Madrid, 8 sep (EFE).- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha acordado los nombramientos para el Tribunal Constitucional (TC), limitándose a fijar las normas para la elección de los dos magistrados que, sin embargo, no recogen fecha alguna en el horizonte para la designación, de manera que todo apunta a que incumplirá el plazo previsto por la ley.
Este era el escenario más esperado toda vez que la reunión comenzaba sin nombres sobre la mesa de posibles candidatos, ya que el bloque conservador había condicionado el proceso a fijar previamente unas “reglas del juego” sobre cómo deben de efectuarse los nombramientos para el tribunal de garantías.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que, tras más de cuatro horas de debate, los vocales han aprobado por unanimidad unas reglas del procedimiento que, no obstante, no recogen en ninguno de sus apartados una fecha para votar, ni se hace mención alguna a la reforma aprobada por el Congreso que fijaba el 13 de septiembre como plazo límite para realizar los nombramientos.
EL PLENO SOLO SE CONVOCARÁ EN CASO DE QUE HAYA CANDIDATOS
Es más, el documento, al que ha tenido acceso Efe, solo dice que “la convocatoria del Pleno tendrá lugar cuando lo acuerde el presidente por propia iniciativa o lo soliciten al menos cinco vocales” y la misma “incluirá los nombres de dos candidatoS”.
Eso no será impedimento para que hasta el inicio el pleno, los vocales puedan presentar a otros candidatos adicionales, de manera que para ser designado serán precisos, al menos, 12 votos teniendo en cuenta el quorum actual del Consejo, con dos vocales menos.
Ahora bien, si los candidatos no obtienen el respaldo suficiente, eso no será un obstáculo para que puedan postularse los mismos aspirantes en las próximas sesiones del Pleno del Consejo.
TODO APUNTA A QUE SE INCUMPLIRÁ EL PLAZO PREVISTO POR LA LEY
Con este panorama, es más que previsible que no se cumpla con lo dictado por la ley, un escenario que no sentará nada bien en el Gobierno dado que no barajaba otro posibilidad que no fuera cumplir con la legalidad vigente y acordar en este pleno los magistrados.
Pese a que el resultado del pleno era un secreto a voces, desde el Ejecutivo no han querido detallar cual iba a ser su posición en caso de que el CGPJ incumpla la fecha acordada por la ley.
Pero desde filas conservadoras, que han sido los que han exigido unas normas y más tiempo, destacan que es el Ejecutivo el primero que no cumple con la legalidad al llevar casi cuatro años con un CGPJ en funciones y limitado sin poder hacer nombramientos.
Con todo, hay tiempo hasta el próximo martes para alcanzar un acuerdo, convocar un pleno extraordinario y votar a los candidatos si bien las fuentes consultadas ven esa posibilidad muy remota.
Fue en julio cuando el presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, invitó a los vocales a consensuar dos candidatos que pudieran concitar la mayoría cualificada y, tras el parón de agosto, se ha implicado personalmente en que los nombramientos salieran adelante en este pleno, sin éxito.
CONSERVADORES Y PROGRESITAS DISCREPAN SOBRE FALTA DE CANDIDATOS
Esto es así porque según fuentes del sector conservador nadie quiere ir al TC, si bien los progresistas desmienten este planteamiento porque hay “magistrados de un lado y del otro” dispuestos a postularse.
La posición de los conservadores desafía el planteamiento de Lesmes, que esta semana dijo que se opone a que el Consejo “se declare en rebeldía” y que ha asumido esta cuestión como una prioridad absoluta, al margen de que esté totalmente en desacuerdo con la reforma impulsada por el Gobierno para devolver al CGPJ su potestad para hacer nombramientos en el TC, no en el Supremo.
Prueba de ello, es que ayer mismo Lesmes dijo que si dimite por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo, lo haría siempre y cuando hubiera culminado la renovación del Constitucional o, al menos, estuviera muy encarrilada.
Sin embargo, el asunto no apunta a una pronta resolución y ahora se abre un panorama incierto. Es mas, algunos vocales han señalado a Efe que la situación, más allá de las normas fijadas, es de parálisis. “Sin candidatos, no hacemos nada”, dicen, una postura que fuentes progresistas ven como una oposición encubierta a la reforma del Gobierno.