El Partido Popular está buscando nuevas vías para hacer oposición al Gobierno después de que el martes una amplísima mayoría del Congreso rechazara el llamado “plan B” jurídico, la principal propuesta que Pablo Casado lleva planteando desde la primera oleada de la pandemia para hacer frente a la “nefasta” gestión que, a su juicio, ha llevado a cabo el Ejecutivo progresista, al que constantemente acusa de “mentir” y de “ocultar” la dimensión real de la crisis sanitaria.
La iniciativa legislativa que contó con el apoyo del propio PP, PNV, Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN, y a la que dijeron 'no' el resto de grupos, incluidos Ciudadanos y Vox –socios de los populares en comunidades y ayuntamientos–, fue siempre presentada por Casado como la alternativa al estado de alarma, única herramienta constitucional que permite limitar derechos como el de la libertad circulatoria –lo que afecta de lleno a los confinamientos y las cuarentenas–, considerada por el PP como parte de la supuesta estrategia del equipo de Pedro Sánchez para instaurar una “dictadura” en España.
Tras la contundente derrota parlamentaria del martes –98 síes frente a 249 noes y una abstención–, la dirección popular ha decidido aparcar la batalla jurídica sobre la gestión de la pandemia y diversificar su labor de oposición al Gobierno.
Los de Casado han recuperado uno de los habituales mantras de la derecha contra los gobiernos progresistas, intentando vincular a la izquierda con la ya desaparecida banda terrorista ETA. Génova 13 busca además desgastar al Ejecutivo utilizando la crisis migratoria que afecta en las últimas semanas especialmente a las Islas Canarias, y lanzándose a las calles contra la nueva ley educativa, conocida como Ley Celaá –en alusión a la ministra del ramo, Isabel Celaá–, aprobada este jueves por el Congreso.
Pactos con “los asesinos de Hipercor”
La predisposición manifestada por EH Bildu para apoyar los Presupuestos Generales del Estado ha sido aprovechada por el PP para volver a relacionar a PSOE y Unidas Podemos con ETA, así como un nuevo argumento para mantener el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde 2018 por la negativa de la dirección de Pablo Casado a acordar con el Ejecutivo progresista.
Aunque los socialistas han insistido durante los últimos días en que no existe ningún acuerdo con la formación independentista, Casado lo da por hecho y, como ejemplo, vincula el apoyo a las cuentas de la coalición abertzale con los recientes traslados a cárceles próximas al País Vasco de algunos presos de la banda, obviando que los acercamientos también se produjeron durante los mandatos de otros gobiernos, incluidos los del PP.
Génova 13 ha dado la orden a todos los cargos del partido de que esa supuesta cesión a EH Bildu sea denunciada en todas las comparecencias públicas de los populares. El lunes, el equipo de Casado envió un argumentario interno –consignas que la dirección del PP hace llegar cada día a todos sus dirigentes– instando a todos sus cargos a utilizar ese posible apoyo presupuestario para desgastar al PSOE en todas las instituciones.
El texto, al que tuvo acceso elDiario.es, exigía a los distintos representantes del partido en toda España que presenten “mociones en diputaciones y Parlamentos regionales” con el objetivo de generar fisuras en las filas socialistas, aprovechando el descontento manifestado por algunos barones del PSOE, así como por exdirigentes del partido, ante el posible entendimiento con la formación independentista vasca.
El miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, Casado elevó aún más el tono contra el Ejecutivo por ese supuesto acuerdo con EH Bildu. “Usted ha pactado con los asesinos de Hipercor”, le dijo el líder del PP al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en alusión al atentado que ETA perpetró en 1987 en el citado centro comercial de Barcelona, asesinando a 21 personas, y dando así por hecho que los miembros de la formación independentista vasca formaron parte también de la organización terrorista, que anunció el final de la violencia hace nueve años y su desaparición total, hace dos.
