Tan solo unas horas después de que la Comisión Europea volviera a emplazar a Gobierno y oposición a sentarse en la mesa de negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en situación de interinidad desde 2018 por el bloquo del Partido Popular, Pablo Casado ha manifestado este miércoles su intención de mantener esa paralización para designar a los nuevos miembros del Poder Judicial que, en la actualidad, se encuentra en funciones con la mayoría conservadora elegida en 2013, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta.
“No vamos a salir de nuestra exigencia de que los jueces elijan a los jueces”, ha asegurado Casado en rueda de prensa en el Congreso, un día después de que el Ejecutivo anunciara la retirada de la polémica proposición de ley que modificaba el sistema de mayorías para elegir a los integrantes del CGPJ, que en la actualidad exige una mayoría reforzada de tres quintos de la Cámara Baja y que el Gobierno propuso reducir a una mayoría absoluta. “Europa nos dio la razón y el Gobierno acaba dándonos la razón y retira la reforma que suponía el fin de la independencia judicial”, ha considerado el líder del PP.
Casado ha recordado todas las negociaciones fallidas de los últimos meses para renovar el Poder Judicial en las que finalmente siempre el PP ha acabado por levantarse de la mesa, rompiendo los acuerdos con el Gobierno. “Me volveré a levantar las veces que haga falta”, ha recalcado el máximo jefe de los populares. “Sí hay plan B al estado de alarma pero no hay plan B al Estado de derecho. Sánchez debe cumplir con la separación de poderes y la independencia judicial”, ha concluido el líder del PP, que ha lanzado su enésima advertencia: “Si Sánchez acepta reforzar la independencia judicial y la separación de poderes, mañana mismo se puede renovar el CGPJ”.
En realidad, el principal escollo para la renovación es el veto del PP a uno de los dos nombres propuestos por Unidas Podemos para el nuevo CGPJ, el de la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en su pretensión de “acabar con las puertas giratorias en la Justicia”.
Además, los populares también rechazaron la entrada del juez José Ricardo de Prada a quien culpan de la sentencia de la Gürtel que desalojó del Gobierno a Mariano Rajoy. En este caso el argumento de los de Casado era que no había pasado el corte en la lista de 40 que proponen los jueces para el órgano de gobierno –se interpretó que su presencia en el Tribunal de La Haya no cumplía con el requisito de estar en servicio activo– y con ese razonamiento han decidido vetar su entrada por la otra puerta de acceso al Consejo General del Poder Judicial, el cupo de juristas de reconocido prestigio.
Las “puertas giratorias” del PP en la Justicia
El veto a los dos nombres propuestos por Unidas Podemos, tras meses repitiendo que el PP no quería a nadie propuesto por la coalición que dirige Pablo Iglesias en el Poder Judicial, acabó echando por tierra el pasado febrero las largas negociaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para renovar el órgano de gobierno de los jueces y otros organismos constitucionales.
Esos vetos se produjeron a pesar de que en nombre del PP lleva meses negociando con el PSOE Enrique López, consejero de Justicia en Madrid, y, junto al del actual presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, uno de los ejemplos más flagrantes de lo que ha sido el tránsito de los tribunales a la política y viceversa en los últimos años de gestión del PP, que ahora critica la dirección de Casado.
Este martes, el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, volvía a emplazar a los partidos a negociar. “Tienen que volver a la mesa de negociación”, dijo el belga en una conversación con algunos medios españoles: “Pedimos a todas las fuerzas políticas que se sienten a discutir para lograr un acuerdo. Pero no sólo pedimos la reforma del CGPJ, sino un compromiso claro de todas las fuerzas políticas de que cumplirán en el futuro con los estándares europeos en su totalidad”.