Dos fiscales de Anticorrupción de Madrid se toman un descanso en mitad de una de las maratonianas jornadas de declaraciones que, a lo largo de 2020, han reclamado su presencia en Palma de Mallorca. Son Tomás Herranz y Fernando Bermejo. Intercambian impresiones y miran a su alrededor mientras apuran los últimos sorbos de café. Frente a ellos, en la plaza de Es Mercat, se erige el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, al que en unos minutos deben regresar junto a los numerosos abogados personados en las inusuales investigaciones que se llevan a cabo tras las puertas de la máxima instancia judicial de las islas. Se trata de la que muchos consideran la antesala de uno de los mayores escándalos policiales y judiciales destapados a nivel nacional.
A lo largo de esta década, la entrada por la que ahora acceden fiscales y letrados la han atravesado personajes de renombre para responder de la multitud de tropelías destapadas durante estos años en Baleares: Iñaki Urdangarin y los ilícitos negocios que pusieron en jaque a la monarquía; Santiago Calatrava y el faraónico –y millonario– Palacio de la Ópera que proyectó en la bahía de Palma y que jamás vería la luz; el expresident Jaume Matas y las megalómanas infraestructuras cuyo impulso, entre una multitud de fraudes y desvíos de fondos públicos, auspició durante su última legislatura al frente del gobierno regional; Maria Antònia Munar y los hilos con los que, a lo largo de varias décadas, manejó para provecho propio y de su partido (Unió Mallorquina) las principales instituciones de las islas... Todos ellos han copado páginas interminables de la historia de la democracia en Baleares, nunca ajena a una corrupción política teñida, especialmente, de dádivas y tratos de favor.
Sin embargo, ahora todo es distinto: quienes se encuentran en el punto de mira de la justicia son un juez, Manuel Penalva, un exfiscal, Miguel Ángel Subirán, y cuatro miembros del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional –dos inspectores, un subinspector y un agente–. Y, junto a ellos, varios testigos –convertidos ahora en investigados– a quienes, según sostienen los fiscales de Madrid así como numerosos informes policiales, los dos juristas y los mandos policiales utilizaron para construir a la carta una macrocausa, el caso Cursach, que llegó a sumar más de un centenar de imputados y más de cuarenta encarcelados. Los atestados policiales –hasta ocho– y un sinfín de mensajes de Whatsapp ponen en entredicho, en la actualidad, la instrucción de la causa contra el magnate del ocio nocturno en las islas, el millonario Cursach, que llegó a presidir el Mallorca y a ser propietario de los derechos de estrellas de fútbol como Samuel Etoo.
Durante cerca de tres años, los seis investigadores levantaron las alfombras del supuesto entramado mafioso que, de acuerdo a sus tesis, habría desplegado el empresario Cursach, durante varias décadas y bajo la protección de instancias policiales y políticas, con el objetivo de mantener a flote su imperio. El magnate, que comenzó su trayectoria como recogepelotas en el Mallorca Club de Tenis y acabó capitaneando las mayores discotecas de Baleares, gimnasios y hoteles e incluso una desaparecida aerolínea bautizada con sus siglas, se vio acusado de un rosario de delitos que incluían, entre otros, extorsiones, amenazas, detenciones ilegales, corrupción de menores, narcotráfico e incluso un homicidio. Un ovillo de acusaciones que acabaron costándole su detención y su ingreso en prisión provisional sin fianza el 3 de marzo de 2017.
Más de tres años después, los jueces han tumbado parte de las acusaciones con el archivo de varias de las piezas separadas en las que se desgajó la matriz del caso Cursach. Algunas de las líneas de investigación, sin embargo, continúan vivas. Y, entre ellas, asoma una sobre todas las demás: junto a su mano derecha, Bartolomé Sbert, y otros 22 acusados (policías locales en su mayoría), Cursach se encuentra a las puertas del banquillo, bajo una petición de condena de ocho años y medio de cárcel y con la sombra de la nulidad planeando sobre el futuro juicio, por haber urdido una presunta trama de tratos de favor dirigida a salvaguardar su autoridad en la noche mallorquina. Mientras el juicio llega y los interminables avatares en torno a su celebración se suceden –los seis magistrados que integran la sala que debe enjuiciar el procedimiento han buscado sin éxito abstenerse–, el recién nombrado presidente del TSJIB, Carlos Gómez, se encarga, desde el pasado mes de enero, de esclarecer los pormenores que rodearon a la instrucción del caso Cursach.
