El Congreso aprueba el pacto antiterrorista firmado por PP y PSOE sin lograr nuevos apoyos
El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la proposición de ley conjunta contra el terrorismo yihadista firmada por el PP y el PSOE sin que ambos partidos hayan logrado ninguna adhesión más al texto. El acuerdo ha contado únicamente con el voto a favor de los tres diputados de UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria, que lo suscribieron desde el principio. La Izquierda Plural, PNV, ERC y casi todo el Grupo Mixto han votado en contra, mientras que UPyD y CiU, que guardaban sus dudas, finalmente se han abstenido.
El acuerdo ha recibido duras críticas de los portavoces, que rechazaron las prisas en su tramitación y el hecho de que no se haya incorporado prácticamente ninguna de las enmiendas presentadas. El texto será enviado ahora al Senado, donde el PP y el PSOE se han comprometido a negociar modificaciones con los demás grupos para mejorar algunas de las definiciones de lo que son delitos de terrorismo.
El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, que ha recibido un varapalo de varios portavoces por haber cerrado “en solitario” este pacto de Estado con el Gobierno y el PP, ha pedido “comprensión” a los demás grupos, a los que ha invitado a un consenso que “todavía es posible”. Hernando ha justificado la urgencia del acuerdo alegando que el terrorismo yihadista que atentó en Madrid en 2004 “no tiene nada que ver” con la violencia que están desarrollando ahora estos grupos.
También el portavoz del PP, Rafael Hernando, ha defendido la necesidad de legislar contra el nuevo terrorismo internacional asegurando que “este pacto pone en valor que España es un país serio en el que se puede confiar”. Hernando ha negado que el pacto “sea fruto de un intento de blindaje del miedo”, como les han reprochado algunos de los intervinientes.
CiU, UPyD –pese a haberse abstenido–, ERC, PNV y la Izquierda Plural han lanzado una retahíla de descalificaciones al acuerdo por considerarlo una “chapuza”, “oportunista” e incluso “electoralista”. Pero las mayores críticas se las ha llevado otra vez la prisión permanente revisable incluida en el pacto, por considerar que es una medida “inconstitucional”.
El socialista Hernando ha insistido en que su partido derogará esta figura cuando lleguen al Gobierno; algunos grupos lo han dudado, ya que ven muy difícil que consigan gobernar.
Las críticas han surgido también por la tipificación de los delitos de terrorismo, aunque el PP y el PSOE ya habían introducido una serie de enmiendas para que los “desórdenes públicos” queden fuera de este concepto.
Al portavoz popular, Rafael Hernando, se le ha notado especialmente dolido con CiU por las críticas que previamente había vertido durante su intervención el diputado de este grupo Jordi Jané, que les ha acusado de cerrar este acuerdo “a espaldas de los demás” y “sin diálogo”.
“Les animo a ser capaces de alcanzar la unidad para actuar con responsabilidad”, le ha pedido el popular a Jané mientras dejaba la puerta abierta a llegar a acuerdos con CiU en la Cámara Alta.
Joan Coscubiela, diputado de ICV y portavoz de la Izquierda Plural, ha empezado su intervención reconociendo que “es cierto” que la legislación contra el terrorismo necesita algunas modificaciones, pero ha lamentado que son “justo los puntos” que este pacto no aborda. Por ejemplo, dotar de una mayor inversión para luchar contra la financiación del terrorismo de algunos países, que buscan su refugio en paraísos fiscales.
Coscubiela ha calificado de “desmadre” y de “barbaridad” la tipificación que se hace de los delitos de terrorismo porque, en su opinión, se incluyen acciones que son un claro atentado contra la libertad de los ciudadanos.
Para Rosa Díez, portavoz de UPyD, el acuerdo “bipartidista” “no es un pacto de Estado contra el terrorismo yihadista, sino una reforma del Código Penal muy chapucera”. Díez ha acusado a ambos partidos mayoritarios de haber “engañado una vez más a los ciudadanos”. Además, a su juicio, la prisión permanente revisable va a beneficiar tanto a los terroristas de ETA como “a los del turbante” porque sus abogados podrían buscar justificación en la ley para que salgan a la calle.
Emilio Olabarría, del PNV, también ha manifestado su rechazo a la prisión permanente revisable y a la tipificación de lo que son delitos de terrorismo porque cree que “no se concede la presunción de inocencia a nadie sino que se criminaliza a todo el mundo”.
El republicano Joan Tardà, en nombre de ERC, ha denunciado que esta proposición de ley “apunta a los independentistas vascos, catalanes y gallegos”. Además ha opinado que “hay que castigar la incitación a la violencia, pero no puede ser considerado todo esto como terrorismo”.
Las críticas al acuerdo han llegado igualmente desde el resto del Grupo Mixto, tanto por parte de Joan Baldoví, portavoz de Compromís, como de la diputada del BNG Olaia Fernández, que han considerado el pacto “innecesario” y “oportunista”.
Pero el que ha logrado irritar a populares y socialistas ha sido Mikel Errekondo, de Amaiur, cuando al aludir a la cadena perpetua revisable ha preguntado en alto: “¿Están diciendo acaso que condenarían a Felipe González a cadena perpetua como máximo responsable de terrorismo de Estado por haber causado decenas y decenas de muertos?”.
Le ha contestado el popular Rafael Hernando, recordando que todavía están esperando a que los abertzales pidan a ETA el abandono de las armas y condenen sus acciones terroristas.
El debate no ha contado con la presencia de ninguno de los ministros firmantes del acuerdo, Jorge Fernández Díaz, de Interior, y Rafael Catalá, de Justicia. Tampoco ha acudido a respaldarlo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
