Ciudadanos ha comenzado una ofensiva contra concejales a los que expulsó de sus filas y a los que pide declarar “tránsfugas” por haber contravenido las normas que impuso respecto a los pactos postelectorales de las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015. La formación de Albert Rivera ha recurrido ante la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo siete casos de ediles a los que echó de sus filas por impedir que gobernara la lista más votada en esos comicios y que entraron, además, en los gobiernos municipales.
La actuación de Ciudadanos, ejecutada por el vicesecretario general, José Manuel Villegas, afecta a siete concejales de tres municipios de la Comunidad Valenciana y uno de Málaga, según han confirmado fuentes oficiales de la formación. En todos los casos, los ediles apoyaron para alcanzar las alcaldías a formaciones políticas que no habían sido las más votadas. Apoyar a partidos que no ganaron las elecciones fue uno de los criterios fijados por Rivera tras aquellas elecciones municipales. El incumplimiento de esa máxima fue el argumento esgrimido por Ciudadanos para expulsarlos tras la constitución de los ayuntamientos.
También es la razón que ahora esgrime Villegas en los escritos que ha remitido a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en los que solicita que, además de ser declarados tránsfugas, esos concejales que pasaron al grupo de no adscritos pero que asumieron responsabilidades de gobierno en las corporaciones tengan que abandonarlas. Ciudadanos reclama además que dejen de percibir las retribuciones derivadas de esos cargos.
Ciudadanos se acoge a un acuerdo alcanzado en el año 2006 por los partidos firmantes del Pacto Antitransfuguismo que define como “tránsfugas” a los representantes electos que traicionaron a sus compañeros de filas “apartándose del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas” con las que concurrieron a las elecciones o, una vez expulsados, “pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad”.
“Se entiende por tránsfugas a los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o de grupo - manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales-, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad”.
La formación de Rivera sostiene que los ediles contra los que está actuando vulneraron las “expresas instrucciones” del Comité Nacional de Pactos del partido por impedir que gobernara la lista más votada. Sin embargo, fuentes próximas a los concejales afectados argumentan que, en esos casos, fueron todos los representantes que tenía Ciudadanos en esos consistorios los que tomaron la decisión. Además, aseguran que la decisión la adoptaron las direcciones locales del partido que prefirieron “apoyar” a otras formaciones con el objetivo de “regenerar” la política municipal.
Tres ediles en Benalmádena
Los tres concejales que obtuvo Ciudadanos en Benalmádena -Bernardo Jiménez, Beatriz Olmedo y Óscar Santiago Ramundo- votaron a favor del candidato del PSOE, Víctor Navas, que logró la alcaldía. Los ediles del partido de Rivera aseguran que decidieron no respaldar a la lista más votada por la investigación judicial contra la candidata del PP y hasta entonces alcaldesa, Paloma Gálvez.
Ciudadanos les acusa de haber mantenido un pacto encubierto por el que cobraron 44.000 euros en retribuciones municipales pese a estar en la oposición. Ahora reclama que sean cesados de sus cargos de responsabilidad -entre ellas las concejalías de Urbanismo y Actividades Comerciales- y que sus ingresos del Ayuntamiento se limiten a dietas por asistencias a los plenos. Además de a los exmiembros de la formación, Ciudadanos reclama que se declare tránsfugas a los beneficiarios de que votara en contra de sus normas, es decir, al resto de miembros del equipo de Gobierno -del PSOE e IU-.
Apoyo a nacionalistas
En el caso del municipio de Torreblanca (Castellón), Villegas relata en su recurso ante la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo qué ocurrió cuando enviaron a miembros de la dirección provincial un día antes de la constitución del consistorio para explicar a sus ediles las directrices aprobadas por la Comisión Nacional de Pactos. La consigna era apoyar a la lista más votada, en este caso el PP. Pero sus dos representantes optaron por secundar, junto a Compromís, al PSOE.
Para Ciudadanos, ese “vuelco” de la mayoría simple a la absoluta fue suficiente para tramitar la baja como afiliados de los ediles, Rosana Villanueva y Carlos Albert. Sin embargo, ellos defendieron que fueron “consecuentes” con lo que prometieron en campaña: cambiar la situación política. El alcalde conservador llevaba casi 20 años al frente del consistorio. Como en el caso anterior, Villegas solicita que sean cesados como primera teniente de alcalde y concejal de Educación, respectivamente.
Ciudadanos también expulsó y ha llevado a Antitransfuguismo al concejal de Alcora (Castellón) que alcanzó un pacto con Compromís y PSOE que dio la alcaldía a la coalición nacionalista. Primero le requirió su acta, que según diversas sentencias del Tribunal Constitucional corresponde a cada concejal y no al partido con el que concurre a las elecciones. La formación de Rivera quiere que sea declarado tránsfuga, así como el regidor y los tenientes de alcalde (de PSOE y Compromís) y que el edil pierda el sueldo que percibe de 28.000 euros como Delegado de Policía, Brigada de Obras y Pedanías).
El otro caso que la dirección de Ciudadanos ha colocado en la mesa de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo es el del municipio valenciano de Font de la Figuera, donde la representante de Ciudadanos, Puri Lluch, inclinó la balanza en favor de Compromís. La formación de Rivera la fulminó de manera inmediata y Compromís nombró a la concejala primera teniente de alcalde tres semanas después de hacerse con el gobierno.
El Pacto Antitransfuguismo lo firmaron los grupos políticos en el año 1998. La Comisión de Seguimiento del acuerdo, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, comenzó a reunirse dos años después. Hasta 2010, en sus reuniones se constataron más de cuarenta casos de tránsfugas. Sin embargo, el pacto se dio por roto en diciembre de ese año.
El motivo de la ruptura, que provocó que no se haya vuelto a reunir la Comisión de Seguimiento, fue la renuncia del PSOE a eliminar la candidatura del alcalde de Benidorm Agustín Navarro, que fue declarado tránsfuga por llegar al poder gracias a una moción de censura apoyada por un concejal que dejó las filas del PP. El Comité Federal del PSOE ratificó la candidatura -como independiente- de Navarro y el PP dio por roto el pacto.
Tras las elecciones municipales del 24M, el Gobierno planteó la necesidad de “actualizar” el pacto y ampliarlo para que se incorporaran Podemos y Ciudadanos.