Debido al aforamiento del juez Penalva y el exfiscal Subirán –a quien el Ministerio de Justicia jubiló, con 59 años, el pasado mes de junio–, el veterano magistrado se hizo con las riendas de una investigación plagada de vicisitudes, tensión e incertidumbre. Los delitos por los que Gómez asumió las indagaciones no son poca cosa: detenciones ilegales, revelación de secretos, prevaricación y deslealtad profesional. El juez Penalva y el exfiscal Subirán, por su parte, defienden tajantes la instrucción que llevaron a cabo y sostienen la existencia de un complot contra ellos en el que sitúan al entorno de Cursach y sus poderosas conexiones en la isla.
Casi un año después, la controversia continúa servida: mientras el magistrado considera que ambos cometieron el único ilícito de filtrar información secreta a la prensa, hechos por los que sí considera que deben ser juzgados, los fiscales de Madrid sostienen que las actuaciones que desplegaron ambos juristas fueron mucho más graves: aleccionaron a testigos protegidos, practicaron detenciones ilegales y prolongaron de forma deliberada el ingreso en prisión de varios investigados.
La génesis: policías bajo sospecha y un registro autorizado por el juez Castro
El caso Cursach no se llamó siempre así y su génesis, mucho antes de que el magnate entrase en escena, se remonta a 2013, cuando decenas de policías locales comenzaron a situarse bajo el foco judicial.
¿Cómo comenzó todo? El 12 de septiembre de ese año, el juez José Castro, que se debatía entonces sobre si imputar a la Infanta Cristina por su papel al frente de los negocios de su marido, se encontraba de guardia cuando otro asunto reclamó su intervención. El fiscal Subirán acababa de pedirle una orden de entrada y registro en las dependencias de la Policía Local de Palma. Y Castro la autorizó. Hasta el cuartel se desplazaron numerosos agentes de la Guardia Civil en busca de indicios en torno al presunto amaño del concurso convocado en 2012 para acceder a una plaza de oficial dentro del cuerpo. Varios meses después eran detenidos los primeros ocho agentes que, con el paso de los años, pasarían a engrosar los cerca de 70 funcionarios –de una plantilla de 800– encausados en las distintas líneas de investigación del caso Cursach. De forma paralela, la macrorredada impulsada aquel verano de 2013 contra la facción mallorquina de los Ángeles del Infierno, con epicentro en la Playa de Palma, desveló presuntas connivencias entre policías y empresarios de la zona.
Nada se sabía entonces acerca de la magnitud que las incipientes pesquisas, en manos de la jueza Carmen González, acabarían alcanzando, con acusaciones en torno a una supuesta estructura criminal dirigida a instrumentalizar las distintas unidades policiales y aplacar, mediante extorsiones y amenazas, a cualquiera que pudiera hacer sombra en los negocios nocturnos a Cursach. Como tampoco nada se sabía de los vuelcos que esas mismas investigaciones sufrirían hasta el punto de verse altamente comprometidas ahora.
Con la llegada del juez Penalva la existencia de una presunta estructura mafiosa integrada por policías y empresarios empezó a tomar forma. El 15 de junio de 2015 este magistrado cogía las riendas de las investigaciones en sustitución de la anterior jueza, que acababa de ser destinada a la Audiencia Provincial de Palma. Y, de la mano del fiscal Subirán, tomó el control de la causa. Con una diferencia, según aseveran a elDiario.es algunos de los entonces afectados por sus resoluciones, respecto de su antecesora. “Si González era la contención personificada, Penalva, empujado por Subirán, se dejó llevar por las ansias de notoriedad social y pública. Y el caso Cursach era un caramelo muy goloso”, comenta uno de los policías locales entonces investigados y en la actualidad exonerados, quien prefiere mantenerse en el anonimato. Otro de los agentes señala que ante juez y fiscal comenzaron a desfilar “gargantas profundas, personas que empezaron a acusar a diestro y siniestro por inquina. Se juntó el hambre con las ganas de comer”.
