El Partido Popular justificó este viernes su última negativa a cerrar un acuerdo con el Gobierno para renovar el Poder Judicial, el enésimo bloqueo de Pablo Casado desde que en 2018 se caducó el mandato del actual máximo órgano de los jueces, en su pretensión de “acabar con las puertas giratorias en la Justicia”. Esa fue la argumentación de la dirección del PP para defender su veto a uno de los dos nombres propuestos por Unidas Podemos para el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el de la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.
Los populares no se quedaron ahí, también rechazaron la entrada del juez José Ricardo de Prada a quien culpan de la sentencia de la Gürtel que desalojó del Gobierno a Mariano Rajoy. En este caso el argumento de los de Casado era que no había pasado el corte en la lista de 40 que proponen los jueces para el órgano de gobierno -se interpretó que su presencia en el Tribunal de La Haya no cumplía con el requisito de estar en servicio activo- y con ese razonamiento han decidido vetar su entrada por la otra puerta de acceso al Consejo General del Poder Judicial, el cupo de juristas de reconocido prestigio.
El veto a los dos nombres propuestos por Unidas Podemos, tras meses repitiendo que el PP no quería a nadie propuesto por la coalición que dirige Pablo Iglesias en el Poder Judicial, acabó echando por tierra una vez más las largas negociaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para renovar el órgano de gobierno de los jueces y otros organismos constitucionales.
“Los nombres que se ponen encima de la mesa por parte de las distintas formaciones políticas no dejan de ser personas con un currículum, acreditadas, con un compromiso profesional, con una valía profesional… Y, por tanto, creo que hablar de vetos no es la manera de plantear una negociación”, lamentaba este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que trataba así de poner en valor los perfiles de Rosell y De Prada, ambos propuestos por su socio de Gobierno.
El PP, en cambio, siguió defendiendo hasta el final que en la negociación “con el Partido Socialista” no tuvo ningún papel la formación de Pablo Iglesias, aunque desde el Ejecutivo siempre se dijo que si bien los principales interlocutores gubernamentales –el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños– eran de la parte socialista, ellos negociaban por todo el Gobierno, también por la parte de Unidas Podemos.
“El PP no acepta la propuesta del PSOE de permitir puertas giratorias entre política y justicia. El PSOE ha propuesto a Victoria Rosell como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Partido Popular no acepta que la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que es un cargo político del Ejecutivo, ocupe un puesto como vocal”, explicó la dirección de Casado a través de un comunicado que envió a media mañana del viernes a los medios de comunicación.
Y eso a pesar de que en nombre del PP lleva meses negociando con el PSOE Enrique López, consejero de Justicia en Madrid, y, junto al del actual presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, uno de los ejemplos más flagrantes de lo que ha sido el tránsito de los tribunales a la política y viceversa en los últimos años de gestión del PP. El negociador de Casado ha hecho carrera entre las instituciones y los juzgados, siempre bajo el paraguas del PP. Durante el Gobierno de José María Aznar, en 2001, el entonces juez de la Audiencia Nacional fue elegido vocal del órgano de gobierno de los jueces a propuesta del PP siendo además nombrado portavoz.
En 2004, con el cambio de Gobierno, decidió erigirse en un pilar más de oposición al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero desde el CGPJ haciendo campaña activa contra el matrimonio homosexual, contra el Estatut de Catalunya, contra la ley de Violencia de Género o contra la Memoria Histórica. Salió del órgano del CGPJ tras la renovación de 2008, pero el PP tenía reservado para él otro importante encargo. En 2010, todas las comunidades autónomas gobernadas por los populares se unieron para presentarlo como candidato al Tribunal Constitucional. Fue designado magistrado pero tuvo que dimitir cuatro años más tarde, en 2014, al ser parado en un control de alcoholemia de la Policía en el paseo de la Castellana de Madrid, por donde circulaba en su moto, en el que triplicó la tasa de alcohol permitida.
Apartado de la Gürtel
Tras la dimisión volvió a su puesto de magistrado en la Audiencia Nacional. Pese a sus vinculaciones con el PP –también había dado conferencias para la Fundación FAES, el think tank de referencia del partido durante el mandato de Aznar y, ahora de nuevo, con Casado–, López formó inicialmente parte del tribunal que iba a encargarse de juzgar la pieza más importante del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al Partido Popular, en la conocida como 'primera época' y por la que el PP acabó condenado a título lucrativo en 2018. Sus propios compañeros impidieron en octubre de 2015 que López juzgara el caso. 18 magistrados del Pleno de la Sala de lo Penal votaron que no podía estar en el tribunal de Gürtel al entender que sus vínculos con el PP eran suficientes como para poner en duda su imparcialidad. Lo mismo había dicho la Fiscalía. En enero de 2016, el Pleno también le apartó del tribunal de la caja B. Hace solo unas semanas se supo que desde su puesto de juez en la Audiencia Nacional hizo de mediador para que un empresario que actuaba en nombre de Bárcenas se sentase a negociar con el abogado del PP, entre 2017 y 2019, mientras el PP explicaba que los vínculos con el extesorero llevaban años rotos.
Nada más llegar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en 2019, Isabel Díaz Ayuso lo nombró consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo de su nuevo Gobierno y unos meses después, Pablo Casado lo eligió como secretario de Justicia e Interior del PP. La “buena relación” que, según fuentes de la dirección del PP, une a López con el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, compañero suyo en el CGPJ –Campo también pasó del Poder Judicial a la política–, llevó a Casado a designarlo como su interlocutor para afrontar la nueva ronda de negociaciones para renovar el máximo órgano de los jueces que fracasó este viernes. “El PP quiere acabar con las puertas giratorias entre política y justicia. No quiere que haya ninguna persona que haya realizado actividades políticas en el CGPJ”, argumenta ahora el propio López.
