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“El tiempo dará y quitará razones”. La frase premonitoria que Cristina Cifuentes pronunció en febrero de 2019 cobra sentido dos años después. Este viernes la expresidenta madrileña se sienta frente al tribunal para defender de la acusación de falsificación documental de un acta –que exhibió a los medios para tratar de justificar que había hecho el máster–, castigada con hasta tres años de cárcel. Lo hará el día después de que un juez le haya quitado la razón en su batalla contra los periodistas de elDiario.es que destaparon el fraude de su posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
El juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ha archivado este martes la querella que Cifuentes presentó en abril de 2018 contra el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y la redactora Raquel Ejerique por revelación de secretos. El juez dice, por un lado, que los periodistas de elDiario.es se ciñeron a lo que contempla el derecho a la libertad de información recogido en la Constitución. Por otro, que no hay pruebas de accesos ilegales a las bases de datos de la Universidad. Tampoco de que el profesor al que señaló la expresidenta madrileña en su querella sea la fuente de la exclusiva publicada por este medio.
El juez imputó a Escolar y Ejerique el 21 de junio de 2018, cuando las informaciones del caso Máster ya habían obligado a Cifuentes a dimitir. Durante estos dos años y siete meses la causa principal, la que indaga en la falsificación del acta universitaria, ha ido ha avanzado hasta situar a su principal imputada en el banquillo, junto a la profesora que falsificó las firmas para brindar una coartada a la expresidenta y a la asesora que presionó para tratar de que la Universidad la salvara del escándalo.
He sido víctima de un ataque por parte de un medio de comunicación en Internet absolutamente injusto y basado en muchísimas mentiras
A pesar de ello, Cifuentes sigue enrocada en una versión que se desmoronó con informaciones periodísticas y declaraciones en el juzgado. Mantiene que cursó el posgrado y defendió un trabajo para aprobarlo que no aparece por ningún sitio. Esa versión de los hechos ha estado siempre acompañada de un ataque hacia los periodistas que desvelaron su máster falso.
El mismo día en que elDiario.es publicó que se habían modificado sus notas en el sistema interno de la Universidad Rey Juan Carlos I, Cifuentes se grabó un vídeo tratando de desmentirlo y exhibiendo un documento falsificado: “He sido víctima de un ataque por parte de un medio de comunicación en Internet absolutamente injusto y basado en muchísimas mentiras”. Dijo entonces que la publicación de la noticia le había obligado a desatender sus obligaciones como presidenta regional y a dedicar el día a conseguir “los papeles” para demostrar que hizo el posgrado.
Lo que ha demostrado la investigación es que ese día se produjo un tráfico de llamadas y presiones entre los responsables del máster y una asesora del Gobierno de Cifuentes, Maite Feito, que llegó a amenazar a una de las profesoras, Cecilia Rosado. Esta accedió finalmente a falsificar las firmas del documento que luego mostró Cifuentes en el vídeo.
Cuatro días más tarde, el 26 de marzo, Cifuentes compareció ante su partido para anunciar la presentación de “una querella criminal contra quienes han hecho acusaciones basadas en falsedades”. Allí detalló que su acción penal iba dirigida concretamente contra Ignacio Escolar y Raquel Ejerique. Entre constantes interrupciones para aplaudirla de sus compañeros del PP de Madrid, aseguró que iba a pedir las diligencias oportunas para “acreditar la falsedad de las afirmaciones” de elDiario.es.
“No hubo ningún tipo de falsedad y desde luego no hubo ningún trato de favor. Todo esto se ha construido sobre la base de una información falsa, parcial y tendenciosa y estoy segura de que así va a quedar acreditado”, remató la entonces presidente madrileña, hoy jubilada de la política.
La Justicia sostiene todo lo contrario: por un lado, la jueza del caso Máster la acusó de haber recibido un trato de favor y de inducir la falsificación de las pruebas que usó para defenderse de las informaciones; por otro, el juez que investigó su querella ha concluido que esas informaciones tenían relevancia pública y que los datos que contenían “sirvieron para justificar la pretendida veracidad de la noticia”.
