La comisión de régimen disciplinario de Ciudadanos (Cs) ha resuelto la expulsión del presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, por incumplir las directrices del partido y por haber ocultado su condición de imputado en un procedimiento penal “de extraordinaria gravedad” que afecta a su condición de representante institucional al ejercicio de su cargo.
En un comunicado, Cs explica que De Castro incumplió las directrices del partido y por ese motivo el pasado 12 de marzo le abrió un expediente disciplinario que quedó resuelto el pasado martes, 30 de marzo.
Así se acordó de acuerdo con el apartado k del artículo 116.1 de los estatutos vigentes del partido liberal: “Actuar en el ejercicio del cargo público de forma contraria a los principios y normas aprobadas por el partido, con deslealtad al partido, así como hacia sus órganos de gobierno, cuando perjudiquen gravemente su consideración ante la opinión pública”.
La formación naranja destaca que “los principios e ideario del partido son un marco inquebrantable”.
El fiscal jefe de Melilla ha denunciado por un presunto delito de “prevaricación administrativa” al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y a los exconsejeros de Hacienda Julio Liarte y de Presidencia Paula Villalobos, ambos de Ciudadanos, por supuestas irregularidades cometidas en la concesión del servicio de grúa de Melilla, y pide que declaren ante el juzgado en calidad de investigados.
Según el auto judicial al que tuvo acceso Europa Press, la representante del ministerio público ha acordado la remisión de la documentación que obra en su poder al Servicio Común de Registro y Reparto, Sección Primera de esta ciudad, “a fin de que, por el Juzgado de Instrucción que por turno corresponda, se incoen las oportunas diligencias previas y se depuren responsabilidades” en las que pudieran haber incurrido Eduardo de Castro, Julio Liarte y Paula Villalobos, los tres miembros del primer gobierno que surgió tras las elecciones de mayo de 2019, los tres propuestos en el cupo de Cs en su coalición con PSOE y CPM.
La fiscal jefe, Laura Santa Pau, ha tomado esta decisión de tomar en consideración una denuncia ciudadana en la que se exponían las presuntas irregularidades cometidas por las tres autoridades cuando acabó el contrato mayor adjudicado a un empresario, dejando a la ciudad sin servicio de grúa por un tiempo hasta la concesión del mismo a un familiar del vicepresidente de Melilla y un posible daño a las arcas públicas de más de cinco millones de euros.
El ciudadano denunciante había remitido un amplio escrito a la Fiscalía de Melilla en el que pedía que actuara “ante las graves negligencias e ilegalidades que se están cometiendo por parte de los máximos responsables de la ciudad autónoma de Melilla”, algo que ha llevado ahora a la fiscal jefe a sumarse a la denuncia y solicitar al juzgado la toma de declaración como imputados del actual presidente de la Ciudad y dos exconsejeros de Cs.