad pública, el dinero llegó después a la empresa privada que gestiona el hospital, a pesar de que el dinero de este banco público europeo no se puede destinar a iniciativas privadas.
Además de los modificados del proyecto inicial, el coste se disparará en los próximos años por las compensaciones otorgadas a la concesionaria a pesar de los retrasos que provocó en la construcción del centro, que se inauguró en 2012, tres años más tarde de lo previsto. La Gerencia Regional de Salud calculó una rentabilidad anual de alrededor del 7% para los adjudicatarios en su primer plan de negocio. Con las sucesivas ampliaciones de presupuesto, el Gobierno autonómico compensó los sobrecostes para mantener la rentabilidad en un porcentaje similar: el 6,92%.
Dinero para “necesidades inexistentes”
El último frente abierto en el Gobierno de Castilla y León es la petición del PSOE de que anule los contratos con los que aprobó una serie de modificaciones para cubrir “necesidades inexistentes” que ya figuraban en el proyecto original o que no se han llevado a cabo. Entre esas ampliaciones, que suman unos 100 millones de euros, los socialistas destacan el Instituto de Investigación Sanitaria que “no se ha puesto en marcha”; las “necesidades relativas a las tecnologías de la información y la comunicación” que debían correr a cargo de la adjudicataria según el primer contrato;y el helipuerto, que ya estaba contemplado en el redactado inicial.
Además, los socialistas denuncian que otro modificado se justificó en la calificación del hospital como centro universitario y que el área destinada a la docencia y la investigación se redujo con esa segunda versión. En el proyecto original (abril de 2005) aparecían reflejados 1.608,21 metros cuadrados destinados a la Unidad de Soporte Asistencia y Docencia e Investigación“, mientras que ese área se redujo a 1.280,58 metros cuadrados en el proyecto modificado en 2009.