Una vez más la Comisión Europea reprocha a España que no haya renovado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se encamina a los cinco años en funciones por el bloqueo del Partido Popular. El informe sobre el estado de derecho de 2023 vuelve a exigir que se elija un nuevo órgano de gobierno de los jueces y que, posteriormente, se inicie el proceso de reforma para modificar el sistema de elección. Lo hace por cuarta vez consecutiva. Una de las excusas que han puesto los conservadores -Pablo Casado, primero, y Alberto Núñez Feijóo, después- es que primero se cambiara el modelo para que los jueces elijan a su órgano de gobierno para proceder a la elección de una nueva cúpula.
“Proceder con la renovación del Consejo General del Poder Judicial es un asunto prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, el proceso para adaptar el nombramiento de sus miembros teniendo en cuenta los estándares europeos”, señala el informe en línea con lo que el gobierno comunitario lleva reclamando años mientras el PP mantiene el bloqueo.
Aunque el informe muestra una mejora generalizada de la eficacia de la justicia, Bruselas muestra “serias preocupaciones” por el bloqueo del CGPJ en España y menciona la situación del Tribunal Supremo, que tiene encallados numerosos nombramientos dado que el órgano de gobierno de los jueces no puede hacer nombramientos mientras se encuentra en situación de interinidad. El informe hace alusión a la reforma legislativa que impulsó la coalición para presionar al PP a llegar a un acuerdo en 2021 al limitar el poder del CGPJ y apunta a que un 30% de los puestos están “vacantes”, además de 20 en los tribunales provinciales. “La falta de renovación del CGPJ está afectando negativamente al trabajo del Supremo y del sistema de justicia en su conjunto”, reprocha la Comisión, que recuerda que las salas con más carga de trabajo están dictando 1.230 sentencias menos.
Con la negativa a renovar el CGPJ, el PP ha conseguido el objetivo de mantener el bloqueo hasta después de las generales. La intención de Feijóo es, además, blindar el poder conservador en la carrera judicial al plantear una reforma del sistema de nombramientos del CGPJ que limitará el peso de los vocales elegidos por Congreso y Senado y dará la mayoría a los designados por los jueces, y devolver mientras tanto al actual, caducado hace más de cuatro años, el poder de elegir de forma vitalicia hasta una veintena de magistrados del Supremo.
Bruselas aguarda a las elecciones
La vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourova, quien, consciente del clima electoral en España, ha asegurado emplazado a los grupos a abordar la renovación “de forma prioritaria” y que tienen las “mismas expectativas independientemente de quién esté en el Gobierno y de qué partido gane las elecciones”: “Habrá que esperar a que los ganadores actúen. Nosotros seguiremos repitiendo que es una prioridad e indispensable para corregir una serie de problemas pendientes”.
“En los últimos meses hemos intentado organizar proceso para apoyar un acuerdo entre los partidos principales para la renovación del CGPJ y luego la reforma del sistema de elección, pero hasta ahora ha sido imposible. Así que empezaremos de nuevo tan pronto como sea posible, cuando haya un nuevo Parlamento y un nuevo Gobierno. Estamos a disposición de las autoridades para ayudar al proceso para organizar esa reforma, que es realmente importante”, ha expresado el comisario de Justicia, Didier Reynders.
Por el contrario, el ejecutivo comunitario aplaude el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Casado acabó transigiendo con el tribunal de garantías para colocar a dos afines: Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. El Gobierno hizo lo propio posteriormente al designar al exministro Juan Carlos Campo y a una antigua alto cargo de Moncloa, pero se desbloqueó también la posibilidad de que el CGPJ pudiera hacer sus nombramientos.
Una alusión a la reforma de la malversación que seguirá estudiando
La Comisión Europea también reprocha a España que no haya modificado el estatuto fiscal para que la Fiscalía General del Estado tenga una mayor independencia del Gobierno. Y esa sigue siendo otra de las recomendaciones que Bruselas le hace, además de insistir en la necesidad de regular los lobbies -creando un registro- y fortalecer la persecución de los conflictos de interés otorgando incluso capacidad sancionadora a la Oficina de Conflictos de Interés.
Aunque el Ejecutivo comunitario reconoce que se impulsó una reforma de la ley de secretos oficiales que el adelanto electoral ha impedido avanzar, deja entre las recomendaciones la necesidad de rebajar el tiempo del secreto de las informaciones clasificadas. Igualmente, recoge el cambio legislativo para acortar los plazos de instrucción de las investigaciones judiciales pero deja entre los deberes pendientes “intensificar los esfuerzos” en esa dirección.
Respecto a los cambios que Pedro Sánchez introdujo en el Código Penal para contemporizar el conflicto en Catalunya y que la derecha española denunció en Bruselas, el informe solo hace una alusión a la reforma y a las críticas que ha recibido. “La reforma de los delitos de corrupción introdujo el delito de enriquecimiento ilícito y revisó el delito de malversación, incluyendo rebajas de las penas en algunos casos, lo que fue criticado por las partes implicadas”, señala el texto.
“La sociedad civil expresó críticas sobre la reforma del delito de malversación, en particular en lo que respecta a la reducción de las penas asociadas y el catálogo general de delitos considerados relevantes. Además, ponen en duda la introducción de la condición del ”fin de lucro“, cuya presencia o ausencia supondría la aplicación de un conjunto diferente de sanciones para una autoridad o funcionario que se apropia indebidamente de bienes públicos para sí o para un tercero”, profundiza.
El informe no emite ninguna opinión al respecto, aunque en Bruselas están analizando los efectos de la reforma que se aprobó en diciembre. “Hemos dicho ya que estamos evaluando las implicaciones para ver si hay consecuencias negativas con esa reforma en las penas de malversación”, se ha limitado a responder el comisario. La intención del ejecutivo comunitario es armonizar las penas por corrupción en el conjunto de la UE e hizo una propuesta en la que planteaba un endurecimiento del castigo por malversación respecto a la legislación vigente en España. No obstante, la normativa tiene aún que negociarse con el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo.
El informe recoge una crítica a la actividad legislativa vía decreto que se ha dado en los últimos años. “Aunque hay salvaguardas que aseguran la consulta pública de las propuestas legales que prepara el Gobierno, hay preocupaciones en relación a ciertas prácticas en el Parlamento que pueden tener un impacto en la calidad de la legislación”, apunta el informe.