Las maniobras para intentar tapar el escándalo del falso máster fueron ideadas y dirigidas por la propia Cristina Cifuentes desde la posición de poder que le confería la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Esta es la conclusión a la que llega de forma indiciaria la jueza del caso máster en el auto que acerca a Cifuentes al banquillo para ser juzgada por falsedad documental. Al final será la reacción a una trampa y no el fraude del máster en sí lo que expone a Cifuentes a una posible condena de tres a seis años de cárcel.
La jueza Carmen Rodríguez-Medel propone juzgar a Cifuentes por su participación en la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster, la respuesta de la presidenta del Gobierno de Madrid a la noticia de eldiario.es del 21 de marzo sobre la obtención de un máster en Derecho Autonómico y Local con notas falsificadas. Cifuentes mostró en redes sociales esa falsificación la noche siguiente a la información de este medio. La jueza concluye ahora que lejos de desconocer la falsificación, ese papel es la consecuencia de las órdenes que ella misma impartió para intentar anular las posibles consecuencias del trabajo periodístico.
Del impostado “no me voy, me quedo” de Cifuentes al penúltimo obstáculo en su camino hacia el banquillo han pasado ocho meses de una instrucción con resultados demoledores para quien fuera aspirante a liderar el PP nacional, incluida su dimisión como presidenta madrileña el 25 de abril. A la acusación de la jueza de que la propia Cifuentes “promovió” la fabricación de una coartada que salvara su carrera política hay que sumar las “inverosímiles” afirmaciones de la expresidenta madrileña en sede judicial, como las califica Rodríguez-Medel en el auto por el que dicta el pase de la causa a procedimiento abreviado.
La acusación de que existió una trama política para salvar a Cifuentes se cierra con la imputación de María Teresa Feito, la asesora de la Consejería de Educación y amiga personal de la presidenta. Feito actuó como una suerte de agente sobre el terreno en la maniobra de manipulación y lo hizo siguiendo “instrucciones” de la propia presidenta, según concluye la jueza. Se presentó a primera hora en la Universidad Rey Juan Carlos para presionar y controlar la reacción del centro a la información de eldiario.es y martilleó con mensajes y llamadas a la profesora que finalmente falsificó las firmas.
La jueza Rodríguez-Medel tampoco cree a Feito, asesora del consejero Rafael Van Grieken en el momento de los hechos. Ella declaró que fue a la URJC porque tenía una cita concertada con el vicerrector José María Álvarez Monzoncillo y también para una visita de cortesía al rector, Javier Ramos. Sin embargo, Álvarez Monzoncillo negó en sede judicial tal cita.
María Teresa Feito es profesora titular de Filología Inglesa en la Universidad, el nicho académico del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. El actual presidente nacional del partido, Pablo Casado, también fue beneficiado en la obtención de ese mismo máster en la Rey Juan Carlos aunque el Tribunal Supremo consideró que no hay relevancia penal en los hechos.
La profesora de Derecho Constitucional Cecilia Rosado también ha sido propuesta por la jueza para acabar en el banquillo. Ella es la presunta autora de la falsificación de las firmas de sus dos compañeras en el Trabajo de Final de Máster y en su declaración como imputada explica como Feito la estuvo llamando “sin parar durante todo el día”. Primero le dice que el TFM “tiene que aparecer”. Después, pasa a las amenazas. “En un momento, me dice que si no enviamos el acta del Trabajo de Fin de Máster, que Cifuentes nos va a matar, no solo a nosotros, también dice del rector”, aseguró en el juzgado el 10 de mayo.
“A la vista de todas las declaraciones prestadas en auto”, ha concluido este miércoles la jueza, Feito fue a la URJC a primera hora del 21 de marzo “porque seguía instrucciones de doña Cristina Cifuentes para realizar los actos que fueran necesarios para facilitar una solución que no perjudicara los intereses de doña Cristina Cifuentes”.
En la Universidad tenían claro a quién representaba Maite Feito. “A juicio de esta instructora, es claro de la URJC identifican a doña Teresa Feito como la pesona que sirve de interlocución con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid”, se lee en el auto. Hay dos pruebas de ello para la magistrada: la funcionaria que cambia las notas de Cifuentes, Amalia Calonge, llama a Feito en cuanto eldiario.es contacta con ella el día anterior. Después, el profesor Chico de la Cámara traslada a Feito un correo electrónico que pretendía exculpar a Cifuentes para que llegue a los medios de comunicación.
Las defensas de Cristina Cifuentes y Maite Feito han intentado escapar de la causa con la excusa de que ninguna elaboró el acta falsa del TFM. Sus argumentos son rechazados en el auto difundido este miércoles. Carmen Rodríguez-Medel recupera jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual el delito de falsificación documental “no es un delito de propia mano”, esto es, puede quedar probado aunque no haya una certificación de la autoría material.
“Es indiferente que el acusado realizara materialmente la falsificación o que actuara en connivencia con quien la realizó. En tal sentido conviene afirmar que si existe una decisión conjunta de realizar el hecho, resulta irrelevante la materialización de los rasgos falsarios, ya que esa connivencia convierte en autores a todos los posibles participantes”, recogen tres sentencias del Supremo citadas por la jueza en el auto que manda a Cifuentes camino del banquillo.
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