La aparición de los testigos clave
Fuese como fuese, empezaba a cocerse un escenario en el que los antiguos investigadores convirtieron en testimonios clave a varios testigos investigados a lo largo de estos meses por fabricar, según la Policía Nacional, presuntas pruebas falsas y acusar, con el respaldo de Penalva y Subirán, “de la forma más temeraria posible” y en una “pavorosa unidad de acción”, a un sinfín de personas posteriormente imputadas y encarceladas.
'El Ico': en medio de este clima, el primero de aquellos testigos que entró en escena fue Francisco Cortés, 'El Ico', hijo de la histórica matriarca del poblado chabolista de Son Banya, 'La Paca'. Bajo la condición de testigo protegido número 13, comenzó a aportar datos que hablaban de cómo se había visto obligado a abonar 'mordidas' semanales de hasta 500 euros a varios policías a cambio de no recibir inspecciones de ningún tipo en los dos locales nocturnos que regentaba. Según aseguraba, todo se debía a que sus negocios eran competencia directa del grupo Cursach y a que disponía de datos comprometedores relativos a la contabilidad del conglomerado empresarial. Unos informes que ofreció a los investigadores y que, sin embargo, nunca llegó a entregar.
Fruto de sus incriminaciones, nuevos detenidos acabaron tras las rejas acusados de participar en una red de chantaje y extorsión que actuaba “como una auténtica organización policial instalada de manera permanente en el delito”, tal como hizo constar el juez Penalva en varios de los numerosos autos que, a lo largo de dos años, dictó para prorrogar el secreto de sumario de la causa.
La 'madame': el monstruo crecía y alcanzaba proporciones entonces inimaginables cuando, de repente, hizo su aparición María José Losantos, entonces testigo protegida número 31. La mujer afirmaba ser la 'madame' en un burdel al que acudían altos cargos del PP para participar en fiestas supuestamente costeadas por Cursach con el objetivo de granjearse sus favores.
En sus comparecencias ante juez y fiscal, la supuesta 'madame' comenzó a describir con todo lujo de detalles presuntas orgías con sexo, alcohol y cocaína –servida, precisaba, en bandejas “tipo paellera de doce personas”– cuyo coste podía llegar a ascender, en un solo día, a 36.000 euros. En ellas situó a dos políticos: el expresidente del PP de Palma José María Rodríguez y el exdiputado de la misma formación y exconcejal en la capital balear, Álvaro Gijón. El testimonio allanaba el terreno para incluir a altos cargos públicos en la lista de quienes, supuestamente, se habían arrodillado para besar por donde pisaba Cursach.
El camarero de Tito's: es otro hombre clave para las investigaciones de Penalva y Subirán es Daniel Corral (ex testigo protegido 29), quien trabajó como camarero en el buque insignia del grupo Cursach, la discoteca Tito’s. Investigado en la actualidad junto a la 'madame' y 'El Ico', denunció durante su paso por dependencias judiciales cómo el establecimiento de ocio nocturno –cuyas paredes habían testimoniado, décadas atrás y en plena apertura de Mallorca al turismo, la presencia de Marlene Dietrich, Ray Charles o Charles Aznavour– lo frecuentaban agentes de la Policía Local de Palma a quienes también se agasajaba con servicios de prostitución, alcohol y drogas a cambio de garantizar la protección del magnate. En una de sus primeras citaciones en los Juzgados, aseguró, incluso, haber visto cómo la droga era transportada desde un velero amarrado frente a Tito's para después ser introducida en maletines dentro de la discoteca.
