La jueza imputa al expresidente Miguel Sanz y al alcalde de Pamplona por el cobro de dietas en la caja

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona ha acordado citar a declarar como imputados al expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz, al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y al exconsejero de Economía y Hacienda Álvaro Miranda. Las declaraciones tendrán lugar los días 12, 15 y 16 de abril, respectivamente, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

La jueza María Paz Benito es la encargada de investigar, entre otros asuntos, el cobro de dietas dobles y triples en un mismo día por la asistencia a reuniones de la Comisión Permanente y la Junta de Entidades Fundadoras (JEF) de Caja Navarra, lo que podría constituir a su juicio un presunto delito de cohecho.

En una breve providencia de solo dos párrafos, la jueza solicita al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra que remita las autorizaciones que existan en relación al cobro de dietas por asistencia y desplazamiento y las condiciones para percibirlas, así como “cualquier otra condición o presupuesto que pueda haberse establecido para su cobro”.

El pasado 21 de marzo, la jueza considera en un auto, en el que rechazó remitir esta investigación a la Audiencia Nacional, que el cobro de dietas por asistencia a la JEF y a la Comisión Permanente de Caja Navarra tiene un sustento legal “cuanto menos dudoso”, calificable incluso como un presunto cohecho.

Esta irregularidad en el cobro de dietas, según la jueza, es “evidente” en el caso de la Permanente, un órgano que formaron Sanz, Maya, Miranda y la actual presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, no imputada en esta causa.

En el auto, la jueza indicó que la Comisión Permanente no fue regulada hasta la aprobación el 24 de junio de 2011 del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de la entidad financiera, pero las dietas se estaban pagando desde el 31 de agosto de 2010.

La jueza señaló el cobro de “importantes cantidades” por asistencia a sesiones dobles y triples, “algunas de las cuales tenían por objeto únicamente darse por enterados de que no había habido ningún acuerdo nuevo por parte de los órganos de gobierno de la entidad” y sin que hubiera “ningún tipo de participación activa” por los asistentes a la Permanente.

La jueza apuntó además en el auto que la percepción de cantidades de “dudosa justificación” por las mismas personas que debían ejercer la inspección de la Caja por ser miembros del Gobierno Foral, del Ayuntamiento de Pamplona o del Parlamento, podría ser igualmente constitutiva de ilícito penal.

Acerca de los créditos concedidos a familiares de los responsables de la Caja y empresas participadas a tipos de interés inferiores al ordinario, la jueza estimó que “resulta clara” la posible responsabilidad que puede existir por parte de quienes integraban los órganos de la entidad.

La concesión de esos créditos, destacó, podría constituir el delito de cohecho y/o prevaricación, puesto que “se ha favorecido a personas concretas que eran o estaban relacionadas con las que integraban los órganos de gobierno de la Caja y por tanto quienes debían ejercer su inspección y función disciplinaria”.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco había solicitado el traslado de este asunto a su juzgado para no dividir la causa abierta en el alto tribunal sobre la gestión de la entidad financiera, tras sendas denuncias presentadas por UPyD y la asociación Kontuz.

La magistrada sí aceptó la inhibición solicitada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional respecto al posible falseamiento de la contabilidad de Caja Navarra por su relación con la posterior fusión en Banca Cívica y su salida a bolsa.

El juez Eloy Velasco solicitó hacerse cargo de estas investigaciones después de que la Fiscalía le pidiera que asumiera la denuncia de UPyD y que reclamara al juzgado navarro la parte de la denuncia de la asociación Kontuz! contra el ex director general de Caja Navarra Enrique Goñi por delitos societarios.

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