Aquí no se ha buscado solamente debilitar a un adversario político, aquí se ha buscado destruir a una persona
El 5 de abril de 2018, tras comparecer en la Asamblea de Madrid, Cristina Cifuentes dio una rueda de prensa –la primera desde que se destapó el caso– en la que un periodista le preguntó por su acción judicial contra elDiario.es y si consideraba que era tan importante daño que se le había hecho. “Esa pregunta se contesta sola”, dijo, antes de decir que a ella no le correspondía “evaluar el daño, eso le corresponde al juez”.
“Yo lo que he hecho es hablar con mi abogado y ver de qué manera la ley puede ampararme a mí como persona frente a lo que creo que ha sido un ataque absolutamente desmedido, absolutamente personal y absolutamente dañino, para mí, para mi familia, para todo mi entorno, para mi reputación, para mi trabajo. Aquí no se ha buscado solamente debilitar a un adversario político, aquí se ha buscado destruir a una persona”, afirmó en aquella intervención.
Se refería entonces a la primera querella de Cifuentes contra los periodistas de elDiario.es por delitos de injurias y calumnias, que tuvo un recorrido mucho más corto. Un juez la archivó en mayo de 2018 y la Audiencia Provincial refrendó esa decisión en febrero de 2019. En aquel primer intento de revolverse judicialmente contra el escándalo, Cifuentes dijo que se había “atentado gravemente” contra la verdad y contra su honor.
En su escrito, la todavía presidenta madrileña acusaba a Ignacio Escolar y a Raquel Ejerique de haber “vertido de manera reiterada injurias y calumnias” contra ella en “redes sociales, entrevistas y debates televisivos”. Pidió, además, que su versión de los hechos, lo que consideraba una verdad incuestionable, fuesen publicada en elDiario.es.
Acusó a elDiario.es de actuar con “fines lucrativos”
Cuando el juez admitió, meses después, la querella e imputó a los periodistas por revelación de secretos, el peso de los hechos había echado de su cargo a la presidenta madrileña. El contenido de ese segundo escrito judicial sostenía que los periodistas de elDiario.es actuaron “con fines lucrativos”.
En la querella, a pesar de que ya se había demostrado que el acta de su trabajo de fin de máster era falsa, Cifuentes insistía en que “cursó el Máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico” en la universidad pública Rey Juan Carlos durante el curso 2011/2012, “aprobando todas las asignaturas con los criterios de calificación y evaluación que para cada una de ellas establecía el profesor correspondiente, incluido el Trabajo de Fin de Máster”.
La denuncia también aseguraba que los periodistas actuaron “cegados” por conseguir “una lucrativa exclusiva” y que en periodismo “no vale todo, como lo demuestra que el resto de periodistas y medios de comunicación no hayan desvelado ningún expediente académico por vías delictivas”.
Cifuentes se indignaba en ese escrito por el hecho de que eldiario.es no tuviera “en cuenta la información oficial de la URJC” y siguiera “publicando artículos que, además de rematadamente falsos en cuanto a su contenido y repletos de manipulaciones de la realidad con un único y exclusivo fin difamatorio, seguían alardeando de haber accedido, y seguir accediendo, a los datos de carácter personal y reservado de la señora Cifuentes”. “No se trata de un ataque contra la libertad de información ni contra el mensajero, sino más bien se trata de proteger derechos fundamentales de los que es titular, en este caso, mi representada”, añadían sus abogados.
Más de dos años y medio después, el juez ha echado por tierra las afirmaciones de la expresidenta regional. Durante este tiempo se han investigado los registros informáticos de la Universidad Rey Juan Carlos y se ha interrogado a responsables del centro, así como a los propios periodistas, que tuvieron que acudir a los juzgados en calidad de imputados. La conclusión del juez, después de todo este tiempo, es que nada de lo que hicieron Ignacio Escolar y Raquel Ejerique tiene relevancia penal, y que se limitaron a publicar información, haciendo las comprobaciones oportunas, y sin que haya pruebas de que se obtuviera de forma ilícita.