Cursach y su mano derecha entran en prisión
Con toda esa ristra de acusaciones a sus espaldas y en medio de la amplia expectación generada por las acusaciones vertidas por los testigos, el 28 de febrero de 2017 llegaba “el día D hora H” –como se referirían a esa jornada, en el chat de Whatsapp que mantenían abierto, Penalva y Subirán–: el todopoderoso Cursach y su número dos eran detenidos y, tres días después, enviados a prisión sin fianza. Hasta una quincena de delitos recaían sobre el considerado rey de la noche mallorquina: homicidio –un testigo le había acusado de suministrar droga hasta la muerte a un extrabajador para evitar que salieran a la luz supuestas fotografías para probar conductas pedófilas, hechos de los que finalmente el empresario fue exculpado–, narcotráfico, corrupción de menores, pertenencia a organización criminal, cohecho, extorsión, amenazas, coacciones, uso de información privilegiada, delito contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental estafa procesal, aportación de documentos falsos en juicios, tenencia ilícita de armas y delitos contra los derechos de los trabajadores.
Tan solo dos semanas más tarde eran arrestados el director de Tito's, Jaime Lladó, el exjefe de camareros de Tito's, Arturo Segade, y otro extrabajador de la discoteca. Decenas de policías locales llevaban ya meses encarcelados, varios de ellos dispersados en prisiones de la península como Estremera y Albocàsser.
El director de Tito's: “Cualquier juez o fiscal hubiera dicho que esto no se sostiene por ningún sitio”
Tres años después, Lladó rememora todo lo ocurrido: “Uno dice que en Tito's, en pleno Paseo Marítimo, había fiestas con sexo, alcohol y drogas, ¿y no nos habíamos enterado nadie? ¿Ni una foto ni otros testigos que, de alguna forma, avalen ese testimonio?”, manifiesta ahora en declaraciones a elDiario.es. A pocos metros de la discoteca que dirige desde hace 20 años y bajo un sol abrumador, es la primera vez que atiende a un medio de comunicación desde que comenzaron a trascender las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Cursach.
En su opinión, las manifestaciones efectuadas por los testigos carecen de fundamento y, de hecho, cree que “cualquier juez o fiscal hubiera dicho: 'vamos a plegar, que esto no se sostiene por ningún sitio'”. “No sé qué motivación tenían los dos [en alusión a Penalva y Subirán]. Creo que hay una mano poderosa detrás porque, de otro modo, no me puedo creer que un juez y un fiscal con una carrera a sus espaldas, con profesiones realmente notorias y sin ninguna justificación, se metan en este berenjenal”, afirma. Buscando una respuesta a las preguntas que se hace desde entonces, cree que “querían ser estrellas, montar un escándalo, y esa era su oportunidad”. Y, como otros investigados, considera una “huida hacia adelante” las actuaciones que los investigadores llevaron a cabo para intentar justificar “a toda costa” los ingresos en prisión que habían decretado. “Lo alargaron todo lo que pudieron para que saliera el mirlo blanco que apoyara toda esa macabra conspiración para comprar policías. Pero, a día de hoy, ni conozco a los policías, ni jamás he tenido contacto con nadie que venda droga. Podemos ir con la cabeza bien alta”, proclama.
Este empleado de Cursach que dirigía la discoteca Tito's asegura, además, que llegó un momento en el que, al igual que otros imputados, dejó de pedir diligencias exculpatorias (como someterse a un análisis de drogas para descartar el consumo de estupefacientes) o de presentar pruebas que avalaran su inocencia. “No solo nos las denegaban o no las tenían en cuenta sino que, además, les daban la vuelta y las presentaban al día siguiente en nuestra contra. Al final siempre acabábamos apareciendo como matones, criminales y delincuentes”, explica.
