“Hace cuatro meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen nada que ver con mi responsabilidad de presidente del PP”. Con esta respuesta ha despachado este jueves el líder del Partido Popular, Pablo Casado, una pregunta sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que este miércoles acordó citar como investigados –la antigua imputación– a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias en la pieza que investiga el espionaje con fondos reservados al antiguo tesorero de la formación Luis Bárcenas.
En su rechazo a hablar sobre Cospedal le han acompañado los abucheos de los simpatizantes de su partido que han acudido al acto que él mismo protagonizaba en Ceuta, a todos aquellos periodistas que le han preguntado por la exdirigente popular. Esos mismos ciudadanos han aplaudido a Casado por no contestar al respecto. “Estoy bastante de acuerdo con estos caballeros”, ha dicho el líder popular ante los abucheos.
Después, desde la dirección del PP han querido matizar que “las quejas escuchadas ante las preguntas de algunos medios no se han producido por parte de ningún militante del PP, sino por ciudadanos anónimos que se han parado a presenciar las intervenciones de ambos presidentes”.
La imputación suponía este miércoles que la corrupción volvía a estallarle a Casado cuando creía haber pasado página y vislumbraba la recuperación del PP tras tres años de fracasos electorales. Pero pese a ello, el máximo jefe de la oposición ha decidido guardar silencio en la línea de su anuncio tras la debacle en las elecciones catalanas del 14 de febrero. Entonces, Casado tomó la determinación de escenificar una ruptura con el pasado más reciente de su partido, que se sigue investigando en los tribunales, y en el que sin embargo él también había tenido puestos de responsabilidad.
Dos días después de la debacle catalana del 14 de febrero, el líder del PP anunció la marcha de la histórica sede de Génova 13 cuyas obras, presuntamente pagadas con dinero negro, estaban siendo enjuiciadas esos mismos días. La mudanza, cuatro meses después, sigue no obstante paralizada. Y aseguró que él y su dirección dejarían de hablar de los casos de corrupción que afectaban al PP, al considerarlas cosa del pasado: “Desde hoy esta dirección no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada. No nos lo podemos permitir más con el calendario judicial que se avecina”, aseguró, ante la plana mayor de su partido.
Bajo esa premisa, el líder del PP se negaba este jueves a valorar la decisión del juez a pesar de que Cospedal es su gran valedora, la exministra que, tras verse eliminada en la primera fase del proceso a raíz de la votación de los militantes –en la que Soraya Sáenz de Santamaría resultó vencedora y el hoy líder del PP quedó segundo– puso a disposición del entonces candidato todo su poder orgánico para que Casado pudiera ganar las primarias y, por tanto, a la que le debe el puesto al frente del PP.
Ese apoyo, sin el cual no estaría donde está, perseguirá a Casado durante los próximos meses, hasta que los tribunales decidan sobre la responsabilidad real de Cospedal en la conocida como operación Kitchen.
Casado, por el momento, no tiene previsto suspender de militancia a la exministra hasta que, si prospera su imputación, se le abra juicio oral. En todo caso, sí debería abrirle un expediente informativo. Lo que dicen los textos internos del PP es que “en el caso de que un afiliado incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o representativo”, y “se tenga conocimiento que ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial (...) el Comité de Derechos y Garantías que resulte competente, a tenor de lo establecido en el artículo 55 procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente”.
Este mismo jueves, el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “desviar la atención” con Cospedal “ante el escándalo de los indultos”. Además, ha añadido que no le corresponde a él determinar si se debe abrir un expediente a la exsecretaria general. “Hay que ver el caso concreto”, ha zanjado, informa Sofía Pérez Mendoza.
La presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, señalaba este jueves en declaraciones a La Sexta que el reglamento disciplinario del partido sostiene que “si es cargo público, en ese caso aplica el reglamento”. “Pero es que de lo que estamos hablando de María Dolores de Cospedal no era un cargo público. Por tanto, no aplica el reglamento”, ha señalado. En realidad, los estatutos hablan de cargos “públicos y representativos” y cuando se produjo el espionaje a Bárcenas ella era la 'número dos' del PP, el segundo cargo más importante del partido detrás del presidente.
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