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CRÓNICA

Casado aplica el manual de Donald Trump

Casado visita un secadero de jamones de Guijuelo el 31 de enero.

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Pablo Casado no aplaudió en los segundos posteriores al error de Meritxell Batet cuando esta dio por derrotado el decreto de la reforma laboral. Muchos diputados del PP se levantaron para mostrar su alegría por lo que creían que era una resonante derrota del Gobierno. Cuca Gamarra y Teodoro García Egea aplaudían pero sin levantarse del escaño. Su líder parecía haberse quedado en estado un poco catatónico. Tenía que saber que los dos diputados de UPN habían decidido traicionar a su partido y votar en contra del decreto. Pero los números de la votación que había dado Batet inicialmente mostraban que había salido adelante por un solo voto.

Es posible que el cerebro de Casado se hubiera quedado en modo stand by. Estaba cargando la información que le llegaba antes de empezar a procesarla. Al poco, apareció en el hemiciclo el político más famoso en España en estos momentos. Alberto Casero, uno de los diputados que forman parte del círculo de confianza de García Egea, se había equivocado tres veces esa tarde al ejercer el voto por vía telemática. Una de ellas fue esencial para aprobar la reforma laboral.

Cómo iba a volver a su función principal –trasladar las órdenes de Egea a las direcciones regionales del partido– después de dar ese ejemplo de cómica incompetencia. Alegó que la web desde la que los diputados votan fuera del hemiciclo aportando su nombre de usuario y contraseña había cambiado el sentido de su voto. Es algo que no ha ocurrido nunca en el Congreso, aunque sí en un episodio de Los Simpson, por si el Tribunal Constitucional necesita algún precedente para deliberar sobre eventuales recursos.

Alberto Casero había hecho un Homer Simpson. Casado y el PP no necesitaban más. Decidieron ahorrarse el bochorno y anunciar al mundo que se había producido un “pucherazo”. Una convulsionada Gamarra convocó a los periodistas para comunicarles el drama. Pero luego se largó de inmediato y no aceptó contestar preguntas de los periodistas, sencillamente porque no tenía las respuestas.

Varios diputados del PP mostraron en Twitter párrafos del reglamento del Congreso –nadie había telefoneado a Casero para confirmar su voto– ignorando a sabiendas que un acuerdo unánime de la Mesa del Congreso había anulado ese requisito en marzo de 2020. Lo sabían porque ellos han votado por vía telemática en varias ocasiones durante la pandemia y unos cuantos diputados se han equivocado al ejercer el derecho al voto de esta manera.

Todo eso, unido al hecho de que Casero no podía demostrar con pruebas que el error no era suyo, pasó de repente a ser secundario. Su portavoz en el Senado, Javier Maroto, lo confirmó en una entrevista el viernes al calificar de “irrelevante” que fuera un error humano o informático. Exigió la repetición de la votación. Lo que importaba era denunciar el “atropello” o el “fraude democrático” ocasionado cuando Casero pinchó en la zona equivocada de su pantalla.

Además del consabido recurso al Tribunal Constitucional, donde espera tener un público receptivo, Casado apuntó directamente el viernes a Batet: “Vamos a pedir a la Mesa del Congreso que reconsidere este atropello. Si no lo hace de inmediato, la presidenta del Congreso podría estar prevaricando, y tendría consecuencias judiciales para ella”. Con el PP, enseguida terminas llegando a las amenazas, como cuando un grupo criminal avisa a un comerciante de lo que le puede pasar si no paga una cantidad mensual a cambio de protección.

El PP dio un paso más el viernes al exigir a Batet que no envíe la resolución para su publicación en el BOE, que supondría la confirmación definitiva del decreto. Ese es un requisito formal, preceptivo después de una votación. Si Batet no lo llevara a cabo, entonces sí que se le podría acusar de prevaricación, ya que entre sus funciones no está la de decidir al día siguiente qué votaciones de la Cámara tienen validez y cuáles no.