Que el secreto de sumario del caso Cursach se prorrogase una y otra vez, viéndose con ello imposibilitados a tener acceso a las investigaciones, es otra de las cuestiones a las que se aferraron –y se aferran– las defensas para alentar la tesis de la conspiración. La publicación en prensa de qué era exactamente lo que las pesquisas perseguían e incluso de las diligencias que los investigadores tenían previsto practicar fue lo que motivó las primeras sospechas en torno a la instrucción y se convertiría en uno de los pilares sobre los que se sostienen las actuales investigaciones contra Penalva, Subirán y los cuatro policías nacionales con los que trabajaban codo con codo.
Junto a ello, comenzaron a trascender las supuestas presiones a las que habían sido sometidos investigados y testigos al tiempo que salían a la luz conversaciones de Whatsapp mantenidas por Penalva y la testigo 31 (la 'madame') con indicaciones sobre qué y contra quiénes debía declarar: “Ánimo María José. (...) Nosotros nos creemos lo de la agenda”, le transmitía el juez en referencia al documento del que aseguraba disponer la regente del lupanar al que presuntamente acudían los altos cargos del PP y en el que, según aseguraba, estaban apuntados los nombres de los clientes del local. Y continuaba el magistrado: “Pero me da miedo que estos hijos de puta [en referencia a las defensas que habían cuestionado mediante diversos escritos la versión de la 'madame'] consigan sembrar la duda sobre su autenticidad y a quien hay que convencer es al tribunal. Cuando quieras y puedas a ver cómo atamos los cabos sueltos para que no te dejen por mentirosa”.
El fin de la era Penalva
Los mensajes constituyen ahora el centro de la investigación y se convirtieron entonces en objeto de una primera querella contra juez y fiscal, interpuesta por dos de las defensas del caso Cursach. La denuncia desató todo tipo de reacciones que comenzaban a plantear dudas sobre cómo se había instruido la causa. La situación llegó a tal extremo que Penalva acabaría recusado y apartado de las investigaciones en marzo de 2018. Subirán, por su parte, se acogería a una baja laboral apenas unos meses después y sería definitivamente apartado de las investigaciones en octubre de ese año. El caso Cursach y los cimientos que lo mantenían en pie comenzaban a tambalearse.
En una ciudad en la que prácticamente todos los actores judiciales se conocen y con tan solo doce Juzgados de Instrucción, uno de ellos debía recoger el testigo de una causa incómoda. Las normas de reparto hablaron y pusieron el caso Cursach sobre la mesa del juez Miquel Florit. Y el camino que tomaría sería completamente distinto. En julio de 2018, Florit decidía abrir diligencias dirigidas a investigar las presuntas filtraciones a la prensa producidas mientras el caso Cursach se encontraba bajo secreto. La difusión, un mes antes, de un informe de los inspectores de Blanqueo –que posteriormente tumbaría la Agencia Tributaria– sobre la situación fiscal del grupo Cursach cuando aún no había sido notificado a las partes había llevado a los abogados del empresario del ocio y de su número dos, Bartolomé Sbert, a denunciar presuntas revelaciones de secretos que acabaron haciendo saltar la causa por los aires.
Florit, de la mano de la Policía Nacional, se introdujo de lleno en la indagación del origen de las filtraciones y, ante el cariz que estaban tomando las pesquisas, dos de los policías de Blanqueo que habían trabajado mano a mano con Penalva y Subirán acabaron detenidos. Tras entregar sus teléfonos y autorizar el acceso a su contenido, el análisis de uno de los dispositivos reveló la existencia de un chat de Whatsapp que, bajo el nombre de 'Operación Sancus', mantenían abierto Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y los miembros de Blanqueo en paralelo a la instrucción del caso Cursach. La Policía Nacional, en un primer informe, alertaba de que los indicios criminales que se desprendían del análisis del chat tan solo eran “la punta del iceberg”: “No podrán entenderse como delitos autónomos sino en el marco de lo que parece una organización para delinquir”. Los inspectores utilizaban términos como “clima de terror” para referirse a la atmósfera que habrían instaurado los antiguos investigadores. Y reclamaban la retirada de armas de Penalva y Subirán.
