Jartum, 5 dic (EFE).- Sudán dio hoy un paso para volver a la senda democrática con la firma de un “acuerdo marco” entre civiles y los militares que gobiernan el país africano tras el golpe de Estado de 2021, un acontecimiento que sumió a la nación en una acuciante crisis política y exacerbó sus graves problemas económicos.
Tras meses de negociaciones mediadas por la ONU y otros organismos regionales, la principal alianza de partidos opositores, Fuerzas de la Libertad y el Cambio -que fue expulsada del Gobierno civil en la asonada-, selló un acuerdo de principios con los militares para sentar las bases sobre una inminente vuelta a la democracia.
Sudán ya experimentó un breve periodo democrático tras el derrocamiento del exdictador Omar al Bashir en 2019 en la llamada revolución sudanesa, que culminó con la formación de un Gobierno de transición encargado de convocar elecciones generales, un proceso que fue sepultado por el golpe de Estado.
UN COMPROMISO PARA PONER FIN A LA CRISIS
El acuerdo alcanzado hoy no es una garantía de que la crisis política finalice en Sudán, pero sí una manifestación oficial de que los diferentes actores sudaneses, especialmente el Ejército, están comprometidos con llegar a una solución.
“El acuerdo es un primer paso crítico hacia la restauración de un periodo de transición sostenible y la formación de un Gobierno civil creíble, democrático y responsable”, dijo el Mecanismo Tripartito que ha auspiciado el diálogo, integrado por la ONU, la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en África Oriental (IGAD).
En virtud de este acuerdo interino, que incluye 27 artículos, se trabajará durante 24 meses para redactar una nueva Constitución, formar un Gobierno civil y lanzar un proceso de transición que culminará con la celebración de elecciones generales.
Los militares no tendrán cabida en las instituciones políticas, ni tampoco en las económicas, a pesar de que el documento les garantiza cierta independencia en materia de defensa.
A partir de ahora, los diferentes actores de Sudán deberán trabajar para alcanzar un acuerdo final, previsiblemente antes de que termine el año, para que las disposiciones estipuladas en el acuerdo marco entren en vigor, además de otros puntos que todavía están siendo negociados.
¿CONSENSO NACIONAL?
El líder militar sudanés y artífice del golpe, Abdelfatah al Burhan, afirmó durante la ceremonia de la firma que el acuerdo es fruto del “consenso nacional para poner fin al estado de conflicto y disputas entre las fuerzas políticas y militares”, mientras que prometió que el Ejército se desvinculará completamente del proceso de toma de decisiones.
“Afirmamos nuestro compromiso con la transición democrática y la protección del periodo de transición”, dijo el también presidente del Consejo Soberano, el máximo órgano ejecutivo del país africano.
Sin embargo, varios grupos opositores, entre ellos los denominados comités de resistencia que han organizado las manifestaciones antigolpistas del último año, han condenado el acuerdo, al considerar que ha sido “negociado en secreto” y que no ha incluido a gran parte de la sociedad civil sudanesa.
De hecho, unos pocos cientos de personas se han manifestado hoy en Jartum para condenar el pacto, mientras que las fuerzas de seguridad han dispersado las protestas con gases lacrimógenos, según han denunciado grupos de activistas en redes sociales.
UN RESPIRO PARA SUDÁN
Las negociaciones previas al acuerdo atravesaron muchas dificultades por desencuentros entre los diferentes actores, pero la acuciante crisis económica que azota el país -marcada por la inflación, la devaluación de la moneda local y una multimillonaria deuda externa- obligaron a acelerar el proceso.
El Gobierno civil derrocado en la asonada logró que varios países condonaran la deuda a Sudán, mientras que también consiguió la promesa de Estados Unidos de otorgar 700 millones de dólares al país para apoyar el proceso de transición, una cuantía muy necesaria que fue congelada cuando los militares tomaron el poder.
Por eso, la formación de un Gobierno civil es fundamental para subsanar la lacerada economía del país.
Asimismo, con el acuerdo también se busca lograr justicia para las familias de los cientos de manifestantes que han perdido la vida tanto en la revolución que tumbó a Al Bashir, como a las más de 120 personas que fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad durante las protestas contra el golpe de Estado de este último año.
Sin embargo, los militares siguen reacios al establecimiento de un mecanismo que garantice la rendición de cuentas y que ajusticiaría a una cúpula militar que saldrá prácticamente indemne después de haber perpetrado un golpe de Estado.
Al Nur al Zaki