La CE sostiene que el decreto andaluz pone en riesgo la estabilidad de la banca

La Comisión Europea (CE) ha llegado a la conclusión de que el plan andaluz de expropiación temporal de viviendas a entidades financieras para evitar los desahucios a familias en riesgo de exclusión social puede afectar negativamente a la estabilidad de la banca y la recuperación económica.

Así se expresa en una carta enviada al Ministerio de Economía por el órgano de gobierno comunitario, que no descarta que aumenten las dudas sobre el mercado inmobiliario español, lo que provocaría subidas en la prima de riesgo y una reducción del interés de inversores extranjeros por activos inmobiliarios españoles.

En concreto, la CE cree que se puede producir una “caída en el valor de los activos inmobiliarios” que tendrá una repercusión inmediata en los balances de las entidades financieras, así como en el volumen de provisiones a las que tendrían que hacer frente.

Esto a su vez afectaría negativamente a la reanudación de los flujos de crédito a particulares y empresas.

La CE cree también que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el banco malo español, tendría “muchas dificultades” para cumplir con su mandato de vender los activos tóxicos inmobiliarios que le han traspasado las entidades financieras.

El documento señala que la legislación aprobada por la Junta de Andalucía “va más allá” de la necesaria protección de las familias más vulnerables y no puede convivir con los requisitos para preservar la estabilidad financiera.

Cualquier tropiezo en el proceso de reestructuración del sistema financiero español, que la CE considera que va a buen ritmo, tendrá efectos negativos no sólo en el conjunto de las entidades sino de la economía. Sería aún peor, prosigue el texto, si otras comunidades autónomas siguieran el ejemplo andaluz.

La CE considera que España está obligada a “hacer honor a los compromisos contraídos” para la puesta en marcha del Memorándum de Entendimiento (MOU) de ayuda a la banca, y a evitar cualquier impedimento que impida que culmine el proceso de reforma financiera.

Al mismo tiempo, se pregunta cómo es posible que coexistan con la legislación española otras “piezas normativas” con rango de ley, una situación que la CE ve “poco clara”.