Las pesquisas llevadas a cabo a partir de entonces sostienen que tales conversaciones pondrían de manifiesto la connivencia que existía entre todos ellos así como los métodos supuestamente delictivos de los que habrían hecho uso para apuntalar sus acusaciones. En el chat, que se convertiría en el epicentro de las pesquisas contra ellos, se hacían llamar 'Los intocables'.
Salieron así a la luz manifestaciones como “son unos hijos de puta, hay que machacarlos”; “a este si tienen huevos de hacerle dimitir y dejar su acta de diputado hay que detenerlo con esposas, sin miramientos” (en alusión a Álvaro Gijón); “lunes, zafarrancho de testigos, martes zapatazo [sobre las futuras detenciones] y miércoles, a disposición [judicial] en un furgón lleno de gitanos. Como Dios manda”, “si hay algo de Gijón igual cantan antes. Es rápido, directo, sin desgaste para nosotros y condena asegurada”. Todo ello entreverado con calificativos hacia los arrestados como “empastillado”, “chulito”, “hijoputa, imbécil y sobradito”.
Los whatsapps revelarían que el auto de prisión contra Cursach y su número dos habría sido redactado, al menos, dos semanas antes de su arresto y su posterior ingreso en la cárcel. “Subi, estamos pensando en hacer las detenciones gordas [en referencia a Cursach y a Sbert] el día 28 y pasarlos a disposición [judicial] el 2 o el 3. ¿Cómo te va a ti?”. “¡Esto es un guion bien hecho que pone las cosas fáciles!” o “¿preparados para día D hora H?” son algunas de las frases que se intercambiaron durante los catorce días anteriores a los arrestos.
Pero como había pasado antes, de nuevo un juez se apresura a dar un paso en falso. En medio del fervor indagatorio para averiguar de dónde procedían las filtraciones a la prensa, Florit acordó, en diciembre de 2018, la intervención de los teléfonos móviles de dos de los periodistas que cubrían las informaciones relativas a la causa, una medida que marcaría el resto de su trayectoria judicial y acabaría conduciéndole al banquillo de los acusados. Los medios de comunicación e informadores afectados por la decisión se querellaron contra Florit al considerar que la confiscación de sus móviles y de su material informático eran “manifiestamente injustos” y vulneraban su derecho al secreto profesional periodístico. El juez, finalmente, resultó absuelto el pasado mes de enero en una resolución que reconocía que había actuado injustamente pero determinaba que su conducta no había sido intencionada, sino imprudente, ya que había actuado confiado en el pronunciamiento que el fiscal anticorrupción Juan Carrau, uno de los más veteranos en las islas, había emitido previamente para avalar la intervención de los teléfonos.
Los informes de la Policía Nacional
Con la apertura de las investigaciones sobre la supuesta revelación de secretos, sin el juez Florit al frente de la causa –el Consejo General del Poder Judicial atendió a finales de 2019 su petición de jubilarse de forma anticipada– y con varios magistrados absteniéndose del procedimiento judicial por su relación de amistad con Penalva, la Policía Nacional se internó por entero en los entresijos del caso Cursach y en el análisis de las conversaciones incluidas en el chat 'Sancus'. Los inspectores, que continuaban entregando informes hasta que, a principios de diciembre, puso fin a la instrucción de las pesquisas, llegan a afimar que Penalva, Subirán y los integrantes de Blanqueo conformaron “una organización criminal” con estabilidad en el tiempo, dedicada “a la comisión reiterada de delitos” y cuyos integrantes lograron “sembrar el terror entre sus víctimas reales y potenciales”.
Los investigadores centran sus últimos atestados en los principales testimonios en los que se sustentaron las pesquisas, afirmando cómo juez, fiscal y varios policías con los que investigaban llegaron a urdir una “maquinaria” dirigida a instrumentalizar a sus testigos –algunos de los cuales, afirman los informes, conformaban un “siniestro” grupo de personas “con intereses propios” y “sin escrúpulos”–, obtener falsas pruebas acusatorias, omitir las que podían poner en duda sus tesis y llevar a continuas filtraciones a la prensa.