En Estados Unidos, Donald Trump exigió a su vicepresidente, Mike Pence, que rechazara el 6 de enero de 2021 la convalidación de los votos electorales aportados por cada Estado y que certificaban la victoria de Joe Biden en las elecciones. Se trata de un acto protocolario en el que el vicepresidente preside la sesión del Senado sin que la Constitución le permita intervenir de otra manera. Pence se negó después de consultar a expertos jurídicos.

Entre las artimañas de la conspiración posterior, los abogados de Trump acusaron a la empresa fabricante de las máquinas con las que se vota en EEUU de haber hackeado los aparatos –en connivencia con personas relacionadas con George Soros y el Gobierno de Venezuela y ayudados por “inmensas cantidades de dinero comunista”– para robar la victoria a Trump.

Decenas de autos judiciales en su contra y la ausencia de pruebas reales sobre el supuesto fraude no han impedido a Trump mantener la conspiración sobre el fraude que le arrebató la victoria en las urnas. Ni le han restado apoyo entre la mayoría de los votantes republicanos para los que es la primera opción de cara a las elecciones de 2024.

El expresidente norteamericano ha creado el modelo en que se mira el PP para cuestionar la legitimidad del Gobierno en España y sus principales decisiones. No importa las pruebas que tengas. Lo que cuenta es sostener que el rival político es un enemigo de la democracia dedicado a prácticas fraudulentas.

Si lo de la trama denunciada por los abogados de Trump en la que figura hasta Venezuela suena a chiste, no es menos ocurrente la que se inventó en la noche del miércoles el director de comunicación digital del PP, para el que un gesto de Sánchez en la confusión surgida tras el primer error de Batet confirma sin lugar a dudas que todo estaba preparado.

Casado incidió en la idea de la conspiración general cuando dijo que el Gobierno ya ha intentado controlar “la Fiscalía, el Consejo de Estado, los reguladores, la CNMC y la CMNV, el CGPJ, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y ya solo les quedaba atacar al Parlamento”. En realidad es el Partido Popular el que ha cuestionado el sistema de voto telemático del Parlamento después de que los servicios informáticos y los letrados de la Cámara hayan confirmado que no hubo ningún error técnico en su funcionamiento.

El PP lo tendría más complicado si no recibiera tanta cobertura mediática favorable con este tipo de actuaciones. La Razón tituló en portada el viernes que “la reforma laboral se convalida vulnerando los derechos fundamentales”, como si fuera un hecho obvio. Carlos Herrera llamó indecente en la COPE a Batet por no repetir la votación. Juan Carlos Girauta lo definió en ABC como “una violación en vivo de la esencia parlamentaria”. Juan Manuel de Prada optó por otra conspiración, “un tongo con luz y taquígrafos” en el que el PP habría encargado a Casero que votara a favor para permitir la aprobación de la reforma.

El ABC destacó como primera noticia en la tarde del viernes en su web que “el TC reprochó (en 2006) al Parlamento vasco no revisar un voto erróneo por un fallo técnico”. El propio artículo indica que no existió ese voto erróneo. El sistema de votación en el escaño de una diputada socialista no funcionó, por lo que ni siquiera pudo votar (Casero evidentemente sí votó).

Quien sí cuestionó desde la derecha la campaña del PP fue Federico Jiménez Losantos. Básicamente porque no puede ver a García Egea por su enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso: “A ver, Pablo, que tienes en tu mano derecha a un tonto (por Egea) cuya mano derecha es lelo (por Casero). Han quedado como idiotas. Dicen que es un error informático. No hay ningún error informático. Se confirma el y el no dos veces en el ordenador. Estaría viendo porno”.

No está claro qué es peor para la salud democrática del país. Que el PP sostenga que el Gobierno corrompe todas las instituciones a cuenta del error de uno de sus diputados o que la única crítica clara y rotunda desde la derecha esté confeccionada a base de insultos.

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