Cifuentes lleva a la Fiscalía la gestión de Ignacio González en el Canal de Isabel II
Desde su llegada a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes se había esforzado en marcar distancias con sus antecesores en la Puerta del Sol por mucho que formasen parte como ella del Partido Popular. La presidenta había insistido en la llegada de “un nuevo PP” dispuesto a corregir errores del pasado aunque eso implicase poner en cuestión la gestión de dirigentes como Esperanza Aguirre o Ignacio González, con los que nunca tuvo demasiada afinidad. Pero ayer el gabinete de Cifuentes, quien prometió que no le temblaría la mano si encontrase indicios de irregularidades, fue un paso más allá y decidió poner la gestión del anterior Gobierno en manos de la Justicia.
El Consejo de Administración del Canal de Isabel II, la principal empresa pública de la Comunidad -con un presupuesto de 1.050 millones de euros este año y más de 2.000 empleados-, decidió en la mañana del jueves por unanimidad de sus siete miembros, llevar a la Fiscalía el procedimiento de adquisición de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construccoes, una firma cuya valoración cayó en medio año a cinco millones de euros.
En el órgano que decidió judicializar esta operación están sentados cuatro dirigentes de la máxima confianza de Cifuentes: el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz de su Gobierno, Ángel Garrido, que ejerce como presidente del Canal de Isabel II, y los responsables de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, y Economía, Engracia Hidalgo, el de Transportes, Pedro Rollán, que actúan como vocales. En el mismo sentido se pronunciaron el subdelegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Luis Martínez-Sicluna, el presidente de la Federación Madrileña de Municipios y Provincias, el alcalde socialista de Arganda, Guillermo Hita, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Miguel Álvaro Antolín, vocales también en el Consejo de Administración.
La documentación se remitirá a la Fiscalía en las próximas horas, según las fuentes consultadas e incluirá los expedientes de una de las operaciones más polémicas del Canal, que se fraguó mediante un complejo entramado financiero en octubre de 2013, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su mano derecha, el consejero Salvador Victoria, ejercía la presidencia del Canal. Para cerrar la compra, Canal Extensia, una sociedad del Canal de Isabel II, pagó 21,4 millones de euros por Emissao Engenharia e Construccoes a través de la filial colombiana del Canal, Inassa y de una firma radicada en Montevideo llamada Sociedad Soluciones Andinas de Agua SRL.
Según publicó en su día El Confidencial, el 9% de esta última sociedad pertenecía entonces a Yavango Investment Inc, una empresa que figura en los Papeles de Panamá constituida en 2006 por el bufete Mossack Fonseca.
En el centro de toda la operación está Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de Inassa hasta que fue destituido el pasado 16 de abril por la actual dirección del Canal de Isabel II cuando se desveló que también él tenía vínculos con varias sociedades de Hong Kong (considerado paraíso fiscal hasta 2014). Rodríguez Sobrino también era un hombre de la máxima confianza de González con el que llegó a visitar Cartagena de Indias durante un viaje en el que ambos fueron espiados, supuestamente por enemigos internos del Partido Popular de Madrid. Con el cese de Rodríguez Sobrino, trascendió su privilegiada posición en la empresa: cobraba un salario mensual de 26.000 euros por ejercer la presidencia ejecutiva de Inasa desde Bogotá mediante un contrato mercantil suscrito con su bufete de abogados.
Una vez recibida la documentación desde el Canal a la Fiscalía, compete al ministerio público decidir si ve indicios de delito y presenta o no denuncia en los tribunales. El director general del Canal, Rafael Prieto, un dirigente muy próximo a Cifuentes, trata de enviar más señales de que los tiempos en la empresa han cambiado. Los directores de las filiales en América tienen orden de comparecer en Madrid cada mes para dar explicaciones de la evolución de sus sociedades y además está previsto encargar una auditoría forense después del verano para que evalúe toda la actividad de la empresa fuera de España. Fuentes de la Comunidad aseguran que varias de las filiales que no tienen actividad ni personal en Venezuela y México van a ser liquidadas en los próximos meses. La dirección del Canal trabaja también en un plan para recuperar la moral de sus más de 2.000 trabajadores, muy mermada tras la sucesión de escándalos que han sacudido la empresa durante los últimos años.