Frente a las acusaciones que pesan sobre ellos, tanto la 'madame' como 'El Ico' aseguran que actuaron aleccionados por Penalva y Subirán. La primera apunta ahora que recibió ofertas de dinero para incriminar a los policías locales en el supuesto entramado corrupto dirigido a favorecer los negocios del magnate. Por su parte, el excamarero de la discoteca Tito's que relató las supuestas fiestas en el local, a quien la Policía Local define como un “auténtico misil teledirigido” por Penalva y Subirán en un informe de más de 400 páginas, denuncia ser víctima de una conspiración, apunta a la existencia de una campaña de acoso contra su persona y asegura, en contra de los otros dos testigos, que nunca fue forzado por los antiguos investigadores a declarar en un sentido o en otro.
Penalva y Subirán defienden la labor que llevaron a cabo
Penalva y Subirán, mientras tanto, se aferran a su inocencia y defienden el trabajo que llevaron a cabo. En el intento de este diario por contactar con ellos, su defensa explica que prefieren no hacer declaraciones sobre la causa que les investiga. No obstante, en los distintos escritos que han presentado en el procedimiento judicial, niegan la existencia de indicios “verdaderamente sólidos” contra ellos. Para ello, se agarran a la tesis de un presunto complot de jueces, mandos de la Policía Nacional y fiscales para desacreditar las investigaciones que realizaron y esgrimen grabaciones en las que, según alegan, figuran órdenes dirigidas a no investigar a Cursach.
Hasta el momento, juez y exfiscal han buscado sin éxito la nulidad de las pesquisas. Sostienen que la localización del chat 'Sancus' se produjo de forma ilegítima y, por tanto, invalidaría las investigaciones llevadas a cabo contra ellos. El instructor de la causa, sin embargo, determinó el pasado mes de noviembre que el acceso a las conversaciones de Whatsapp que mantuvieron durante la instrucción del caso Cursach “estuvo absolutamente legitimado”. Los investigadores ahora investigados también se han mostrado críticos con la labor de los fiscales de Madrid por otorgar fundamento a las manifestaciones vertidas por la Policía Nacional en sus informes.
Ajenos a las manifestaciones de Penalva y Subirán y sumamente activos en la causa, los representantes de Anticorrupción no cesan en su empeño por sacar adelante las investigaciones en las que se encuentran volcados, llegando incluso a recriminar varias de las resoluciones dictadas por el instructor del caso. Entre ellas, su decisión de no investigar el papel ejercido por los distintos testigos protegidos, entre ellos un trilero a quien Penalva y Subirán habrían prometido beneficios procesales a cambio de declarar de acuerdo a sus tesis: según la Policía Nacional, el hombre vio retirada la orden que pesaba sobre él de abandonar Mallorca apenas unas horas después de incriminar a varios policías locales en el caso Cursach. Los fiscales, en el reciente recurso que interpusieron contra el auto con el que el instructor Carlos Gómez dio por concluida la causa, aseveran que “la decisión de guiar las declaraciones” testificales no fueron “un hecho aislado, sino una forma de trabajar”.
Mientras se dirime qué hechos deben finalmente ir a juicio con el objetivo de dilucidar qué sucedió tras las cortinas del caso Cursach, el empresario mallorquín, su mano derecha y otros 22 acusados, entre quienes se encuentran los mandos y policías locales supuestamente agasajados a cambio de auspiciar la buena marcha de los negocios del grupo Cursach y de castigar a su competencia, se encuentran pendientes de juicio. Anticorrupción, a través de un escrito de acusación firmado por Subirán y su excompañero Juan Carrau, reclama más de 100 años de cárcel para todos ellos. Los encausados, por su parte, apelan a la nulidad de la causa al considerar arrasados sus derechos fundamentales en un escenario, como señala uno de los escritos de defensa, “insólito en la historia judicial de un Estado de Derecho”.