El voto telemático utilizado en las primarias por Ciudadanos se ha convertido en el principal caballo de batalla de un amplio sector de la militancia del partido de cara a la renovación de la cúpula y a la V Asamblea General extraordinaria que se celebrará el 15 de marzo para relanzar el proyecto tras la dimisión de Albert Rivera. Estos militantes, aglutinados en plataformas críticas, están celebrando encuentros para organizarse y preparar enmiendas al reglamento regulador precongresual que será aprobado por el Consejo General del próximo sábado 21 de noviembre.
“Estamos trabajando para construir una alternativa. Queremos acabar con el voto telemático, conseguir que sea en urna y presencial para evitar pucherazos, y que haya debates entre candidatos”, afirma uno de estos críticos que está impulsando la idea y recogiendo apoyos desde hace semanas.
La nueva gestora presidida por Manuel García Bofill pero controlada por el antiguo 'aparato' de Albert Rivera –principalmente por José Manuel Villegas y Fran Hervías, que han sido renovados en sus cargos como secretario general y de Organización, respectivamente– tiene ya encima de la mesa el reglamento que sentará las bases de las primarias para la elección del nuevo/a presidente/a de Ciudadanos en sustitución de Rivera, cargo para el que de momento solo se ha postulado Inés Arrimadas.
Tanto Bofill como Hervías están viajando estos días por varias autonomías celebrando asambleas con afiliados con el fin de pulsar sus “inquietudes” de cara al gran cónclave, tal y como prometieron el día de la constitución de la gestora. En estos encuentros de carácter interno ambos han dejado ya caer que el partido no contempla la sustitución del voto telemático, un sistema que desde su implantación ha creado numerosas polémicas y muchos quebraderos de cabeza a la dirección de Ciudadanos. Y no lo contempla porque creen que es el sistema electrónico de votación “más garantista y moderno” que hay actualmente, como lo demuestra –dicen– el hecho de que es utilizado por otras formaciones, como Podemos.
Las denuncias sobre pucherazos aún colean
Los críticos discrepan y recuerdan que dentro y fuera del partido todavía colea el escándalo del 'pucherazo', nunca aclarado, que se llevó a cabo en las primarias para la elección de candidato a la presidencia de Castilla y León. Una vez destapado y comprobado, la dirección de Ciudadanos no tuvo más remedio que reconocer la victoria de Francisco Igea frente a la exdirigente del PP, Silvia Clemente, el fichaje de Villegas y Rivera para hacerse con las riendas de la Junta.
Este caso, que sigue en la Fiscalía sin resolverse, no ha sido el único que han denunciado militantes y excandidatos, algunos llegando hasta los tribunales. Las primarias en Murcia y Cantabria e incluso las de Madrid, por diferentes motivos, también fueron impugnadas. Sin embargo, después algunas comprobaciones, consideradas insuficientes por los afectados, la dirección del partido decidió dar carpetazo al asunto amenazando con sanciones a aquellos reclamantes que insistieran en sus acusaciones.
Pese a ello, algunos de estos casos siguen coleando. Como el del madrileño Juan Carlos Bermejo, rival de Ignacio Aguado para la candidatura de la CAM, quien, aunque perdió de forma contundente frente a su rival, presentó denuncia en un juzgado de la capital acusando a Aguado de no respetar la jornada de reflexión y a la dirección de “vulneración flagrante del principio de igualdad de las candidaturas”, motivos por los que reclamó que se anulara el proceso de esas primarias. El caso sigue en el juzgado y se espera que el juicio se celebre en febrero, poco antes de la V Asamblea General.
El origen de todas las sospechas siempre ha recaído en el voto telemático, un sistema cuya transparencia y limpieza ha sido puesto en duda por muchos afiliados y aspirantes. Hasta 2018 la empresa privada encargada de gestionar estas votaciones era Monomio Media SL, pero ese año el partido decidió rescindir su contrato. La presencia de una entidad independiente con capacidad de revisar los resultados es una de las garantías habituales de seguridad del voto online.
Pero con la salida de este control externo Ciudadanos eliminó al único agente independiente que supervisaba sus primarias, que pasaron a estar manejadas en exclusiva por su aparato, según confirmaron entonces a eldiario.es fuentes del partido. El propio Igea, el candidato no oficialista en esas primarias de Castilla y León, que terminó ganando tras la revisión de los resultados, fue avisado del 'pucherazo' por tres jóvenes afiliados de Burgos que hicieron lo que se suponía que debía hacer esa entidad independiente o su interventor en la votación: descargar la base de datos con los votos emitidos y supervisar que todo estaba en orden. Así descubrieron la 'trampa'.
Un antiguo militante malagueño de Ciudadanos, Javier Carpio, informático de profesión, que fue expulsado tras denunciar irregularidades en las primarias andaluzas, explicó el pasado mes de marzo a esta redacción cómo se cometían supuestamente los fraudes en los procesos. “El sistema es mover afiliados desde otras partes o ciudades para que se integren como votos de más y los usan para votar en otras primarias… Los mandan desde un mismo ordenador, que son enviados de la misma IP, pese a ser gente que no debería votar por no pertenecer a la zona de la candidatura. Sin embargo, son transferidos desde las bases de diferentes comunidades a las de la comunidad en la que se va a votar al favorito de Rivera”, explicó Carpio, aclarando que eso lo pueden hacer sin conocimiento de los afiliados porque el aparato “tiene la clave de acceso” de todos los participantes en primarias.
El censo, cerrado hasta después de la Asamblea de marzo
La celebración en marzo de las próximas primarias para elegir al sustituto o sustituta de Rivera y la elección de compromisarios para el congreso, ha despertado de nuevo los recelos contra el sistema telemático. Los impulsores de la plataforma Compromiso Ciudadano, en la que hay centenares de militantes de diferentes agrupaciones autonómicas, ya han advertido de que defenderán su sustitución por el voto en urna, aunque saben que las posibilidades de ganar esta 'batalla' son escasas, por no decir nulas. En tal caso, exigirán que la autenticación de los votos se haga a través de canales fiables y “robustos”.
Además, quieren que se estipule como obligatorio la celebración de debates entre candidatos y que la campaña para la promoción de los aspirantes se amplíe a diez o quince días. Lo de los debates no gusta nada internamente porque en el partido creen que eso solo generaría enfrentamientos. Pero en lo de ampliar los tiempos de la campaña no habrá problema porque ya se cedió en las anteriores primarias autonómicas.
Otra de sus viejas reivindicaciones es que se les facilite el censo para poder dirigirse a la militancia. La dirección se niega alegando que vulnera la ley de Protección de Datos. Pero hay una antigua resolución del departamento de Garantías que en diciembre de 2014 reconoció a un militante madrileño, que fue expulsado y recientemente obligado por sentencia a readmitir, Enrique Boto, el derecho a su acceso.
Según ha podido saber eldiario.es, la nueva gestora decidió esta semana cerrar el censo de afiliados “hasta el lunes 16 de marzo de 2020, justo un día después de la celebración de la Asamblea General”. En un comunicado interno se explica que se toma esta medida “para garantizar la máxima neutralidad en el proceso, tal y como se recoge en nuestros estatutos”. En realidad, lo que quieren evitar es que el censo -cuya cifra oficial sigue sin facilitarse a este diario pese a haberla pedido hace tiempo- se 'infle' artificialmente antes de las primarias. “Nos dirigimos hacía un proceso de renovación e ilusión y lo hacemos, como siempre, con la máxima transparencia”, añaden los miembros de la gestora. El cierre del censo antes de los procesos congresuales es una práctica habitual en otros partidos.