“Tienen a políticos batasunos que eran los que daban datos para luego marcar a las víctimas, como pasó con Miguel Ángel Blanco”, aseguró Casado durante su intervención parlamentaria refiriéndose a EH Bildu.
El líder de los populares también se arrogó entonces la defensa de las víctimas del terrorismo, otra actitud clásica del PP cuando gobierna la izquierda, lo que le costó el reproche de varias de ellas, como Maria Jauregi –hija del exgobernador civil de Gipuzkoa Juan Mari Jauregi, asesinado por ETA en 2000–, el periodista Gorka Landaburu –a quien una bomba de la banda mutiló parcialmente en 2001– o incluso Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP en San Sebastián asesinado a tiros por ETA en 1995, que en un reportaje en El País acusó directamente a Casado de “manipular la realidad y crear una polémica falsa con los acercamientos”.
El “efecto llamada” y la dimisión de Marlaska
La inmigración, un asunto que Casado ya agitó contra el Gobierno nada más llegar a la presidencia del PP, en el verano de 2018, asumiendo parte del discurso de Vox y acusando al Ejecutivo de generar un “efecto llamada”, vuelve a ser ahora otro de los arietes de los populares en su labor de oposición al equipo de Sánchez, con motivo del aumento de las llegadas de inmigrantes a las costas españolas de los últimos días. El propio Casado tiene previsto desplazarse este fin de semana a las Islas Canarias, uno de los lugares al que más inmigrantes han llegado en las últimas semanas y cuyos centros de acogida se encuentran saturados.
“Ustedes son un efecto llamada en sí mismos, señor Marlaska. Ustedes son un chollo para las bandas que trafican con inmigrantes. Su política migratoria es descoordinación”, le dijo el miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la diputada popular Ana Belén Vázquez, cuyo crispado perfil está siendo promocionado por la dirección de Casado, que paradójicamente trata de escenificar su enésimo giro al centro para competir electoralmente con Ciudadanos y el PSOE. El PP ha pedido incluso la dimisión del ministro, al que tratará de desgastar en las próximas semanas por la polémica gestión de las llegadas a Canarias.
Firmas y protestas contra la Ley Celaá
La principal cruzada de la dirección popular tras el fracaso de su “plan B” jurídico de esta semana consiste, en todo caso, en tratar de frenar la nueva ley educativa aprobada este jueves en el Congreso con el rechazo de Ciudadanos, Vox, JxCat y PP, cuyos diputados, tras el debate, se mantuvieron cerca de dos minutos en pie gritando “libertad, libertad”. El PP se ha opuesto frontalmente a la ley porque dice que “discrimina” a la educación concertada y religiosa y por retirar la condición de lengua vehicular al castellano, un aspecto que se incorporó en la norma educativa vigente hasta ahora, que fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Tan solo unas horas antes de que la normativa fuese avalada por la mayoría de la Cámara Baja, Casado estampó su firma contra la citada ley en un stand colocado por su partido frente al Congreso dentro de la campaña de recogida de firmas que inició el PP el pasado fin de semana.
Esos apoyos servirán de base al recurso que el PP va a presentar contra la norma en el Tribunal Constitucional. “El PP va a salir a la calle para recoger firmas y parar esta contrarreforma educativa por la exclusión del castellano como lengua vehicular y para garantizar la libertad educativa”, dijo el lunes Casado en la Junta Directiva de Nuevas Generaciones del PP. Además, anunció que si gana las próximas elecciones generales y llega a la Moncloa derogará la “injusta” Ley Celaá.
La ofensiva del PP está siendo acompañada por una campaña en redes sociales que el partido ya ha impulsado bajo la etiqueta '#StopLeyCelaá' a favor “del derecho constitucional a estudiar en castellano, por el de los padres a elegir el modelo educativo y por una educación sin sectarismos”. Los de Casado han decidido además sumarse a las manifestaciones que ha convocado la plataforma Más Plurales en diferentes ciudades de España contra la nueva ley educativa.