Más de la mitad de las celdas y calabozos ubicadas en las instalaciones de la Policía Nacional no tienen cámaras de videovigilancia en su interior. En una respuesta parlamentaria a los diputados de Unidos Podemos Juan Antonio Delgado y Rafael Mayoral, el Gobierno reconoce que 153 de las 272 áreas de detención no disponen de estos sistemas de grabación continua en esas estancias. Las otras 119 sí disponen de ellas.
En un protocolo aprobado el 1 de octubre de 2015, el Ministerio del Interior capitaneado entonces por Jorge Fernández Díaz (PP) se comprometió a que “todas” las celdas y salas de aislamiento de las nuevas construcciones dispusieran de cámaras con circuito cerrado de televisión que, además, tendrían que ser “antivandálicas e inaccesibles al detenido”. En los casos de rehabilitaciones, reformas, ampliaciones o adaptaciones de infraestructuras ya existentes, la obligatoriedad del cumplimiento de este protocolo quedó condicionada por la “viabilidad técnica” del edificio en cuestión.
A través de esa Instrucción, firmada por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, hoy diputado del PP en el Congreso, Interior se comprometía a hacer realidad de forma progresiva una recomendación de la Defensora del Pueblo que, en enero de 2011, había instado a este departamento a instalar mecanismos de videovigilancia y videograbación en todas las dependencias en las que, por la razón que fuera, permanezcan personas detenidas. Todo ello, con el objetivo de “garantizar los derechos de los detenidos y de los propios funcionarios y personal que presta servicio en estas instalaciones”.
A preguntas de eldiario.es, un portavoz del Ministerio del Interior que preside ahora Fernando Grande-Marlasca confirma que su departamento está haciendo una “implantación progresiva” de estos dispositivos. Confirma, además, que “gran parte” del presupuesto del Área de Telecomunicación, que depende de la Subdirección General de Logística e Innovación, se invierte tanto en la instalación de cámaras de vídeovigilancia en las áreas de detención que carecen de ellas como en el mantenimiento de las existentes.
Una inversión de 12,7 millones de euros
En la respuesta a la pregunta parlamentaria formulada por los diputados de Unidos Podemos, el Gobierno explica que desde la entrada en vigor de la citada instrucción se han acometido anualmente obras de acondicionamiento y mejora en las áreas de detención “según las necesidades y la disponibilidad presupuestaria”.
No obstante, el Ejecutivo admite que en 191 de las 272 existentes se debe realizar todavía “algún tipo de acondicionamiento” para adaptarse a este protocolo. La previsión de gasto total para acometer esas mejoras, que se irán ejecutando cuando la dotación presupuestaria lo permita, supera los 12,7 millones de euros.
En una comparecencia en el Congreso en febrero de 2017, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, dijo no comprender por qué el Ministerio del Interior no realizaba las mejoras sugeridas respecto a comisarias y calabozos y se refirió específicamente a la instalación de sistemas de videovigilancia. “Seguiremos insistiendo, porque no son cuestiones difíciles, ni costosas”, aseguró antes de afirmar que en muchas ocasiones no se hacía por falta de dotación económica.
Fuentes de Unidos Podemos, el grupo que hizo esta petición de información en el Congreso, señalan que estos datos “prueban el desmantelamiento al que el Gobierno del PP ha sometido a los servicios públicos en favor de la privatización”. “Esto se evidencia, por un lado, en la falta de recursos en las plantillas de la Policía y de la Guardia Civil, pero también en la falta de interés por cumplir con la normativa en lo que se refiere a las cámaras de vigilancia”, subrayan estas mismas fuentes.
En el grupo confederal destacan que avanzar en el cumplimiento del protocolo aprobado en 2015 es importante porque supone un beneficio en dos direcciones: garantiza la defensa de las personas detenidas pero también protege a los agentes que custodian a los detenidos. Por ejemplo, para que no se produzcan denuncias falsas en su contra. “Estas cifras evidencian la falta de respeto que el Gobierno del PP ha profesado tanto a los derechos humanos como a la protección de los agentes poniendo en marcha instrucciones vacías de contenido”, concluyen.