No es el único caso. Esas puertas giratorias entre la política y la justicia que Casado dice ahora rechazar han sido una constante amparada por los principales partidos políticos españoles, incluido el PP. Varios dirigentes populares ocuparon cargos políticos, pasaron después a formar parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o de otros tribunales.
El ejemplo más evidente es el del actual presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Él debe casi toda su carrera al Partido Popular. Fue alto cargo del Gobierno del PP en el Ministerio de Justicia, bajo las órdenes de todos los ministros del ramo nombrados por José María Aznar: Margarita Mariscal de Gante, Ángel Acebes y José María Michavila. En la primera legislatura de Aznar –1996-2000–, Lesmes fue director general de Objeción de Conciencia. En la segunda, fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia, un puesto clave en ese ministerio porque es quien ejerce de enlace del Gobierno con los jueces.
En esos años también fue subordinado de quien más tarde sería ministro de Justicia con Rajoy: Rafael Catalá, secretario de Estado de ese mismo ministerio con Aznar. Tras ocho años en el Gobierno de Aznar, Lesmes pasó a la Audiencia Nacional, donde el CGPJ de entonces –conservador, nombrado durante la mayoría absoluta de Aznar– le ascendió a presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Más tarde saltó al Supremo, a la Sala Tercera, también con el apoyo conservador. Allí fue el ponente de la ilegalización de Sortu, que después anuló el Tribunal Constitucional.
En 2013, a propuesta del PP, fue nombrado presidente del nuevo CGPJ y del Supremo tras el acuerdo logrado entre populares y socialistas cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta. Su mandato terminó en 2018, pero los sucesivos bloqueos del PP –el mismo partido que lo nombró alto cargo en sus gobiernos– a la renovación del Poder Judicial han hecho que siga hoy al frente del mismo, realizando además nombramientos de magistrados en el Supremo. Al frente del CGPJ, Lesmes no solo se ha ocupado de aprovechar su mayoría para colocar a jueces conservadores en muchos de los puestos clave de la Justicia. También ha movido los hilos a favor del PP, al que ha ayudado en muchos de sus problemas judiciales.
Fue el CGPJ de Lesmes el que decidió no prorrogar a Pablo Ruz, y sacarlo de la Audiencia Nacional, después de que ordenara un registro contra la sede del PP, el que presionó para que Gómez Bermúdez no pudiera investigar la caja B, y el que apartó al juez de la Gurtel, Ricardo de Prada, de la decisión sobre si la mujer de Luis Bárcenas entraba en prisión.
De conseller a vicepresidente del CGPJ
Otro caso llamativo fue el de Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ entre 2008 y 2014 –llegó a ser presidente de forma interina, durante menos de un mes, en 2012, tras la dimisión de Carlos Dívar por el escándalo de sus viajes–. De la Rosa antes de ser nombrado miembro del máximo órgano de gobierno de los jueces a propuesta del PP había sido cargo público en la Generalitat valenciana durante los gobiernos del 'popular' Francisco Camps. Su paso de la política al Poder Judicial fue exactamente el mismo que ahora Casado dice rechazar para justificar su veto a Victoria Rosell. Entre 2003 y 2007, De Rosa fue secretario de Justicia de la Generalitat valenciana y justo antes de ser nombrado vicepresidente del CGPJ fue conseller de Justicia y Administraciones Públicas del Ejecutivo de Camps, entre 2007 y 2008.
Existe, además, otro precedente en el PP. Se trata de José Merino Jiménez, que pasó de director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid presidida por el 'popular' Alberto Ruiz-Gallardón, un cargo en el que permaneció de 1997 a 2001, a ser elegido vocal del CGPJ a propuesta del PP. Merino Jiménez se mantuvo como miembro del máximo órgano de gobierno de los jueces hasta 2008, dos años más del mandato por el que fue elegido, por otro de los bloqueos impuestos por el PP a la renovación del CGPJ durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
En dirección contraria, un caso similar al de Enrígue López es el de Margarita Mariscal de Gante quien tras convertirse en la primera mujer elegida como vocal del CGPJ, en 1990 y a propuesta del PP, seis años más tarde fue elegida por José María Aznar como ministra de Justicia de su primer Gobierno. Metida de lleno en política, Mariscal de Gante fue diputada del PP por Albacete entre 2000 y 2004. Hace nueve años, en 2012, fue designada como una de las integrantes del Pleno del Tribunal de Cuentas, el órgano judicial que se encarga de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos, entre ellos el suyo.
Casos en PSOE, PNV y CiU
No solo el PP ha recurrido históricamente a sus cuadros para completar el órgano de gobierno de los jueces. El actual ministro Campo fue vocal en el CGPJ del 2001 al 2008 tras haber sido director general en la Junta de Andalucía. El exministro socialista de Presidencia (1982-1986) Javier Moscoso del Prado y Muñoz también tuvo un asiento en el Poder Judicial entre 1996 y 2001. Álvaro Cuesta, actual vocal, fue diputado y concejal socialista en Oviedo.
PNV y CiU, que son las formaciones que tradicionalmente han entrado en el reparto, también escogieron perfiles políticos para el máximo órgano de gobierno de los jueces. Margarita Uria y Ramón Camp, parlamentarios de esas formaciones, respectivamente, se sentaron en el CGPJ de 2008 a 2013. Años antes lo había hecho el exdiputado nacionalista vasco Emilio Olabarría Muñoz. Otro caso paradigmático fue el de la exdiputada de CiU Mercè Pigem, que dimitió del actual consejo tras ser encontrada en la frontera con Andorra con 9.500 euros.